La culpa no es del wifi

Madres-maestras

Dentro de la Villa 31 de Retiro hay dos colegios: el Polo Educativo María Elena Walsh, que fue inaugurado el año pasado y que cuenta con 180 estudiantes en el nivel primario, y el Polo Educativo Mugica, que tiene más de 1.300 alumnxs entre el nivel primario y secundario. Según datos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), hay aproximadamente 2.400 estudiantes de la Villa 31 que asisten a otras escuelas que quedan fuera del barrio. 

Pamela Gallardo, vecina de la 31, es Promotora de Salud, estudiante de Enfermería y madre de dos hijxs de 9 y 12 años que asisten a la Escuela Primaria Nº 13 General San Martín, ubicada en el barrio de San Nicolás. Pamela vuelve a su casa después de una jornada intensa de trabajo, se cambia la ropa, se prepara unos mates y comienza a ayudar a su hija a hacer la tarea de Matemática que le encargaron para el colegio. 

Como la niña tiene dificultades para aprender las tablas, Pamela intenta enseñarle con su propia técnica, pero su hija protesta: el método de su madre no es el mismo que le enseñaron en la escuela. Pamela respira profundo; está agotada, pero de todos modos lo vuelve a intentar. 

Cuando se hace la hora de la cena, desinfecta su computadora, la guarda en una bolsa y, con las últimas energías del día, la lleva a la casa de una vecina para que ella también pueda ayudar a sus hijxs con los deberes del colegio, ya que en su hogar no cuenta con ningún dispositivo para poder hacerlo.

Pamela recuerda lo vivido: “Además de ayudar a mis hijos con las tareas, tenía que ir a trabajar y estudiar para la facultad. Ocuparme de los chicos a veces me llevaba hasta cuatro horas por día, y había veces que sentía que no podía más. Todo lo que pasó me hizo dar cuenta de lo importante que es la función del maestro, del trabajo enorme que hacen para poder tener la atención de un niño y también de la red que se tiene que formar para poder contener a un pibe en el colegio, porque la educación es mucho más que sentarse a explicar una materia y listo”. 

Magia educativa

Marisa Guidolin es directora de la Escuela Primaria Nº 11 del Distrito 5º, que está ubicada en la Villa 21-24. Cuenta que una encuesta realizada en la escuela, a la que asisten más de 600 estudiantes, dio como resultado que un 80% se maneja solamente con los datos del celular porque no tienen wifi, mientras que el otro 20% tiene una red de internet que “es trucha y cada dos por tres se cae o se satura”. 

−¿Cómo se hace para mantener la cursada en esas condiciones?

−La verdad es que estamos haciendo magia, porque hoy las clases no terminan de ser ni virtuales ni a distancia. Son más bien encuentros personalizados entre maestros y estudiantes a través de un llamado telefónico, lo que genera un desgaste enorme en las y los docentes, que se encuentran dando clases a cualquier hora, cuando muchos también viven en barrios carenciados, no tienen buena conexión y terminan gastando un montón de plata en datos. Además de la falta de agua y de luz, generalmente también hay un solo celular por familia, que colapsa porque la poca memoria se llena enseguida con todas las cosas que reciben. Los chicos terminan viendo a la noche recién la tarea porque ahora los padres volvieron a trabajar y la modalidad les cuesta un montón, porque no están acostumbrados a eso sino al pizarrón y a las clases presenciales. 

−¿Sirven los cuadernillos que envía el Gobierno?

−No, porque tampoco terminan respondiendo a los contenidos de las escuelas y, al ser todos iguales, el mismo cuadernillo que va a una escuela de Caballito también va a una de la villa… si es que va, porque a veces ni siquiera llegan. Esto genera una educación que favorece la desigualdad, porque no se particulariza en las necesidades de cada territorio. Además, muchos padres apenas conocen al maestro o la maestra porque este año no hubo tiempo de nada, y a eso también se le suma la dificultad del idioma: en los barrios muchos padres hablan poco castellano porque hablan otras lenguas como el guaraní, por ejemplo.

Enseñando con el ejemplo

En la Villa 1-11-14 del Bajo Flores hay casi dos mil estudiantes y siete escuelas, entre primarias y secundarias, ubicadas tanto dentro del barrio como en los alrededores. 

Florencia Alarcón, maestra de quinto grado de la Escuela Primaria Nº12 que funciona en el interior de la villa, cuenta que si bien en su grado tiene 18 estudiantes, desde que empezó la pandemia solamente 6 han podido conectarse a las clases: “El otro día hicimos una encuesta y la mayoría dijo que tiene un solo dispositivo móvil para hacer las tareas y que es un celular. Casi todas las familias usan datos porque no tienen prepago y cuando se les corta eso se quedan sin whatsapp, por eso capaz pasan varios días sin responder hasta que logran conectarse de nuevo”.

Un Gobierno desconectado

A partir de la suspensión de las clases presenciales, toda la comunidad educativa porteña empezó a detectar los problemas que generaba la educación virtual a distancia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de la Ciudad fue desligarse del problema.

En mayo, la Asesoría Tutelar Nº 2, encargada de defender los derechos de la niñez en el Ministerio Público; el Observatorio de la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), el Frente Salvador Herrera, la Unión de Trabajadores de la Educación y varias familias afectadas, decidieron iniciar una causa judicial.

El objetivo era que el Gobierno se hiciera cargo de brindar computadoras y conexión a lxs estudiantes de escuelas públicas o de gestión privada con cuota cero que sufren la llamada “brecha digital”, término que se utiliza para caracterizar la desigualdad entre grupos sociales en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Desafortunadamente para las autoridades, la demanda le tocó al Juzgado Nº 2, a cargo de Roberto Andrés Gallardo, uno de los pocos jueces de la ciudad que no hace alianzas con el macrismo y cuyo trabajo es reconocido por proteger los derechos de la ciudadanía. A partir de entonces, fueron casi dos meses de disputas judiciales y planteos procesales del Gobierno para no cumplir con las acciones ordenadas por el juez para garantizar internet y computadoras a quienes más las necesitan. Finalmente, Larreta y compañía lograron su objetivo: que la Cámara de Apelaciones revirtiera las medidas cautelares que habían sido dictadas antes por Gallardo. 

Con la Justicia nuevamente de su lado, Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, propusieron reabrir las escuelas para que lxs estudiantes de los barrios vulnerados con problemas de conectividad vayan a los establecimientos y utilicen las computadoras disponibles. Un planteo que no soluciona el problema de fondo y que, además, atenta contra la salud comunitaria.

Como contrapropuesta, a comienzos de septiembre Trotta comunicó la implementación conjunta con Ciudad de una serie de medidas socioeducativas y soluciones de conectividad que eviten poner en riesgo la salud comunitaria. Entre ellas, proveer hasta 6.500 netbooks y tablets a estudiantes de primaria y secundaria, la conectividad a internet por 4 meses mediante cargas mensuales para consumo de datos y la disposición de plataformas, programas educativos y promotorxs territoriales. 

Mientras tanto, para tapar una vez más el agujero que deja la política, La Poderosa lanzó una campaña solidaria llamada #ContagiáConectividad, que consiste en la recaudación de fondos a través de donaciones voluntarias para poder instalar internet de banda ancha con material de fibra óptica y wifi en aproximadamente cien barrios populares de la Argentina.

Más de 10 mil chicxs esperan poder llegar al final de un ciclo lectivo tan atípico como caótico para estudiantes, docentes y familias. Como sucede con la vivienda, la alimentación o el trabajo, en los barrios donde habitan los sectores más postergados, la educación, más que una garantía constitucional, parece un privilegio que nunca llega.