Juicio Rafael Nahuel XII: No hubo errores, no hubo excesos

Gioia Claro-Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre.

En tiempos de aguas políticas revueltas, los pescadores de impunidad quieren sacar su provecho. Antes de que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del macrismo, sonora como candidata a volver a ocupar el mismo cargo en la era Javier Milei; y antes también de que el candidato de la motosierra y la promesa de libertad ganara las elecciones, el clima de época se sintió nítidamente en el juicio por el fusilamiento de Rafael Nahuel, del que se cumplieron seis años el 25 de noviembre.

El 15 de noviembre se escucharon los alegatos de las defensas que representan a los cinco prefectos acusados por el homicidio del joven mapuche en el contexto del violento desalojo de noviembre de 2017, en Lof Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi, Río Negro). 

El abogado Marcelo Hugo Rocchetti, defensor de los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos y Carlos Velntín Sosa; y Anabella Shmidt y Alejandra Bussetti, en representación de Juan Ramón Obregon y Sergio García, pidieron la absolución de los imputados alegando una “legítima defensa en cumplimiento de sus funciones”.
 
Rocchetti fue el primero en hacer uso de la palabra. Comenzó su intervención excusándose ante el pedido de presencialidad de los imputados, expresado por la familia de Rafa y las querellas durante el proceso, haciendo alusión al repudio que expresaron las personas que se encontraban en la puerta de los Tribunales de General Roca, luego de los alegatos de la fiscalía la semana anterior. Mientras las querellas solicitaron al tribunal la condena perpetua de los prefectos del grupo Albatros implicados, el pedido de la parte acusadora estatal fue de solo 5 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para los imputados.

“No me iba a exponer a que me ataquen como atacaron al fiscal. (...) No tengo miedo, como claramente tampoco lo tuvo el Doctor Ruiz a quien atacaron cobardemente, pero no me voy a exponer y tampoco voy a exponer a mis defendidos a un linchamiento o a que me vengan a golpear. Sencillamente por una cuestión laboral y funcional, porque estoy en una situación antagónica a las de quienes pretenden un linchamiento, una venganza respecto de mis defendidos”, se victimizó el abogado.

En 2017, cuando mataron a Rafa, Rocchetti formaba parte del Ministerio de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, y hoy defiende a los agentes del Estado que desplegaron la política represiva del Gobierno de Mauricio Macri, con Bullrich al mando de las Fuerzas de Seguridad. 

“Quieren volver a desatar su furia, como lo hicieron en la montaña el 22 (se refiere al 23, durante todo el alegato confundió la fecha del desalojo) y el 25 de noviembre de 2017”. No se refiere a los cientos de efectivos de las distintas fuerzas que actuaron por esos días en Villa Mascardi, sino a la comunidad mapuche que reclamaba un espacio territorial para su pueblo. 

También apuntó su discurso contra las querellas, y en clara alusión a los organismos de DDHH refirió: “... amo a mi país, la República Argentina, y por eso defiendo, sin cobrar un centavo a quienes arriesgaron su vida en cumplimiento del deber y de una orden judicial. Yo no soy parte de enormes e injustificadas estructuras que se cuelgan de hechos lamentables y del sufrimiento de familias para justificar su existencia”. 

En una jornada que se extendió por más de 7 horas, tanto Rocchetti como las abogadas de Prefectura Naval Argentina Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti, alegaron que los Albatros cumplían su deber en el marco de una orden judicial y que fueron agredidos ilegítimamente, que esa agresión no fue provocada, que respondieron en forma racional y proporcional y que que no hubo exceso en esta respuesta. 

A su vez, Rocchetti puso en duda la imparcialidad de la etapa de instrucción, mencionando que solamente se ordenaron medidas en contra del personal de la Prefectura y que no se hizo nada para ver si los mapuche tenían armas de fuego. 

Invirtiendo el rol entre víctimas y victimarios

En su intervención, el letrado criticó que el predio “quedó en manos de los usurpadores que debían ser desalojados” y que 12 días después del hecho se realizó la inspección en el lugar. Relató cronológicamente los hechos, a partir de las declaraciones de miembros de las fuerzas.  

Al igual que el fiscal, Rocchetti destacó el tamaño de las piedras y que estaban agrupadas como para ser utilizadas todas juntas en determinado momento. “Era notorio que quienes ocupaban el lugar lo habían preparado con la evidente determinación de resistir un desalojo y emboscar a los que para ellos eran los extraños”.

También, este defensor y la fiscalía coincidieron en conjeturar sobre mensajes de texto (obtenidos mediante intervenciones telefónicas) para sostener la teoría de que tenían armas. 

Remarcó las coincidencias en las declaraciones de distintos testigos de las fuerzas que mencionaron que el terreno “estaba preparado militarmente, preparado para resistir”  y reiteró lo declarado por los imputados al sostener que “los movimientos de los ocupantes obedecían a tácticas militares”.

Para Rocchetti, al igual que para la fiscalía, las contradicciones en las declaraciones de los mismos imputados y respecto de los testimonios de sus camaradas “no constituyen falsedades, los imputados no declararon falsamente”.

Invocó una y otra vez el “miedo” para definir la reacción de las Fuerzas Especiales de Seguridad del Estado al encontrarse con los mapuche: “… lo normal en esa situación es el miedo, los efectivos declararon tener miedo, temer por su vida. Como veremos seguidamente, otros efectivos de la Prefectura también declararon tener miedo. El tema es quién puede controlar ese miedo y quién no, pero miedo tienen todos…”.

El abogado defensor de 3 de los 5 albatros omitió, tergiversó e interpretó arbitrariamente todo el caudal probatorio (por ejemplo, las más de 150 balas que dispararon los efectivos) buscando la impunidad de sus defendidos, dejando en evidencia, a la vez, el desprecio hacia los mapuche y los organismos de DD.HH..

En relación a las declaraciones de María Nahuel, tía de Rafa, remarcó que al presentarse “habló en otra lengua” y que afirmó que no cree en la “justicia huinca”, y que niega al Estado Argentino. Con respecto a Johana Colhuan, sobreviviente del operativo represivo que le costó la vida a su primo, Rocchetti dijo que recibió instrucción en el Ejército, sin embargo, la joven mapuche declaró que trabajó sólo dos meses, haciendo tareas de limpieza en una dependencia de dicha fuerza.

Respecto del alegato de las querellas, afirmó que se intentó cuestionar el resultado de las muestras de partículas de disparo en las manos de Fausto Jones Huala, Lautaro González (ambos bajaron el cuerpo sin vida de su compañero aquel día) y Rafa, y calificó de “ridículo, absurdo e ilógico” sostener que fue una cacería de mapuche. 

Se basó en el juicio abreviado, al que accedió Fausto, en el que reconoció haberse defendido con piedras, luego de ser atacado con armas de fuego por parte de los Albatros. Al igual que la fiscalía, decidió interpretar ese fallo caprichosamente como prueba, para decir que los mapuche estaban armados, sin hacer la distinción jurídica entre armas “impropias” (en este caso, piedras) y armas “de fuego”.

Rocchetti insistió en que la acción de sus defendidos fue una defensa justificada por el cumplimiento de su deber. A su vez, buscó desligarlos del dolo (intencionalidad) del homicidio, diciendo que el disparo resultó letal porque Rafael Nahuel estaba más arriba que los prefectos y que si hubiera sido al revés o en otro terreno, el resultado habría sido distinto…  Sin embargo, omitió mencionar que Johana Colhuan y Gonzalo Coña también recibieron disparos cerca de zonas vitales, y por la espalda. 

Respecto a un “plan criminal”, planteado por la querella de la APDH Bariloche, la adjetivó como “un disparate”. ”No hubo dolo de matar, no fue excesivo, los iban a matar”, expresó  y sostuvo firmemente que no se trató de 151 balas, pero segundos después afirmó que “cuanto mucho, es una duda”.

Señaló cómo “mutación sorpresiva” e “hipótesis novedosas y estrafalarias” a los pedidos de las querellas de sumar el delito de odio racial y la coautoría del homicidio para los 5 imputados, en vez de la participación necesaria de cuatro de ellos. “Una alocada pretensión”, según su punto de vista.

Obediencia debida 

Rocchetti se diferenció del fiscal Rafael Veihls Ruiz, afirmando que los Albatros no actuaron con imprudencia ni negligencia, sino que actuaron conforme a la ley y la orden judicial. 

A su enfática defensa de los Albatros le sumó reiteradas (des)calificaciones a los “organismos que fomentan desorden y violencia y amparan delincuentes”, en otra alusión a las organizaciones de lucha por los derechos humanos. También mencionó que los hechos “fueron utilizados políticamente hasta el hartazgo”. 

Seis años después, y viendo el panorama político que se despliega tras las elecciones presidenciales, con nuevos y viejos nombres, está claro que la utilización política y la criminalización de las luchas sociales por parte del aparato mediático, jurídico y político, ha dado sus frutos. 

Astutamente, el abogado de los prefectos marcó la diferencia que el Gobierno nacional hace, mediante la Secretaría de Derechos Humanos, respecto a los crímenes cometidos en su gestión y los cometidos por la oposición macrista. “¿Existe algún caso en el cual la Secretaría de Derechos Humanos se haya interesado por la violencia ejercida por la Policía de la provincia del Chaco contra los wichis..?”, soltó Rocchetti, reconociendo en un desliz la violencia de las fuerzas del Estado contra los pueblos indígenas.

Mencionó distintos casos de incendio de maquinaria o inmuebles, en investigación en diferentes localidades de la Patagonia, adjudicándoselos a la “comunidad mapuche” en general, como buscando reforzar su versión del enfrentamiento en esta visión supremacista y criminalizadora del pueblo mapuche como un pueblo “violento”. 

Antes de finalizar, solicitó que se declare nulo el alegato de las querellas de APDH:  “... por lo dicho respecto de la calificación legal, la no individualización de las personas, la pena mencionada, que ni siquiera fue mencionada a modo de pedido de pena, fue ‘creo que’, y por no cumplir con la motivación mínima exigida por la ley procesal; para finalizar con el análisis, considero realmente una falta de respeto y una ofensa a vuestras excelencias y a las demás partes que se califique este proceso como un juicio político”.

Arremetió contra el abogado de la APDH Bariloche Rubén Marigo por sus planteos y mostró su empatía con la ex (y próxima) ministra de Seguridad: “... hizo referencia al consejo de seguridad reunido en Bariloche en el 2016, a la coyuntura política de la época, cargó contra la pobre ministra Patricia Bullrich. (...) Considero un verdadero exceso y banalización de las verdaderas víctimas del terrorismo de Estado el pretender transformar el hecho investigado en uno de este tenor, señores jueces”.

Al referirse a la afirmación del doctor Marigo, soltó que “hay que terminar con la teoría de la Conquista del desierto” y señaló : “la verdad, falta que resucite Julio Argentino Roca y escuche esto para… no sé…”.

Todas las defensas solicitaron la absolución de los albatros. Rochetti, además, apuntó contra los peritos que realizaron la primera pericia balística (que señaló como autor del disparo al prefecto Javier Pintos). Pidió que se los investigue por falsear el resultado de las pericias y mentir frente al tribunal. 

“Karina Uribe, Roberto Nigris y Silvia Buffalini, con un trabajo cuanto menos negligente que entiendo debe ser investigado y así lo solicitaré, concluyeron este absurdo, que un arma que no había participado de un enfrentamiento era aquella de la cual había salido la bala que impactó a Rafael Nahuel Salvo. Y lo peor de estos tres individuos es que, con dos pericias posteriores que arrojaron resultados coincidentes entre sí y contrario a lo que ellos determinaron, siguieron manteniendo la mentira del resultado de su pericia”.

En un acto más por seguir manteniendo la judicialización de los miembros de las comunidades mapuche en resistencia, también pidió investigar a Johana y Gonzalo, por atentado y resistencia a la autoridad con armas, mismo procesamiento que ya debieron atravesar Fausto y Lautaro durante todos estos años: “Solicito que se extraigan testimonios para investigar el delito de atentado y resistencia a la autoridad calificado por el uso de armas de fuego en que habrían incurrido Johana Colhuan y Gonzalo Coña, teniendo aquí sí en cuenta para ello, la coautoría funcional esbozada por el señor fiscal, ya que quedó acreditado que sí tenían un plan para resistir el desalojo ordenado por la justicia. Tenían un plan de defensa del predio en caso de ser invadidos por las Fuerzas de Seguridad de la Nación Argentina y tenían perfectamente divididos sus roles.”

Además, afirmó que este tribunal se encuentra impedido de dictar sentencia, por un recurso presentado: “Sin perjuicio de la absolución solicitada quiero recordar a vuestras excelencias que se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso planteado por esta defensa contra el rechazo de una nulidad (...) Es por ello que considero que vuestras excelencias se encuentran impedidos de dictar sentencia hasta tanto esa incidencia sea resuelta por nuestro máximo tribunal y esta resolución cobre firmeza”.

El 22 de noviembre se realizó una audiencia breve donde hubo descargos y respuestas de las querellas ante el pedido de nulidad de los alegatos de la APDH solicitado por la defensa; allí se reafirmaron los argumentos para el pedido de prisión perpetua.

El 29 de noviembre, cuatro días después de cumplirse los 6 años del asesinato de Rafa, el Tribunal dará un veredicto. El territorio de la comunidad y el Rewe (espacio ceremonial) siguen militarizados, pese a haberse firmado un acuerdo con el Estado argentino. La familia de Rafa sigue sufriendo la violencia institucional de un Poder Judicial que los obliga a seguir viajando más de 500 kilometros (la distancia entre Bariloche y General Roca) para exigir justicia por el asesinato de su hijo, mientras los imputados gozan de libertad y participan desde la virtualidad como lo hicieron durante todo el juicio.  

Son los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Diaz Lacava quienes tienen la responsabilidad de dictar una sentencia (aunque el abogado Rocchetti intente dilatar aún más este juicio, esperando el recambio político y judicial de la nueva gestión). En momentos en que los discursos de odio se legitiman y la violencia es parte de la respuesta política de la derecha hacia las reivindicaciones de los pueblos, la familia de Rafael Nahuel sigue exigiendo, como gran parte del pueblo sensible hacia la opresión que sufren las comunidades mapuche, que no ganen los pescadores de impunidad aunque los ríos políticos traigan aguas turbias.