La quimera del enemigo interno

Hecho que se vio claramente explícito en el caso de Nahuel, donde los medios replicaron la idea del enfrentamiento ante el cuerpo de un joven desarmado con una herida de bala en su espalda; y de una comunidad que enfrentó la situación sin ningún tipo de arma de fuego. De esta manera, como una política del actual gobierno y la complicidad de los grandes medios, la construcción mediática del “enemigo interno” implica poner en tela de juicio, conceptos especialmente sensibles como el de Preexistencia y el de Propiedad Comunitaria Indígena.

Ambos conceptos son tratados en estudios televisivos bajo la lógica de un capitalismo salvaje y extractivo, incluyendo la intención de legitimar la represión del aparato de Seguridad del Estado, para supuestamente, garantizar el cumplimiento de las leyes en las fronteras interiores de la Nación. Pero resulta que la Preexistencia y la Propiedad Comunitaria Indígena, son también garantías Constitucionales que surgen a partir del reconocimiento de deudas históricamente pendientes para los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Sumado al hecho de que se invisibilizan tantos otros casos de asesinatos y desapariciones forzadas en el marco de reivindicaciones y resistencias territoriales por parte de las comunidades indígenas; y se refuerza la idea de la marginalidad, miseria, desnutrición y graves problemas en los sistemas de salud que asisten a esta parte de la población del país, como es el caso de la bebé que fue literalmente decapitada por el médico durante el momento del parto.

La instalación de la figura del enemigo interno, resulta entonces para nosotros, el retroceso inmediato a la época de la llamada “Campaña al Desierto”. Detrás del tratamiento mediático del tema, se encuentra el extractivismo y los intereses por recursos naturales y negocios ya sea inmobiliarios o de turismo empresariales como es el caso en Córdoba de la expropiación del Sagrado Cerro Colorado para la instalación de un hotel cinco estrellas y un circuito turístico étnico en manos de privados; o la Mina Cerro Negro, en la localidad de Pinto, proyecto que pretende explotar los sagrados Cerros Negro y Blanco sobre la Reserva Arqueológica Quilpo, primera y única “Reservación Indígena” de Latinoamérica. Tal el caso de la lucha en esta misma provincia que se libró para impedir las intenciones de modificar la Ley que protege el Monte Nativo ante estos mismos intereses. Pero en general la resistencia de las comunidades indígenas ante la megaminería es una constante en todo el país.

Otro condimento que caracterizó a 2017 fue el vencimiento de la prórroga de la Ley 26.160, Ley que declara la “Emergencia en Materia de Propiedad y Posesión de los Territorios que ocupan ancestralmente las Comunidades Indígenas del País”. Luego de incontables reuniones, acampe frente al Congreso y diversas gestiones por parte de los referentes y de las organizaciones indígenas, esta ley fue prorrogada por el término de cuatro años más.

Como contraposición a las políticas de Estado contra los Pueblos Indígenas, el Papa Francisco, sosteniendo su postura y perfil de militante social, brindó apoyo concreto, desde por ejemplo, recibir a la familia de Santiago Maldonado y su próxima visita a las Comunidades Mapuches de Temuco, donde incluso compartirá con ellos una rogativa. Lo que marca una postura positiva pero que no termina de resolver el conflicto mientras no haya una verdadera postura de diálogo social y una decisión del Estado de resolver los reclamos.

El año termina incluso con la conformación del Comando contra la violencia Mapuche y una Comisión conformada por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, a principios de diciembre.

Como primera postura de esta Comisión, el pasado 27 de diciembre se dio a conocer un extenso informe oficial sobre la supuesta RAM, en el mismo se vinculan 96 causas judiciales supuestamente conectadas, diversas movilizaciones populares y actividades públicas, donde se acusan igualmente a las organizaciones políticas de izquierda y medios alternativos de comunicación.

De esta manera, los Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina vivimos un período de retroceso en materia de derechos humanos de efectivo cumplimiento, con graves situaciones de desconocimiento de nuestras garantías constitucionales y avizorando un futuro incierto y poco propicio para los avances que veníamos logrando desde el retorno a la democracia.

A pesar de todo ello, no bajamos los brazos y en cada rincón de esta patria, habrá comunidades reclamando por los derechos a la vida de nuestra Madre Tierra.

* Mariela Tulián, es autoridad casqui curaca de la Comunidad Tulián, del Pueblo Nación Comechingón – de San Marcos Sierras-, y es autora del libro Zoncoipacha – desde el corazón del territorio – El legado de Francisco Tulián.