De patitas...al galpón

“Llegaron a la madrugada, por sorpresa, y levantaron los puestos. A la mañana nos juntamos con los demás vendedores y la policía tomó represalias. Por intentar defender a una señora en sillas de ruedas, recibí un palazo en la espalda. Vinieron a romper todo. En ese momento lo único que hice fue correr. Los varones estaban atrás, las mujeres por delante. Así y todo no tuvieron contemplación. Dolió mucho”.

Margarita relata cómo vivió el violento desalojo que el Gobierno ordenó contra los manteros y manteras en enero del año pasado. Ese día hubo varias personas detenidas y heridas, entre corridas y bombas de estruendo sobre avenida Pueyrredón. Con los antecedentes de Flores y Caballito, les había llegado el turno de Once.

Margarita ya era referente de quienes venden en la calle, de a pie, cuando se animó a lidiar con las fuerzas de seguridad en pos de llegar a un acuerdo que terminara con la violencia, les garantizara a sus compañeros y compañeras no perder la fuente de laburo, y de ese modo ayudara –dentro de lo posible-, a sanar las heridas. En el horizonte, en realidad a unas cuadras de plaza Miserere, yacía la tierra prometida: podrían continuar con la venta y dispondrían de sus propios puestos en galpones cedidos por el Estado. Claro que lo harían en blanco y tendrían el apoyo y la propaganda suficiente como para que la cosa funcione, y no tuvieran que volver a caer en los oscuros hábitos de la “ilegalidad”. Pero nada de eso se cumplió. “La gente no nos conoce. Cada día se hace más difícil”, lamenta Margarita.

“Ropa para toda la familia”, dice un cartel en letras amarillo patito, al 70 de la calle La Rioja. Adentro hay ropa, mucha ropa. Además de calzado, accesorios para celulares, juguetes, santos, bijouterie y artículos varios. “Lo auténtico no necesita etiquetas”, sostiene una pintada inmensa, lo suficientemente grande como para levantar la mirada desde cualquier rincón del predio de dos pisos - y casi 3000 metros cuadrados-; y leer en voz baja, y pensar en lo cínico y perverso que puede llegar a ser el Estado.

Alex es fabricante y no quiere una ayuda económica. Está convencido de que el negocio funcionaría si tuviera mayor difusión. Y si eso pasara, él no se vería obligado a depender de las changas para subsistir. A resignarse por la falta de ventas, aunque baje los precios. “Venimos a calentar el asiento. Vendés una prenda y no te alcanza ni para el menú. Si incendiamos un contenedor en la puerta, la prensa viene enseguida y nos criminaliza. Nos discrimina. Ahora nadie viene a ver cómo estamos”, reniega. “Nos duele en el alma llegar a nuestras casas y decirles a nuestros hijos que no tenemos nada. Vivimos el día a día. ¿Quién se pone en los zapatos del pobre? Queremos dignidad de trabajo”, exige Margarita.

“Nos tienen privados de nuestra libertad. Es algo sin fundamento. Nos obligan a estar acá, pero ellos deben cumplir lo que nos prometieron”, piensa Alex. Y no sólo tienen que aceptar que los controlen y les tomen lista, sino que también los dejen semanas y meses, sin luz ni agua en los baños. Eso explica que en el predio haya más baldes que gente. Es el ir y venir incesante de los vendedores cargándolos en mano, con agua que sacan de la canilla del garaje de al lado. “El Gobierno nos trajo para que nos aburramos y nos terminemos yendo. Esta es una tierra muerta”, piensa Arlene. Eso sí: sobra agua cuando llueve y se filtra por los techos, y se moja la mercadería. Nadie da respuestas ni se hace cargo de las pérdidas, ya que el galpón, no tiene seguro.

Ya no saben qué ponerle al puesto para llamar la atención del cliente. Incluso, hasta aceptarían pagar un alquiler, si eso permitiera terminar con la desolación. Se acaban las mañas, y duele el cuerpo de tener que revolcarse en el suelo para concretar una venta. En este contexto, de poco sirven las estrategias y los consejos sobre emprendedorismo que recibieron los vendedores ambulantes de Once a lo largo de 40 días y 160 horas, durante los cursos de capacitación que dictó la CAME (Confederación de Mediana Empresa). Como parte del trato con el gobierno tras ser expulsados de su lugar de laburo, los inscriptos debieron cumplir con el 80% de asistencia, además de censarse y estar al día con el monotributo social. “El vendedor ambulante no necesita una escuela. Lo llevas en la sangre. Cuando trabajaba en la calle y tenía mucha gente en el puesto, mis hijos hacían las cuentas. De paso aprendían matemáticas”, afirma Margarita.