Cosechar la lucha: voces de la resistencia agroecológica

Damián Wanka hunde sus manos en un pozo de agua al lado de un molino desvencijado.  Lo hace ahora, un sábado por la tarde en medio del Encuentro Provincial de Pueblos Fumigados, una jornada que reúne a referentes de la lucha ambiental contra corporaciones y estancieros que usan agrotóxicos a mansalva en sus cosechas. Pero Damián, integrante de Rupu Antu, una comunidad mapuche ranquel, también lo hizo la semana pasada. No hay agua, dice. “El único pozo que tenemos se está drenando”, cuenta Wanka, mientras se seca la transpiración de la frente. “Acá es así”. 

“Todo este territorio es mapuche”, dice Wanka y dibuja una línea imaginaria con el dedo. “Nuestros tatarabuelos lo habitaban y fueron despojados hace 150 años”, explica. Lo primero que la comunidad hizo fue refaccionar el espacio con ayuda de algunos vecinos. Luego fueron por el agua. Una primera perforación los proveyó por unos meses hasta que las napas se secaron. Hicieron otra, pero solo obtuvieron agua salada. Y es la que usan hoy.

Un vecino de un campo cercano acaba de entrar con unas herramientas para ayudar con el bombeo del agua. Es corpulento y viste una boina y botas, el clásico atuendo de hombre rural. Damián lleva una vincha azul y un cinturón ancho de cuero. Entre los dos hunden las manos en el pozo. “Nuestro objetivo principal es demostrarles a los productores locales que se puede sembrar sin agroquímicos”, explica Wanka. “Vemos un cambio de paradigma entre los que tienen campos chicos. Mostramos otra alternativa para cosechar sin invertir grandes sumas de dinero. Nuestras semillas son adaptadas a este ecosistema y usamos plantas medicinales para combatir las plagas”, detalla.

Cabaleiro estuvo presente en la mayoría de las luchas ambientales que las asambleas y organizaciones del encuentro impulsaron. De hecho, fue denunciado penalmente por Patricia Bullrich en 2018, cuando la actual candidata a presidenta comandaba el Ministerio de Seguridad. Cabaleiro integraba un grupo de abogados que representaba a la comunidad mapuche en el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 

Su historia con la defensa del medioambiente, sin embargo, arranca mucho antes, una tarde calurosa de 2007, en la localidad bonaerense de Alberti. Fernando había ido a visitar a su madre junto a sus hijos cuando escuchó el ruido de una avioneta fuera de la casa. Al salir, vio al aeroplano liberando un líquido ambarino prácticamente a metros de donde estaban.

Cuando le preguntó a su madre si sabía qué estaba pasando, ella le respondió: “están fumigando” y se rascó el brazo. “Pica un poco nada más”, le explicó con una tranquilidad que lo perturbó. La imagen de su madre rascándose el brazo hizo que llevara adelante una lucha judicial que hasta el día de hoy no abandona: el derecho a vivir en un ambiente sano.

El auto frena al costado de un terreno. El pasto, opaco, mullido, parece una mesa de billar. Entre los pastizales hay un bidón blanco tirado. ¿Es posible que sea el mismo que Elisinda miraba desde su ventana en Córdoba o los que se usan cerca de las escuelas bonaerenses? “No hay biodiversidad. Ves la muerte”, dice Cabaleiro. “Esto es el resultado del modelo actual”.

De las luchas judiciales actuales, el abogado destaca la de Lobos, donde una organización impulsó en agosto el proyecto PIS (Pesticida Insertado Silenciosamente). El mismo consistió en tomar muestras de orina a diferentes vecinos de esa localidad en donde se les detectaron grandes cantidades de agrotóxicos. Uno de cada seis habitantes de la ciudad, explicó el informe final, estaba contaminado.

Eso permitió que se presente una medida cautelar para aumentar las distancias de fumigaciones entre los terrenos y la población. Hoy, según la ley vigente, es de 500 metros. “Las distancias son un paliativo porque muchos no las respetan”, detalla Cabaleiro.

“Ayudan, pero hasta que dejen de usar veneno, no van a bajar los índices de enfermos”. Las acciones judiciales, sin embargo, tienen un efecto disuasorio. Muchos jueces de primera instancia suelen tomar las denuncias por contaminación, obligando a las empresas a dejar de fumigar o retirarse del lugar. Pero cuando el caso llega a la Suprema Corte, todo cambia. “La justicia tiene visión extractivista. Pero es importante interpelarla y no quedarnos callados”, dice el abogado.

El atardecer en la escuela Kelu Mula se impone. Los lienzos naranjas se difuminan y para Margot Goycochea, de 79 años y una de las fundadoras del Encuentro de Pueblos Fumigados, no hay mejor postal. “Hay que mirar más las estrellas”, dice. Goycochea realizó el primer encuentro en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, durante los años ’90.

En aquel tiempo, recuerda, el desmonte era frenético. “Venían camiones y se llevaban todos los árboles que podían. También fumigaban a mansalva”, cuenta Goycochea. Se hablaba más de Monsanto que de agrotóxicos, pero “se luchaba igual que ahora”. “Es muy importante que los jóvenes puedan continuar nuestra lucha. Sin internet, dimos batallas memorables”, dice, riendo. 

El Encuentro llega a su fin. La noche en el paraje permite apreciar la parsimonia del monte, el frío que arrecia todo al rededor. Un fogón y una comida compartida será el final de la jornada. Tan solo dos días después, sin embargo, una noticia llega: acaban de fumigar a metros de una escuela en la localidad de Vedia, al noreste de Buenos Aires. “Los padres y sus hijos se tapaban la cara por el ardor”, cuenta Maximiliano, un vecino de Vedia que participó del encuentro. “Estamos viendo en dónde radicar la denuncia”, explica. “Gracias a diferentes compañeros vamos a poder poner un freno a esto de una vez por toda”, dice. De una vez por todas, repite.