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Petróleo en golfos patagónicos: ¿Progreso o más desigualdad y contaminación?

por Fabricio Cardelli
Fotos: Luan Colectiva Fotográfica
29 de agosto de 2023

Avanza el megaproyecto de YPF Oleoducto “Vaca Muerta Oil Sur” para transportar petróleo del fracking de Vaca Muerta y exportarlo por la costa atlántica de Río Negro. Los detalles del proyecto y por qué podría frenarlo la justicia por inconstitucional; qué pasó en la audiencias pública de Sierra Grande. Y un derrame como antecedente que justifica el alerta de los sectores que se oponen.

Sobre la matriz que debe explotarse o profundizarse en la Patagonia no hay grieta: todos los caminos conducen al extractivismo. O sea, a la extracción y venta de los recursos naturales estratégicos (en su mayoría, materias primas) al menor costo posible para las empresas privadas y con la menor presencia posible del Estado, relegado a un rol de contralor -sin garantías- que le asigna el libre mercado. Las posturas disidentes, el enfoque desde la naturaleza, las demás actividades que pone en riesgo; todo relegado por el consenso del petróleo y las promesas de desarrollo por “amor a la patria”.

El oleoducto YPF “Vaca Muerta Oil Sur”, 700 kilómetros de caños que conectarían Neuquén con Río Negro en el sector norte de la región, no es la excepción, y el avance de su construcción, a pesar de las irregularidades omitidas por quienes lo impulsan, es la única promesa de trabajo y desarrollo para los vecinos de la zona de Sierra Grande, Río Negro, ciudad donde se construirá la terminal y puerto petrolero para conectar el ducto con buques de carga en el mar y lograr así exportar la producción de la Vaca sagrada.

Nación se frota las manos por el futuro ingreso de los tan necesitados dólares para la economía argentina. Pero, ¿a qué costo? ¿Vale la pena tomar el riesgo de sacrificar una zona con biodiversidad única en el mundo, sacarificar otras actividades que ya son productivas y generan empleo, para impulsar una actividad económica que supone un movimiento mucho mayor del que la Patagonia necesita para abastecer a sus poquísimos habitantes en relación al extenso territorio?

La empresa estatal YPF es la encargada de costear la obra. Según sus cifras, el oleoducto requiere una inversión total de 1.600 millones de dólares (660 M para los caños, 600 para la terminal onshore-offshore), con unos 2.400 puestos de trabajo para la construcción hasta 2025 y luego, ya en funcionamiento, operaría con 200 trabajadores. ¿Es creíble que tal millonaria inversión en dólares esté dirigida solo para los 7 mil vecinos de Sierra Grande, ciudad “fantasma” tras el cierre de la mina de hierro Hipasam y olvidada por décadas por el Estado?

La obra estipula, además, atravesar el paso del río Negro a la altura de la localidad de Conesa, sensible torrente de agua invaluable en medio de la estepa patagónica. Pero antes de empezar, debieron pisar una ley vigente que prohibía, ni más ni menos, que la actividad petrolera en el golfo San Matías, conocido por las paradisíacas playas que los medios porteños descubrieron como “el caribe patagónico”.

Legislar para atrás: la ley 3308, pisada como la 7722 en Mendoza o la 5001 en Chubut

Nacida por impulso de ciudadanos de la zona costera de Río Negro y aprobada durante el menemismo en 1999, la ley 3308 prohibía la actividad petrolera en el Golfo San Matías, el que abraza playas únicas como Las Grutas, San Antonio Este, Punta Perdices, Las Conchillas, Playas Doradas, Punta Colorada, entre otras, y que incluye cuatro áreas protegidas incluido el Complejo Islote Lobos, que alojan una biodiversidad única en el mundo. 

Esta ley, el principal obstáculo para avanzar con la construcción del oleoducto, fue barrida con cuidadoso silencio y consensuado acuerdo político en la Legislatura de Río Negro, en septiembre de 2022. Con sólo un voto en contra y uno en disidencia, o sea, con los votos a favor del peronismo, el macrismo y Juntos Somos Río Negro, el partido provincial (que tiene como figuras al senador y gobernador electo Alberto Weretilneck y actual gobernadora Arabella Carreras), se aprobó la modificación de la 3308. Y así se desprotegió la costa atlántica rionegrina que protegía, con sus ciudadanos, playas, flora y fauna incluidas. “La modificación de esta ley fue pedida por el gobierno nacional”, reconocen desde JSRN. ¿Por qué estas fuerzas políticas, que no coinciden en ninguna otra política, apoyan ciegamente proyectos extractivos? El escenario fue similar a las modificaciones de las leyes 7722 en Mendoza y 5001 en Chubut para aprobar la minería a gran escala, aún vigentes por las puebladas que las defendieron.

“El gobierno provincial no puede controlar nada, ni las cloacas”. El único legislador rionegrino que votó en contra del proyecto es Pablo Barreno (Frente de Todos), quien dialogó con Cítrica. “La modificación de la ley 3308 se hizo sin consultas populares (como estipula la ley vigente). Los legisladores nos enteramos 72 horas antes de votarla. Del oficialismo no me sorprende nada: vicios, impunidad del poder, con la connivencia de los tres poderes del Estado”, expresó. 

Le preguntamos por qué votó en contra. “Los ciudadanos me votaron por la representación popular, quiero ser coherente, quiero ir a Viedma, quiero ir a Las Grutas toda mi vida. No se toma total dimensión de lo que significa el proyecto hasta que suceda una tragedia”, respondió. “Acá en Río Negro no se hace nada sin el OK de Weretilneck, que tiene negocios con las arenas silíceas que se usan para el fracking en Neuquén”, apuntó y se mostró preocupado por el recorrido del ducto, que pasaría por debajo del río Negro en Conesa. “Son temerarios, es una barbaridad”. 

A pesar de que modificar “para atrás” una ley que protegía una región específica viola el artículo 3 inciso “c” del Acuerdo Escazú (al que Argentina adhirió en 2020 mediante la ley 27566), el riesgo de posibles denuncias de inconstitucionalidad ni siquiera fue discutido. Tras modificar la ley 3308, en el recinto se abrazaron todos, argumentando que el avance del millonario oleoducto fue pensado “para los vecinos de Sierra Grande”. 

 

¿Vale la pena tomar el riesgo de sacrificar una zona con biodiversidad única en el mundo?

Mientras, afuera de la Legislatura, vecinas y vecinos de Las Grutas, San Antonio, Viedma y Patagones denunciaron que se enteraron sobre el pucho de la votación, que les impidieron ingresar al recinto y que la sesión no fue siquiera transmitida. Sus expresiones fueron reprimidas por un grupo identificado como UOCRA que apareció fuera del palacio, escena que se repetiría un año después durante las audiencias públicas por el estudio de impacto ambiental. “El golfo San Matías tiene cuatro áreas protegidas y un parque nacional. Sería un peligro tremendo un oleoducto con terminal de carga y descarga”, expresó Fabricio Di Giácomo, de la Multisectorial Defendamos Nuestro Golfo. “Los legisladores nos dijeron que no iban a avanzar con el proyecto de YPF sin licencia social, nosotros les dijimos que no tenían licencia social para modificar la ley”

¿A quiénes representan estos legisladores?

“La modificación de la ley 3308 en Rio Negro fue de espaldas al pueblo, sin consulta, como en Chubut o en Mendoza; es un calco”, explicó Enrique Viale, parte de la asociación de abogadxs ambientalistas de Argentina, que siguen el caso. Además, advirtió Viale en entrevista con radioescuela La Namunkurá: “Con la modificación de la ley 3308 podrían avanzar con el offshore (explotación petrolera en el mar)”

Dos pájaros de un tiro.

Audiencias Públicas por impacto ambiental: el paso legal necesario, “fue un fraude”

La decisión del gobierno de Río Negro de realizar las audiencias públicas por el estudio de impacto ambiental en Sierra Grande, donde está previsto el puerto petrolero al final del oleoducto, ya preveía un escenario hostil para disidentes. Más aún cuando se dispuso que sólo se pudieran expresar quienes vivieran en Río Negro, como si las ballenas, los pingüinos y los lobos marinos -o un eventual derrame- conocieran de fronteras políticas. O sea, sí podía hablar en las audiencias un vecino de Bariloche, que vive a 600 kilómetros de la costa, pero no un vecino de Puerto Madryn, ciudad costera vecina hacia el sur de la ruta 3, a menos de 150 kilómetros de distancia.

Según el gobierno de Río Negro, con el vicegobernador Alejandro Palmieri y la secretaria de ambiente Dina Migani como caras impulsoras del proyecto, las audiencias se realizaron “tal como lo habíamos pensado”. Los medios de comunicación pro petroleros -cada vez quedan menos que escapen a este relato- insistieron en mostrar la misma normalidad. ¿Sorprende que el gobierno y las petroleras repitan el mismo relato? Los negocios familiares de la Migani con los hidrocarburos, denunciados por Cítrica en 2019, son una irrefutable muestra.

Fuera del relato oficial, las audiencias, requisito legal para avanzar con el proyecto, “fueron un fraude”. Así lo expresaron las asambleas vecinales de Río Negro, Chubut y Neuquén que se movilizaron a Sierra y que fueron recibidas de manera hostil, primero por los locales que se manifestaban a favor, y luego por un grupo de la UOCRA que los terminó desplazando de la puerta del gimnasio municipal que funcionó de auditorio. 

Para este reportaje entrevistamos a la vecina de Las Grutas que echaron de las audiencias y que el gobierno de Río Negro no le garantizó su derecho a expresarse, como a decenas de vecinxs. “Lo sentimos como un fraude; un paso administrativo del gobierno para darle luz verde al proyecto”, sintetizó a Cítrica Cecilia Salcedo, parte de la Asamblea por la Tierra y el Agua.

“Días antes habíamos pedido la suspensión de la audiencia, que en un gesto político patético la hicieron en Sierra Grande, pueblo tan golpeado y con una crisis profunda; pero no lo conseguimos. Nos inscribimos igual. Cuando llegamos, no nos dejaban ingresar al recinto por la capacidad cubierta. La policía custodiaba el lugar, estuvimos una hora afuera bajo la lluvia intentando ingresar, soportando los empujones de hombres violentos. Cuando logramos ingresar, solo pudimos hacerlo seis de nosotros y éramos más de 60 inscriptos. Me requisaron la mochila. El salón estaba repleto de gente que apoyaba el proyecto. Nos hicieron dejar carteles y banderas en la puerta, mientras que adentro las banderas por el Sí estaban desplegadas”, relató.

“Mientras, nos llegaba desde afuera del gimnasio que había llegado una patota de la UOCRA muy violenta. Hicieron un cordón policial fuerte, desplazaron a manifestantes para alejarlos del ingreso. Hablamos con la secretaria Migani, dijo que ella no podía garantizar la seguridad y que la policía hizo lo que debía. Ahí empecé a gritar, interrumpí la audiencia a los gritos para decir que no estaba garantizada la seguridad, que nos impidieron el acceso y ahí me sacó la policía a los empujones”, repasó.

“Nuestra postura no es contra los vecinos de Sierra, que decían que les veníamos a joder el trabajo. La gente estaba muy fogoneada, trabajaron para el Sí, nos recibieron con miedo y bronca. Nuestra postura es por el nivel de afectación, por la escala del proyecto, con un impacto desastroso para las economías regionales que vivimos de la pesca y el turismo. El mar no conoce fronteras: si pasa algo ahí sonamos todos”, expresó.

A través de la representación de la Asociación de Abogadxs Ambientalistas de Argentina, lxs asambleistas dejaron constancia de estas irregularidades a través de un acta. Con su patricionio legal, realizaron presentaciones de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y la Corte Suprema.

 

 

“Estamos en esta audiencia por la modificación absolutamente inconstitucional de la ley 3308, impulsada por YPF”, advirtió Gonzalo Vergés, de AAdeAA, que junto con Rafael Colombo viajaron a la Patagonia para acompañar el proceso. “La comunidad se está enterando de este proyecto en una etapa ya avanzada y no en etapas iniciales, como lo establece el Acuerdo de Escazú”, recordó. ¿Se podrá frenar el oleoducto? “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y apelamos a que una autoridad judicial tome la cuestión en serio en el marco del derecho humano a un ambiente sano”.

Además, Vergés confirmó una presentación ante la UNESCO, de Naciones Unidas, desde donde se considera a Península Valdés patrimonio histórico de la humanidad. ¿Quienes ningunean estos impactos se atreverán a denunciar también una “campaña anti argentina”?

 
Una cosecha (¿tardía?) de rechazos al oleoducto: turismo, pesca y ciencia en alerta

Las audiencias en Sierra significaron también la primera vez que el oleoducto de YPF salía a la calle. Luego de la cobertura de medios alternativos y populares, que desarmaron el relato oficial de “normalidad” y explicaron este paso como una fachada para avanzar, el interés de vecinxs de la zona sobre el tema creció exponencialmente.

“Tenemos preocupación por lo que significa una terminal petrolera en el mar, para Península Valdés y Golfo San Matías"

Desde el valle de Río Negro, representantes de las comunidades mapuche tehuelches de la provincia viajaron a Sierra Grande (500 kilómetros) para participar de la revisión del estudio de impacto ambiental y dejar constancia de su postura. La falta de consulta previa, libre e informada que la ley obliga a realizar antes de avanzar con este tipo de proyectos es otra de las irregularidades del gobierno de Carreras, Weretilneck, Palmieri y Migani.

Nos venden el oleoducto como progreso, futuro y trabajo pero eso no es cierto, primero porque no creo que haya mano de obra local especializada para soldar abajo del agua y construir la plataforma ni los tanques petroleros. Tenemos el ejemplo del gasoducto donde todo el personal es de otras provincias y van siendo trasladados con la obra. ¿Qué trabajo se va a consolidar acá? Lo que sí es seguro es que va a contaminar porque no hay un ejemplo en el mundo de un puerto petrolero que no contamine”, denunció en Cítrica Orlando Carriqueo, werken del pueblo mapuche-tehuelche.

 

“Tendrán que poner el oleoducto en otro lugar, no en el Golfo San Matías. Si hubiera un derrame, sería una catástrofe”. La frase le corresponde a Leticia Benítez, representante de la Cámara de Turismo de Chubut, entrevistada por La Namunkurá tras el duro comunicado que la entidad emitió para oponerse al proyecto. “Tenemos preocupación por lo que significa una terminal petrolera en el mar, para Península Valdés y Golfo San Matías; hay que proteger este patrimonio de la humanidad de la UNESCO”, declaró. Y resaltó la importancia que el turismo significa para la provincia de Chubut: la tercera actividad productiva. “Los turistas vienen por la diversidad de fauna que tenemos (ballena Franca Austral -declarada monumento natural en 1984-, lobos marinos, pingüinos, orcas, flamencos, diversas especies de peces y aves, entre otras). Podemos frenarlo”, afirmó.

Benítez, vicepresidenta de Península Valdés en la CATCH, informó que se contactaron con el ministerio de Turismo chubutense y que “tomó cartas en el asunto y pidió el proyecto al gobierno de Río Negro para evaluarlo. Es el primer paso que damos, pero vamos a realizar otras acciones también”. 

Además del turismo, la ciencia es otro sector afectado por este proyecto. El Centro Nacional Patagónico (Cenpat), dependiente del Conicet, es la referencia en Río Negro y Chubut. Su flamante directora, Mirtha Lewis, informó que ya fueron convocados por YPF para tareas de monitoreo junto con la Universidad del Comahue, pero que no habían sido consultados en el estudio de impacto ambiental. “Debo ser cautelosa con mi opinión porque hay un debate interno dentro del instituto”, expresó a este cronista en entrevista con la ya citada emisora. “Yo soy nueva en el cargo, la gestión anterior ya tenía compromisos asumidos con la gente de YPF”, reconoció. Su antecesor en el cargo es Rolando González José, quien negó a este medio haber asumido compromisos con YPF. “El oleoducto repercute en las costas de Chubut. Las comunidades locales tienen que estar involucradas. La responsabilidad es de la autoridad de aplicación”, sostuvo, por su parte, Lewis . O sea, la ya mencionada Migani.

Otra mirada desde la ciencia sobre el proyecto es la que aportó el investigador del Conicet David Galván, quien trabaja en el Centro de Estudios de Sistemas Marinos del Cenpat. “Me preocupa el impacto en Golfo San Matías y en la costa de Chubut. También en pesca deportiva y pesca artesanal. El estudio de impacto ambiental, al que tuve acceso, no contempla algunas especies marítimas. Afecta a la flora y fauna y también a la sociedad chubutense. Pueden producirse derrames, puede que haya contaminación crónica. Las especies marinas desconocen límites provinciales”, afirmó con ironía.

“Preocupa que la audiencia pública fue cerrada solo para habitantes de Río Negro; chubutenses no pudieron expresarse. Eso fue una equivocación. Hoy, los pingüinos de Península Valdés han superado en número al de Punta Tombo. Y los pingüinos pasan por el Golfo San Matías. La ballena como el pingüino hacen a la identidad cultural de la zona”, apuntó.

Desde la Universidad del Comahue también rechazaron el oleoducto y emitieron un comunicado firmado por docentes de la Facultad de Turismo (Recreación y Turismo en Conservación). 

“Río Negro cambió la matriz: de productiva y turismo a netamente extractivista. Hace poco se creó el Parque Nacional Islote Lobos y ahora imponen el oleoducto. Hay una contradicción: la provincia apuesta al turismo por un lado y por el otro toma este rumbo”, señaló la docente Yusara Mastrocola a este cronista. 

“Tendría un impacto muy profundo en Playas Doradas, una villa turística en expansión por la que apuestan privados con inversiones. No sé si los legisladores han pensado en esta contradicción. No puede estar subordinada Río Negro a Vaca Muerta”, agregó.

En cuanto al sector de la pesca, pescadores artesanales de Chubut se movilizaron junto con los sectores que alertan sobre los impactos de esta actividad. En cambio, en Río Negro no hubo unanimidad para rechazar el proyecto del oleoducto. 

Así lo resumió Revista Puerto: “La realidad que afronta la pesca rionegrina, en un contexto de creciente conflictividad, con plantas de procesamiento al borde del colapso, la flota artesanal e industrial sin recursos para pescar en aguas provinciales, lo que llevó a la declaración por decreto de la ‘emergencia pesquera’, configuran un sombrío panorama, que dejó relegado a un segundo o tercer plano la discusión sobre este oleoducto petrolero y sus potenciales riesgos ambientales”. 

¿No se omite el riesgo de perder puestos de trabajo en la pesca al afirmar que tendría solo “riesgo ambiental”? ¿Será que el gobierno de Río Negro cerró las fronteras de consulta sabiendo que del otro lado iba a conseguir solo rechazos? Será clave el rol del gobierno de Chubut, que hasta diciembre tiene como gobernador a Mariano Arcioni, con antecedentes que demuestran más vínculos con las corporaciones que con el pueblo. Requerido para este reportaje, el ministro de ambiente de Chubut, Roberto Jure, no respondió.

Un antecedente cercano como muestra: contaminación e impunidad en Comodoro

La posible contaminación en golfos patagónicos y Península Valdés que podría generar el oleoducto, por un derrame o de manera crónica, no es un fantasma de ecoterroristas o un palo en la rueda de los violentos antidesarrollo, estigmas que les adosan a voces disidentes. Las advertencias también están fundadas en antecedentes en la propia Patagonia, como los derrames en Vaca Muerta -sobre los que el gobierno neuquino reconoce dos por día y sólo en 2018 se registron mil incidentes ambientales- y el caso de un derrame de petróleo en el mar de Comodoro, en la navidad de 2007.

Sucedió el 26 de diciembre de aquel año en Caleta Córdova, histórico pueblo pesquero ubicado al sur de la capital petrolera argentina. El desastre ecológico producido en el mar, más de 330 metros cúbicos y una mancha de cuatro kilómetros, llegó hasta la costa abarcando más de 800 metros y dejó como saldo cientos de animales empetrolados, que gracias a la tarea de brigadistas y jóvenes voluntarios, evitaron que las muertes asciendan al centenar. 

El desastre, “un error humano”, fue originado por el buque de carga “Arturo Illia” y por el que fueron imputados cinco personas (el capitán del barco y dos marineros, más los representantes de las empresas Termap y Antares Naviera).

“El gobierno provincial va a ir a fondo con el tema”, había prometido el gobernador de entonces, Mario Das Neves. Las expectativas eran altas: por primera vez se llegaba a un juicio penal por contaminación en el mar. 

Trece años después, la justicia federal (jueces Enrique Guanziroli, Luis Giménez y Ana María D’Alessio) absolvió a los imputados, quienes no avisaron con urgencia el incidente. “De haberse avisado el desastre hubiese sido mucho menor”, se lamentaron los ecologistas que evitaron consecuencias peores.

Las comunidades de pueblos costeros están organizadas, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, para resistir contra las petroleras en el mar argentino, por el oleoducto y por los embistes que vengan por el petróleo offshore.