En la Ciudad de Buenos Aires, docentes, estudiantes y no docentes se movilizaron frente al Palacio Pizzurno para denunciar salarios de pobreza, becas insuficientes y un presupuesto universitario congelado. La protesta reclamó financiamiento urgente, condiciones dignas y repudia las medidas del gobierno que afectan a estudiantes migrantes, mostrando la gravedad de la crisis en la educación pública.
La comunidad universitaria volvió a salir a las calles para denunciar la crisis que atraviesa la educación pública. Docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones universitarias se movilizaron con antorchas desde la plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, en el centro de la Ciudad, para reclamar salarios dignos, actualización de becas y el aumento de un presupuesto que permanece congelado desde 2023.
“La situación salarial que estamos atravesando es angustiante. Hablamos de salarios de pobreza. Hoy, un docente que recién ingresa no puede vivir con lo que cobra. Lamentablemente, 10 mil docentes han renunciado en los últimos meses por los salarios. Tenemos compañeros que luego de dar clases agarran los autos o las bicis para ser Uber o Rappi. Estamos resistiendo a un ataque histórico a las universidades. Llamamos a una tercera marcha federal educativa frente a la discusión de la nueva ley de financiamiento en el Congreso”, señaló Mercedes de Mendieta, docente de la Facultad de Sociales de la UBA.
Los estudiantes también sienten el impacto directo del desfinanciamiento. “Me afecta porque debo viajar más de una hora y media todos los días y mis gastos para llegar y estudiar son enormes. Tengo una beca universitaria y un trabajo de medio tiempo en una cafetería para poder seguir estudiando. No llego a fin de mes. Prometieron que la beca iba a aumentar y se sufre un montón lo que está pasando”, relató Agustín, estudiante de Historia de la UBA.
La movilización unificó diversos reclamos: recomposición salarial, continuidad y actualización de las becas estudiantiles y el aumento del presupuesto universitario. A nivel nacional, el descontento se replica en más de una decena de ciudades, acompañado de paros docentes y acciones de protesta, en respuesta a los recortes y ajustes que atraviesa el sistema universitario desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
El movimiento universitario enfrenta además tensiones internas. Mientras algunas federaciones docentes mayoritarias aceptaron condiciones para no realizar huelgas ni medidas de acción directa, los sectores de base organizaron movilizaciones locales y autónomas. Esto refleja un debate central: la capacidad de las conducciones oficiales de revertir los ajustes.
La degradación se observa en la fuga de docentes y científicos investigadores, reducción de programas de ciencia y técnica, recortes en becas e infraestructura y la consolidación de un ajuste histórico que no había sido visto ni siquiera en la última dictadura.
Por otro lado, el conflicto universitario incluye medidas del gobierno que apuntan a los estudiantes migrantes. El DNU 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, restringe derechos que la Constitución reconoce a todos los habitantes, basándose en datos falsos y sembrando prejuicios sin argumentos ni debate parlamentario.
Según el Anuario Estadístico del Sistema Universitario 2023, de más de dos millones de estudiantes de universidades públicas, menos del 5% son extranjeros. Si se consideran universidades públicas y privadas, los estudiantes extranjeros representan apenas una fracción mínima de la población total argentina. La mayoría de los alumnos de la educación superior (el 95%) son argentinos, dejando en evidencia que la medida no responde a una necesidad real.
La movilización frente al Pizzurno deja en claro que la crisis universitaria es multidimensional: salarial, presupuestaria, política y social. Las marchas de antorchas no solo denuncian la emergencia educativa, sino también la urgencia de un Estado que reconozca la universidad pública como un derecho y no como un gasto prescindible que podría dejarse en las manos de los privados.
En el Gobierno, los maleducados de siempre
Con salarios docentes congelados y canastas escolares imposibles de comprar, el inicio de clases está en riesgo. Organizaciones estudiantiles, sindicales, docentes y sociales exigen políticas públicas a esta gestión: “lxs estudiantes no son la casta”.
Educación con discapacidad inclusiva
Familias que esperan años una respuesta estatal, equipos profesionales desbordados y falta de personal docente idóneo son algunas claves del cruce entre escolarización y discapacidades en Buenos Aires. Cómo atender las necesidades educativas en medio de un sistema colapsado. Hablan docentes y familiares.
Estatuto Docente: borrón y texto nuevo
En la Legislatura porteña se va a discutir la modificación de una herramienta clave en la carrera docente. Opiniones del sector educativo sobre los riesgos de una reforma laboral con tintes de precarización, los supuestos incentivos a la formación y las trampas para ganar apoyos en la comunidad.