El CELS y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denuncian al Estado argentino por incumplir con el saneamiento de la cuenca.
A pesar de los fallos judiciales, de los planes millonarios y de las promesas oficiales, la vida a la orilla del Riachuelo sigue marcada por la contaminación y la desidia. Este miércoles 30 de abril, organizaciones de derechos humanos denunciaron al Estado argentino ante la CIDH por el incumplimiento en el saneamiento de la cuenca Matanza–Riachuelo. Los vecinos y vecinas cuentan otra historia: la de un río que nunca dejó de ser basural.
El Riachuelo carga con más de dos siglos de contaminación industrial. Curtidurías, frigoríficos, petroquímicas y basurales ilegales convirtieron a la cuenca en uno de los lugares más tóxicos de América Latina. En 2008, la Corte Suprema dictó un fallo histórico en la causa Mendoza, que ordenaba al Estado, a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires un plan integral de saneamiento, con plazos y objetivos precisos: limpiar el agua, urbanizar las villas y garantizar el derecho a un ambiente sano.
Diecisiete años después, los barrios a la vera del río siguen esperando. El 30 de abril de 2025, el CELS y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando al Estado argentino por incumplir la sentencia. “La Corte dio por concluido su control judicial, pero la contaminación, los problemas de salud y la falta de urbanización continúan”, explicó la abogada Verónica Torras, integrante del equipo que acompaña a las familias afectadas.
Las cifras son elocuentes: el 35% de las familias relevadas en Villa Inflamable, en Dock Sud, reporta enfermedades respiratorias crónicas; en Villa 21-24, a metros del puente Alsina, los casos de dermatitis y problemas gastrointestinales duplican el promedio de la Ciudad. “Mis hijos nacieron con asma, y los médicos dicen que es por lo que respiramos todos los días”, contó Roxana, vecina de la zona, en diálogo con la Red Eco.
La ACUMAR, el organismo tripartito creado para ejecutar el plan de saneamiento, asegura haber invertido miles de millones de pesos en limpieza y control industrial. Sin embargo, los mismos organismos de auditoría reconocen que el 70% de los residuos cloacales e industriales sigue llegando al río sin tratamiento. A esto se suma la postergación crónica de los planes de urbanización: de las 17 villas incluidas en la sentencia, solo 4 fueron parcialmente reurbanizadas.
El contraste es brutal. Mientras el gobierno porteño promociona la “recuperación del Riachuelo” con paseos costeros y carteles luminosos en La Boca, del otro lado de la ribera miles de familias siguen viviendo entre basurales, humo tóxico y agua contaminada. Para los vecinos, el río no es postal turística: es una amenaza diaria.
La denuncia ante la CIDH busca reponer la voz de esas comunidades en un escenario internacional. “El Estado argentino no solo incumplió con su obligación, sino que naturalizó la desigualdad ambiental: hay ciudadanos de primera que pasean por Caminito, y ciudadanos de segunda que respiran veneno”, señalaron desde el CELS.
La historia del Riachuelo es también la historia de un país que decide a quién garantizarle derechos y a quién dejar a la intemperie. Mientras se celebran convenios con empresas para instalar nuevos desarrollos inmobiliarios en la ribera, las familias siguen reclamando agua potable, cloacas y viviendas dignas.
El Riachuelo, ese río que debería haber sido símbolo de justicia ambiental, sigue siendo una cloaca a cielo abierto. Y el espejo turbio de un modelo que prioriza negocios sobre vidas.
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