La maldita policía tucumana

La desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza dejó al descubierto una vez más la violencia con que se maneja la Policía de Tucumán. La misma fuerza que mató de un tiro por la espalda a Facundo Ferreira en marzo de 2018, le provocó un derrame cerebral a Alan Andrada en octubre de ese mismo año y en 2019 golpeó a Luis Basualdo. 

Alan Andrada: “¿Ahora sí me creen?”

Un pibe, la policía, golpes y abuso. Esta anécdota podría ocurrir en cualquier barrio periférico de Buenos Aires, Chaco, Salta o Chubut. Así se manejan las fuerzas de (in) seguridad en nuestro país, con total libertad, mientras los medios hegemónicos miran para otro lado o abren aún más la grieta con una perspectiva estigmatizante de la pobreza. Esta vez fue en Tucumán. El chico, Alan Andrada, tenía 19 años y murió 20 días después de una feroz golpiza que recibió en la comisaría de Simoca, una ciudad de 10 mil habitantes en el sur de la provincia,.

La noche del 5 de octubre de 2018 Alan salió a bailar con amigos. A la salida del boliche dio una vuelta por el pueblo y llegó al mercado donde trabajaba un amigo. Después de un rato alguien llamó a la policía, alguien que pensó (equivocadamente) que el chico le estaba robando un litro de detergente suelto al vendedor de artículos de limpieza del mercado. La policía llegó -y sin dar lugar al malentendido- se lo llevó a la comisaría. Allí le pegaron por todos lados: patadas y piñas por las costillas, la espalda y también la cabeza. “No aguanto que me lleven nuevamente a la celda, mamá”, le dijo Alan a Patricia Saldaño, su mamá, después de pasarse 12 horas incomunicado en la comisaría de Simoca. “Un mal entendido por un detergente”. Ese fue el “delito” que llevó a Alan a la muerte. 

Un caso que en el cemento de Buenos Aires desconocíamos hasta hace dos meses. La desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza nos llevó al caso de Alan. Una muerte nos lleva a otra muerte, así por qué sí; y atrás están las familias que sufren las pérdidas y la indiferencia de gran parte de la sociedad.

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A Patricia la contactamos por teléfono. Agradecida por nuestro llamado, deja sus quehaceres diarios y empieza de cero, a contarnos cómo su vida dejó de ser vida el día que la policía golpeó ferozmente a su hijo. “Con un solo ejemplo yo te voy a decir cómo es Tucumán, para que vos te hagas una idea. Dos de los 10 policías que mataron a este muchacho Luis, golpearon a mi hijo Alan en 2018 y después a Luis Basualdo el año pasado. Como seguían sueltos, ahora mataron a Luis. Así es la cosa por acá”. Patricia me cuenta cómo se maneja la policía de Tucumán y su voz se llena de impotencia. Lleva casi dos años con el dolor a cuestas. 

El caso de Alan quedó en el olvido hasta que la desaparición de Espinoza puso en agenda este y otros casos previos. “Acá la policía hace lo que quiere. Hacen oídos sordos, no asumen responsabilidades. Saben quienes son los policías corruptos, asesinos y no se toman medidas. La maldita policía de Tucumán no cambia más. ¿Tuvieron que matar a Luis para se haga justicia por Alan y Basualdo?”.

El actual abogado de la familia Andrada, Pedraza, asegura que Alan sufrió un aneurisma cerebral producto de la golpiza que recibió en la comisaría. “Tuvo un diagnóstico tardío en el hospital y una mala atención pero lo más importante acá es destacar que los golpes le ocasionaron la muerte. Alan sufrió apremios ilegales y vejaciones que posiblemente lo llevaron a la muerte. Por eso queremos que esto se investigue como una muerte dudosa y se condene a los policías implicados”. 

La golpiza a Basualdo

Después de la golpiza que le dieron a Alan en octubre de 2018, los policías  Gerardo Gonzalez y Claudio Zelaya siguieron trabajando en la comisaría de Simoca. Hasta que el 24 de septiembre de 2019 volvieron a protagonizar un hecho violento: A Luis Basualdo lo golpearon, le rompieron el teléfono celular y se lo llevaron detenido. ¿El delito? Intentar defender a una mujer de los golpes de cuatro efectivos de la policía en la vía pública. 

“La Policía me golpeó mucho, terminé todo morado. No es la primera vez que la Policía desaparece gente acá, están acostumbrados a esto”, había declarado el 21 de mayo Juan Antonio, la última persona en ver a Luis con vida. Días después el cuerpo de su hermano  apareció en la provincia de Catamarca y se supo que al menos 10 policías de la comisaría de Monteagudo estaban involucrados en la desaparición seguida de muerte. 

A dos meses del hecho, el juez Marío Velázquez dictó la prisión preventiva por 6 meses para 10 de los imputados y la libertad bajo fianza (250 mil pesos) para el detenido número 11 porque solo se le imputó el delito de encubrimiento agravado. “Para los 10 implicados la calificación es la misma: autor y coautor del delito de desaparición forzada de persona seguida de muerte. La fiscal había pedido 12 meses pero el juez resolvió otra cosa. De todos modos, nos alienta ver que la Justicia está actuando más rápido que en otros casos”, asegura Cinthia Campos, la abogada de la familia Espinoza. 

Tres casos de violencia institucional, dos muertes en mano de la policía y el abuso legitimado por leyes que heredamos de la dictadura. Así es Tucumán.

LO QUE LA DICTADURA NOS DEJÓ

En Tucumán sigue en vigencia la ley orgánica de la policía (1970), que permite que un efectivo con procesos penales abiertos siga en funciones y no sea expulsado de la fuerza. A los dos años de estar en carácter de ‘pasivo por proceso’ y sin condena firme, ese policía puede pedir la reincorporación a la fuerza.