Semblanza en primera persona del plural de la Red Federal de Abogacía Cannábica, un grupo de trabajo que se unió por la regulación integral de la planta de cannabis, para informar y capacitar y, obviamente, defender derechos de las personas criminalizadas por estar vinculadas a la planta.
Todo empezó en Córdoba. La Red Federal de Abogacía Cannábica se conformó a partir de un caso que ocurrió en esa provincia y en el que colaboramos profesionalmente colegas de distintas ramas del Derecho que, como punto en común, nos especializábamos en regulaciones de cannabis. De allí, surgió un grupo en una aplicación de mensajería que permitió coordinar mejor la ayuda mutua en estos temas específicos.
A medida que fue pasando el tiempo, consolidamos bases sólidas e identificamos los valores que compartimos, que se asientan sobre tres pilares fundamentales: trabajar por una regulación integral de la planta de cannabis, dar información/educar/capacitar y defender derechos de las personas criminalizadas por estar vinculadas a la planta.
Para materializarlo, constituimos una asociación civil en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, ya que nos pareció un lugar que a nivel territorial representaba el espíritu federal de la red y es un ejemplo evidente de las consecuencias negativas de la política prohibicionista sobre las drogas, que permiten que el mercado quede en mano de organizaciones ilícitas.
La edición impresa de abril 2025 de Cítrica, centrada en el cannabis.
Asimismo, buscamos participar en espacios académicos y tener un rol activo en la discusión de proyectos de ley, entre algunas de las áreas en las que podríamos aportar nuestros conocimientos técnicos. Queremos destacar que uno de los objetivos de la red es revalorizar el ejercicio de la profesión mediante la asistencia a colegas que trabajen con asuntos vinculados a cannabis en distintos fueros, no se busca capitalizar clientes sino mejorar el litigio y el ejercicio profesional.
Hoy la red está integrada por representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Apuntamos próximamente a incorporar profesionales de las provincias restantes, que formará parte del proceso lógico de crecimiento y consolidación de nuestra asociación civil, cuyo trámite fue recientemente aprobado.
En relación a nuestros objetivos, es importante recordar que la planta de cannabis está regulada por tres leyes: la ley penal de estupefacientes (23.737) que se toma como regla cuando se analiza judicialmente la conducta que realiza una persona vinculada con cannabis, la ley medicinal (27.350) a partir de la que garantizó el acceso a la salud y con la que se autorizaron muchas actividades que antes eran delito y, finalmente, la ley industrial (27.769) que busca solventar la demanda medicinal y fomentar actividades industriales, que de momento se ha desarrollado muy poco.
Mientras la planta de cannabis, sus componentes y derivados, sigan incluidos en la lista de sustancias fiscalizadas que elabora el Poder Ejecutivo y que nutre a la ley de drogas, las fuerzas de seguridad tendrán la potestad de continuar persiguiendo a toda persona que esté vinculada con ella.
Por eso, nuestra labor se orienta a hacer los aportes necesarios para corregir estas inconsistencias legislativas a nivel nacional, mediante la defensa de quienes caen en zonas grises entre lo que está y no está permitido, asumiendo que las actividades cannábicas existen desde antes de ser reguladas con esta deficiente técnica legislativa.
En consecuencia, consideramos que la única forma de tener un sistema legal que garantice la seguridad jurídica tanto a usuarios como a quienes desean invertir a nivel industrial, es mediante la elaboración de una ley de regulación integral que tenga en cuenta todas estas cuestiones, como es el caso de Uruguay, contemplando nuestra propia realidad.
Por otro lado, hay que poner foco en la necesidad de unirnos como comunidad cannábica. Podemos decir que durante muchos años hubo un movimiento cultural que buscó el reconocimiento de sus derechos y evitar ser criminalizados por hacer uso de la planta. Luego de la sanción de la ley de cannabis medicinal y con ampliación de la regulación que hizo el gobierno anterior, nacieron actividades económicas que enfrentaron a quienes representaban la cultura con quienes buscaban hacer negocios, incluso por fuera de lo legalmente regulado. Este conflicto dividió a las personas que cuidaban sus propios intereses y llegamos a un punto crítico hacia dentro de la comunidad.
Ahora bien, cuando asumió el gobierno actual, resurgieron las campañas de corte prohibicionista como las que lleva a cabo la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que se caracterizan por hacer generalizaciones que meten dentro de una misma bolsa a quienes realizan actividades ilegales y a quienes se encuentran amparados por la nueva regulación y, también, por emitir noticias falsas (fake news) que tienen más impacto que las noticias que luego corrigen dicha información errónea.
Como ocurrió en su anterior gestión, la ministra Bullrich criminaliza sin datos. O lo que es peor: con noticias y datos falsos.
Por ejemplo, el vocero presidencial acusó que no había evidencia científica para el uso de cannabis y que se habían otorgado 90 mil certificados de REPROCANN en condiciones irregulares, como así también la Ministra manifestó en una entrevista televisiva que darían de baja el programa por su uso indebido.
Sin embargo, aquellas denuncias públicas tuvieron un efecto contrario al buscado, ya que las críticas al REPROCANN derivaron en que profesionales de la salud crearan el primer compendio de evidencia científica cannábica de acceso público, mientras que muchos enfrentamientos internos se diluyeron cuando advertimos que unirnos era la única alternativa para no perder los derechos adquiridos. Consideramos fundamental dejar los egos de lado para construir juntos, aún representando intereses disímiles.
Ante este panorama difícil, proliferaron las regulaciones locales como alternativa, que permitirán crear un circuito corto de abastecimiento medicinal dentro de cada provincia y que promoverá derechos fundamentales como la salud y el trabajo. Actualmente tanto Chubut como Mendoza cuentan con su propia ley, ambas en vías de reglamentación, mientras que Buenos Aires, CABA, Misiones y Tierra del Fuego, entre otras, se encuentran en distintas etapas de debate legislativo.
Mientras tanto, nuestra red estará a disposición para colaborar con los múltiples casos en los que se vulneren los derechos de las personas que realicen actividades vinculadas con cannabis y participando en los espacios pertinentes para cumplir nuestros objetivos.
Invitamos a quienes tengan problemas concretos con la ley por su vínculo con la planta, como así también a profesionales del Derecho que se identifiquen con nuestros valores y deseen sumarse al espacio, a escribirnos a nuestras redes para poder abordar sus situaciones y registrar sus solicitudes de ingreso.
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