Cannabis: historia de cómo se creó una inútil discordia
Las asociaciones de pacientes como Mamá Cultiva insisten en que los tratamientos a base de cannabis casi no se realizan por trabas que pone el mismo Estado. El Gobierno frena las iniciativas públicas, pero habilita las privadas: en Jujuy, el proyecto del hijo del gobernador Morales fue aprobado en tiempo récord. La “doctrina Bullrich” de persecución a los cultivadores empeora el panorama.
A poco de nacer, a Emiliano le diagnosticaron epilepsia. Ya en la panza de su mamá, Valeria Salech, se sospecha que convulsionaba. A los tres años, además, se sumó el diagnóstico de autismo. Así, en 2014, el niño estaba “desconectado del mundo” e incluso no respondía a su nombre. En su búsqueda de ofrecerle una mejor calidad de vida –Emiliano tomaba una gran cantidad de medicamentos para controlar su cuadro–, Salech se contactó con una madre de los Estados Unidos, que publicó en un sitio web el caso de su hijo, tratado con el llamado aceite de Charlotte, un derivado del cannabis con fines medicinales. Ese contacto fue el inicio de una lucha ejemplar de quien es hoy la titular de Mamá Cultiva Argentina, que junto con muchas familias pelean por el acceso a este producto, en contra de todos los prejuicios y las limitaciones.
La pelea de Valeria derivó en la aprobación de una ley que legaliza el uso del cannabis para este tipo de cuadros. Un gran colectivo de organizaciones de pacientes y sus familias, junto con especialistas y otros sectores, lograron llevar el tema al Congreso, y en 2017 tuvieron la ansiada ley. Pero a partir de allí, las cosas cambiaron. La reglamentación limitó fuertemente el acceso, y la implementación se ve amenazada por la política del Ministerio de Seguridad nacional. El resultado de esa combinación de factores puede verse en la gran cantidad de madres y padres detenidos o judicializados por cultivar cannabis.
Con la ley, miles de personas que padecen patologías graves salieron de la clandestinidad
Ya en el antiguo Egipto, en Persia o China existe evidencia del uso de la planta cannabis sativa para fines medicinales. En 1845 se publicó en Francia el primer estudio médico del uso de la droga, pero pasaron muchos años hasta que se comenzó a aportar evidencia científica sobre los beneficios, que hoy se sabe ayuda no sólo a pacientes con epilepsia, sino que trae beneficios a personas afectadas por muchas patologías, desde cáncer hasta enfermedades motoras y neuronales. Para profundizar su uso se necesitan más estudios clínicos controlados, que la ley argentina dice promocionar, pero que en los hechos no sucede.
Límites marcados
El 29 de marzo de 2017, el Congreso aprobó la ley 27.350, denominada “de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”. Ese día, miles de familias inundaron las gradas del palacio legislativo para hacer visible una realidad que explotó en los últimos años. Así, esos chicos que padecen patologías graves salieron de la clandestinidad, y sus familias pensaron en la posibilidad de darles una mejor calidad de vida sin tener que ocultarse. Toda esa alegría se fue diluyendo, como los verdaderos efectos de la normativa, que fue reglamentada cinco meses después y limitó de manera notable los alcances.
La única plantación autorizada está en Jujuy, donde la estadounidense Green Leaf se asoció con una empresa estatal cuyo director es el hijo del gobernador Morales
La primera gran barrera que se encontraron las familias fue el destino del cannabis medicinal. Según la norma, sólo podrán utilizar el producto pacientes con epilepsia refractaria, una patología pediátrica severa. Pero en el país, sólo el dos por ciento de quienes se acercan a alguna de las entidades que asesoran tienen niños con esta enfermedad. Además, se limitó la posibilidad que las familias cultiven la marihuana para hacer el aceite.
“La ley que pedíamos hablaba del acceso a esta terapia por vías de importación o autocultivo, apoyada en un registro de cultivadores. Lamentablemente en comisiones perdimos ante un proyecto conservador donde, entendemos, se descuidó el eje de la salud y el acceso al tratamiento”, sostiene Salech, presidenta de Mamá Cultiva, una de las organizaciones que motorizó la normativa y que hoy busca ampliar los usos legales del cannabis. Pese a las críticas, desde Mamá Cultiva creen que “la ganancia de la ley fue por el lado de lo civil, visibilizó a gran escala nuestra lucha, dio a conocer la planta a la sociedad que no la conocía, y permitió que más personas conozcan sus beneficios acercándose a ONGs como la nuestra”.
La visibilidad hizo que en poco más de dos años se comenzaran a sumar proyectos respecto al cannabis como medicina en provincias, en universidades y en otros espacios. En el Hospital Garrahan, por ejemplo, comenzó el primer ensayo clínico del país sobre el uso del cannabis medicinal, mientras que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) acaba de presentar resultados de tres cepas cultivadas en el lugar. Pero estas iniciativas no cuentan con el apoyo del Estado. Por eso Salech reclama “inversión real en investigación y capacitación a profesionales”. La entidad apoya el proyecto del diputado nacional Santiago Igón que busca “la inmediata aprobación y profundización del artículo 8 de la ley, el cual habla del registro de usuarios de cannabis para la salud y cultivadores”.
Espíritu comercial
Imitando lo que sucede en Uruguay con la marihuana para fines recreativos, la ley original establece que el Estado sea proveedor de terrenos para el cultivo de cannabis a gran escala, y así garantizar la materia prima tanto para el estudio como para la producción del aceite. Pero hasta ahora esa posibilidad fue clausurada por el gobierno de Mauricio Macri. La única plantación autorizada está en Jujuy, donde la empresa estadounidense Green Leaf se asoció con el Estado provincial para producir cannabis medicinal, aunque los detalles de ese proyecto están en las sombras. Gracias al decreto 6622/18 Jujuy creó su propio programa de cultivo y producción, y una Sociedad del Estado, denominada Cannabis Avatara, que tendría a su cargo la iniciativa. De manera sospechosa, esta empresa estatal se asoció con Green Leaf y hace dos meses inició una plantación en la finca “El Pongo”, que obtuvo rápidamente la aprobación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En estos dos años hubo proyectos de cannabis como medicina en provincias, universidades y hospitales. Pero ninguno contó con el apoyo del Estado
Una de las razones, expresan desde la Fundación Soberanía Sanitaria, es que el titular de Avatara es Gastón Morales, hijo del gobernador jujeño Gerardo Morales, socio del Gobierno nacional. “Resulta llamativo que haya sido necesario un acuerdo con una empresa privada internacional cuando nuestro país cuenta con los recursos necesarios para dar respuesta a esa necesidad de asesoramiento desde el Estado”, dice el informe de Soberanía Sanitaria, que vinculó el acuerdo a la relación política del radical Morales con Cambiemos. Hace poco se dio la segunda autorización para plantar cannabis, esta vez para un municipio: el de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires.
Lejos de estos beneficios, el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF), hace dos años que espera que se autorice la importación de cannabis de Uruguay, para luego iniciar la producción pública del aceite. Al conocer la autorización para la iniciativa jujeña, los especialistas santafesinos no ocultaron su bronca. “Sinceramente, es un poco frustrante”, dijo Guillermo Cleti, director del LIF, uno de los laboratorios pioneros en la producción estatal de medicamentos e insumos médicos. “No tengo precisiones sobre cuáles son los alcances e intereses que tienen los proyectos de Jujuy y San Pedro. Coincidentemente, las dos jurisdicciones son del mismo color político que el gobierno nacional. Las conclusiones quedarán para el libre imaginario”, ironizó Cleti.
En el LIF aseguran que su proyecto “es de público conocimiento y ajustado a la ley provincial y nacional”. “Es imposible pensar en producir de inmediato para su uso, si no hemos podido previamente desarrollar el aceite, investigarlo, analizarlo y una vez que podamos garantizar seguridad y eficacia, sí ponerlo a disposición del sistema público”, explicó Cleti. Por eso la necesidad de lograr el acceso a la marihuana. Con la droga reclamada, según los cálculos desarrollados en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que colabora en el proyecto, se podría obtener una producción teórica de 2 mil frascos de 50 miligramos, para pacientes incorporados en un estudio clínico. “En Santa Fe consideramos el medicamento como un bien social. Hablamos de garantizar derechos. Seguiremos insistiendo”, remató Cleti.
Doctrina Bullrich
Desde que asumió la conducción de las políticas de seguridad del país, Patricia Bullrich es dueña de un discurso de “mano dura” que tiene su mayor exponente en la llamada “doctrina Chocobar”, que da libertad a las Fuerzas de Seguridad del uso de la violencia más allá de los límites institucionales. Esta “demagogia punitiva” –como la llaman organismos de Derechos Humanos– es un obstáculo en el avance del uso del cannabis medicinal, ya que al no permitir el autocultivo, la ley actual deja a las familias al borde de la ilegalidad. Y la “doctrina Bullrich” no duda en avanzar con los cultivos domésticos, bajo el pomposo argumento de la “lucha contra el narcotráfico”.
“Hemos visto muchas noticias de personas tildadas de narcotraficantes por el Gobierno y eran cultivadores solidarios o cultivaban para elles o seres queridos”, denunció Salech. Algunos casos llegaron a la Justicia, como el de Francisco Giovanoli, un joven de 31 años detenido por cultivar marihuana para tratar la epilepsia que padece desde la infancia. Giovanoli fue a juicio en marzo de este año en Comodoro Rivadavia. Más allá de que fue absuelto, el ejemplo sirve para validar la persecución que comanda el ministerio de Bullrich. “La imagen desmesurada que se da es la de que cualquier persona que tenga una planta en su casa pertenece a una red de venta y tráfico. Se estigmatiza así a las personas que elegimos este camino para mejorar nuestra calidad de vida y a la planta misma, que tan generosa ha sido con nosotres”, destacó Salech sobre estas detenciones.
Al no permitir el autocultivo, la ley actual deja a las familias al borde de la ilegalidad. Y la "doctrina Bullrich" las convierte en narcotraficantes
Esta política no sólo atenta contra las familias que pretenden acceder al cannabis, sino contra los proyectos estatales, como el del LIF de Santa Fe, que no recibe la droga necesaria “por una cuestión de seguridad, no de salud”. “A través de conversaciones, a lo largo de todo este tiempo, con el programa nacional, el Ministerio de Seguridad de la Nación no aprueba el proyecto de Santa Fe”, confirmó Cleti, director del laboratorio de esa provincia.
La actitud de Bullrich vulnera más una ley que de por sí tiene limitada su reglamentación. “Al mismo Ministerio de Seguridad que autorizó el cultivo en Jujuy le parecen peligrosas las personas que tienen tres o veinte plantas en el fondo de su casa”, se queja Salech, que insistió que Mamá Cultiva Argentina “lucha por una terapia que es accesible en el hogar, sustentable y empoderante”, y que esto “no es redituable para quienes buscan capitalizar ganancias a través del cannabis para la salud”.
En este contexto, la ley incluso empeoró la situación de muchas personas. En Mamá Cultiva los familiares se contienen y apoyan, ante la falta de respuesta del Estado. Cuando una familia no tiene acceso al aceite, recurre a la solidaridad de la comunidad. Si sufren robos –no pueden denunciarlos– se acompañan entre todos. Un espíritu que fue silenciado por la reglamentación y la puesta en marcha de la ley por parte del gobierno de Macri, otra muestra más de su insensibilidad. Como resume Salech: “Parece un chiste de muy mal gusto que lo único que se cumpla de la ley sea para beneficio de privados”.
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