“Milei empuja a las personas con discapacidad a la muerte”

Por otro lado, el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad acarrea millones de trabas a la hora de tener información. Con la auditoría de las pensiones hubo gente que recibió datos erróneos sobre adónde ir a consultar y ni siquiera hay un correo para escribir, ni un teléfono para llamar.

Los 350 despidos en la Agencia también profundizan la desfinanciación en materia de accesibilidad, porque discapacidad no es sólo el otorgamiento de pensiones, prestaciones y certificado único de discapacidad, sino que la Agencia tiene que establecer políticas públicas vinculadas con el sistema electoral (garantizar que todos voten), con el sistema bancario (que las plataformas de los bancos sean accesibles), que haya accesibilidad en los canales de televisión (la información al alcance de todos). Todo esto es inviable ahora, está todo vaciado.

Como si esto fuera poco, el Gobierno planea este año eliminar los cupos laborales en discapacidad, con el pretexto de la igualdad ante la ley, pero eso es catapultar a las personas con discapacidad nuevamente al encierro. No es un chiste. Cuando te sacan las prestaciones porque los prestadores no cobran, cobran a 90 días o reciben una miseria, se empiezan a dedicar a otra cosa. Cuando no tenemos sistemas de apoyos, perdemos la autonomía y nos quedamos sin laburo. Y si eliminan el cupo laboral (que ya de por sí no se cumple) y perdemos las pensiones por falta de comunicación, porque no comprendemos o porque no hay accesibilidad, eso es empujarnos al encierro.

Las personas que se encuentran en el sistema de empleo protegido cobran 28 mil pesos, nadie puede vivir con eso. Estamos exigiendo una ley de emergencia en discapacidad, con la que pasarían a cobrar lo mismo que un salario mínimo vital y móvil, que también es una miseria. No tenemos ningún tipo de oportunidad laboral. 

En noviembre de 2023, la desocupación en discapacidad era del 87.4%; imaginemos lo que aumentó ahora cuando barrieron con puestos laborales estatales y ni se fijaron si había personas con discapacidad, echaron a todos por igual incumpliendo los cupos que marca la ley.

En términos de salud mental, vivimos un retroceso de 30 años, con un panorama más grave que antes de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad. En la Resolución 187, el Gobierno vuelve a utilizar términos como “imbéciles, idiotas y débiles mentales”. La Agencia Nacional de Discapacidad prometió que iba a derogarlo, pero sigue vigente. Esta discusión conceptual refuerza la crisis en discapacidad porque fortalece los estereotipos que hacen de nuestros cuerpos, cuerpos improductivos. Llevan nuevamente a la discapacidad al terreno de lo individual y, según este enfoque, debe resolverse de manera individual y sin injerencia de las políticas públicas del Gobierno.

El proyecto de ley que impulsamos propone que se declare la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. En el texto se reconoce que hay una crisis profunda en la temática y se establece que el Poder Ejecutivo debe generar instancias de intercambio y consulta con las personas con discapacidad, además de disponer recursos económicos para distintos fines como las pensiones no contributivas.

Actualmente, las pensiones no contributivas se llaman "pensiones por invalidez laboral", una denominación vieja que no fue armonizada una vez que se adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. En el proyecto de ley se propone cambiarle el nombre a "pensiones no contributivas por discapacidad para protección social".

El proyecto establece, además, que la Agencia Nacional de Discapacidad va a ser el órgano competente para la asignación de estas pensiones, que la pensión va a tener un valor igual a un 70% de una jubilación mínima y que, si se realizan auditorías o revisiones, deben ser siempre en condiciones de accesibilidad. Por otra parte, para acceder a esta pensión no es obligatorio contar con un certificado único de discapacidad.

El proyecto también sostiene que debe destinarse financiamiento a cubrir las prestaciones en salud y educación del sistema de prestaciones básicas de la ley 24.901, que ahora van a ser de interés público nacional. La actualización de los valores de esas prestaciones va a ser mensual y estará calculada a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Otro punto del texto es que deben destinarse recursos económicos al régimen de empleo protegido, llevando el valor de los sueldos de estos trabajadores al salario mínimo vital y móvil.

En síntesis, el Gobierno de Milei empuja a las personas con discapacidad a la muerte, al encierro, a recluirnos nuevamente en nuestras casas haciendo de nuestras existencias un problema que debe resolverse de manera individual.