Democracia y extractivismo: de continuidades, profundizaciones y resistencias

Producción colaborativa entre ANRed, ANCAP, Revista Cítrica y Agencia Tierra Viva. Las ilustraciones de esta nota son de Martín Vera.

Hace 40 años gran parte del pueblo argentino celebraba la vuelta a la democracia en el acto de asunción del presidente Raúl Alfonsín y cifraba sus esperanzas en que el sistema representativo, republicano y federal sería la vía por la cual se encauzaría la reconstrucción del país tras la funesta gestión de la última dictadura.

Los gobiernos militares que se sucedieron entre 1976 y 1983 se habían encargado de desarticular, por medio de un sistema de terror aplicado contra la organización popular y sus referentes, una matriz productiva y económica que, con sus falencias y limitaciones, propendía a alcanzar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

La nueva etapa democrática se presentaba entonces como la posibilidad de alcanzar lo expresado por el candidato radical, cuando afirmaba que "con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, no necesitamos nada más, que nos dejen de mandonear, que nos deje de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino". 

Pese a las buenas intenciones expresadas en ese discurso, un enemigo solapado comenzaría a corroer pronto los cimientos de la nueva institucionalidad y poco a poco iría enseñoreándose para profundizar la dependencia de la nación a las empresas transnacionales: el extractivismo. 

En su artículo “Extractivismo”, Lucrecia Wagner, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede de trabajo en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), ofrece una definición: “La explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y generan economías de enclave (localizadas, como pozos petroleros o minas, o espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja o palma). Requiere grandes inversiones de capital intensivas, generalmente de corporaciones transnacionales. Presenta una dinámica de ocupación intensiva del territorio, generando el desplazamiento de otras formas de producción (economías locales/regionales) con impactos negativos para el ambiente y las formas de vida de poblaciones locales”.

La virtual bancarrota del Estado, las desgarraduras del tejido social provocadas por la desaparición forzada de miles de dirigentes de base, el ignominioso endeudamiento externo del que se beneficiaron un puñado de empresas monopólicas y el proceso de desindustrialización en sectores estratégicos para la economía nacional; fenómenos todos heredados de la gestión de los últimos gobiernos de facto, condicionaron de tal manera a la gestión alfonsinista que ésta se vio empujada a iniciar tratativas con petroleras extranjeras para que, en sociedad con YPF, exploraran y explotaran hidrocarburos en búsqueda de divisas que le permitieran al Gobierno recomponer el aparato estatal y hacer frente a los compromisos contraídos fraudulentamente por la última dictadura con los organismos de crédito internacionales. 

Esta iniciativa, recordada con el nombre de “Plan Houston” y por medio de la cual se reglamentaba una ley sancionada por la autoproclamada “Revolución Argentina” del General Onganía, flanqueó, quizá sin desearlo sus impulsores, el paso a la profundización de prácticas extractivistas que en estos 40 años han sido facilitadas por todos los gobiernos democráticos sin perjuicio de las diferentes corrientes político-filosóficas a las que adscribieran. 

Así, las subsiguientes administraciones nacionales han aplicado una ingente batería de medidas en pos de un modelo de "desarrollo" unilineal que consiste en depredar cuerpos, territorios y bienes comunes, exacerbando la voracidad del mercado internacional en detrimento de las poblaciones y los ecosistemas nativos.

De Menem a Macri

Sebastián Gómez-Lende es Doctor en Geografía e investigador adjunto de CONICET. En su trabajo “Modelo extractivo en Argentina (1990-2016): ¿del extractivismo clásico neoliberal al neoextractivismo progresista? Tres estudios de caso”, afirma:

“Organizado en función del Consenso de Washington y los intereses del capitalismo estadounidense, el modelo neoliberal implementado durante la década de 1990 impuso un conjunto de reformas estructurales que refuncionalizaron drásticamente la economía nacional y redefinieron profundamente el rol del Estado. Sobresalen, entre otras, la liberalización comercial y financiera, la privatización masiva de empresas públicas, el meteórico endeudamiento externo, la apertura importadora, la desregulación de la economía, la apertura indiscriminada al capital extranjero, la implementación de una política monetarista de paridad nominal entre el peso argentino y el dólar estadounidense (el plan de convertibilidad), la flexibilización laboral y la desindustrialización, tercerización y reprimarización de la matriz económica.

Los ejes de acumulación privilegiados por esta nueva lógica fueron el comercio internacional, la lógica financiera especulativa, las extraordinarias rentas asociadas a las privatizaciones y la explotación extranjerizada de recursos naturales.

Todas estas políticas confluyeron en el surgimiento de un nuevo ciclo extractivo-exportador que, rompiendo con casi medio siglo de tradición mercado-internista, se independizaría casi por completo de las necesidades socioeconómicas domésticas para articularse exclusivamente en función de las exigencias del mercado mundial.

Como resultado, la última década del siglo XX se convirtió en escenario de la implantación en el país de actividades extractivas ligadas al agronegocio (soja transgénica y, en menor medida, maíz, arroz y girasol), los hidrocarburos (petróleo, gas natural), la minería metalífera (oro, plata, cobre, hierro, plomo, litio, etc.), la depredación pesquera y la industria forestal (madera, pasta de celulosa)”.

También señala: 

“Esto obedeció a los cambios estructurales llevados a cabo tanto en la legislación nacional (nueva Ley de inversiones extranjeras de 1993, que dispuso la igualdad de trato de las actividades de compañías foráneas respecto de las empresas nacionales) como sectorial (desregulación casi total del sector agropecuario, aprobación de las primeras semillas transgénicas, sanción del nuevo Código de Minería, ventajas fiscales, comerciales y financieras, concesión de yacimientos metalíferos y áreas hidrocarburíferas, privatización de la petrolera estatal). 

(...) Todos estos procesos se desarrollaron en el marco de un ciclo global de caída general de los precios internacionales de commodities, favoreciendo dentro del programa de concesiones y privatizaciones la apropiación y extranjerización a bajo costo de las reservas nacionales de hidrocarburos, minerales y tierras.

A comienzos del siglo XXI, la profunda pérdida de legitimidad y la crisis socio-política del neoliberalismo decantaron en una fase histórica híbrida y contradictoria: por un lado, la balanza se inclinaría ideológicamente hacia las políticas posneoliberales de los gobiernos autoproclamados progresistas (2002-2015); pero por otro lado, gran parte de las reformas estructurales heredadas del modelo neoliberal permanecerían intactas, afianzándose e incluso profundizándose.

Otrora regresivas y garantistas, las reformas neoliberales fueron parcialmente suplantadas por políticas públicas activas de reindustrialización, control del movimiento de capitales financieros y movilidad social ascendente. Sin embargo, el neodesarrollismo argentino se erigió sobre las bases legadas por el neoliberalismo y la estrategia de reproducción de la nueva clase hegemónica nacida de dicho modelo, la cual no se empeñó en revertir las consecuencias sociales, políticas y económicas de aquel, sino que las capitalizó en beneficio propio. 

La ruptura del régimen de convertibilidad y la devaluación monetaria centralizaron aún más el ingreso en los grupos exportadores de commodities, en tanto que la imposición de un régimen de retenciones permitió al Estado captar parte de la renta exportadora y –en teoría– canalizarla hacia sectores populares sin atenuar la concentración/extranjerización económica ni la depredación de los bienes naturales.

En materia de comercio internacional e inversión foránea, el Estado nacional continuó apostando a un estilo de desarrollo tan extrovertido y aperturista como el de antaño. La economía argentina abandonó (parcialmente) su subordinación respecto de Estados Unidos y Europa para suplantarla por la dependencia de China, pasando a desempeñar el doble rol de proveedor de materias primas y alimentos, y receptor de las inversiones e importaciones industriales del país oriental.

Como resultado, el modelo primario exportador legado por el neoliberalismo se intensificó: soja, minerales metalíferos e hidrocarburos pasaron a alimentar el meteórico crecimiento del gigante asiático; paralelamente, se multiplicaron las inversiones de este último en ramas extractivas (petróleo, minería), infraestructura (ferrocarriles, puertos), sector financiero (bancos) y acaparamiento de tierras para cultivo. En el marco de la nueva división internacional del trabajo, la dependencia de Argentina respecto de China se tornó tan extrema que (...) constituiría una reedición de la antigua relación especial que el país mantuviera a finales del siglo XIX con Inglaterra.

Contrariamente a lo ocurrido durante la fase neoliberal, el modelo extractivista neodesarrollista se desplegó al compás del ciclo internacional de alza de los precios de commodities surgido durante la década de 2000 y consolidado luego del estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria estadounidense. Otrora antagónicos y contradictorios, extractivismo y desarrollo se tornaron discursivamente complementarios, forjando un metarrelato emancipatorio donde la ‘nueva’ dinámica de acumulación primaria exportadora, la mayor intervención estatal y las políticas de movilidad social ascendente serían la llave del crecimiento económico, la estabilidad política y la redistribución del ingreso (...). 

Sin embargo, la continuidad de las normas que definieron el modelo neoliberal de atracción de capitales y el creciente dinamismo del sector extractivo donde la IED creció 43% solo entre 2004 y 2010, con incrementos sin parangón como los de la minería (297%) y el sector agropecuario (159%), sugieren que el renovado flujo de inversiones registrado entre 2001 y 2010 fue la fase B de la oleada de capitales foráneos iniciada durante la década de 1990". 

Esta extensa cita del trabajo realizado por el Dr. Gómez-Lende patentiza con meridiana claridad el derrotero seguido por los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De la Rúa, los fugaces interinos, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en su "inagrietable" lógica de consecusión de divisas por medio del despojo. 

La era extractivista de Cambiemos

El despojo se profundizaría aún más con la llegada de Mauricio Macri al Poder Ejecutivo Nacional, como bien lo describen Tomás Palmisano, Juan Wahren y María Gisela Hadad en un artículo titulado “Conflicto agrario y extractivismo en la Argentina reciente (2015-2019). En él puede leerse: 

"La alianza partidaria triunfante, Cambiemos, tuvo tempranamente la voluntad de favorecer aún más a los sectores primario-exportadores que se habían fortalecido a la par de la expansión del modelo extractivo en Argentina. A pocos días de asumir, el nuevo gobierno eliminó los impuestos a las exportaciones de casi todos los productos agropecuarios, y redujo un 5% de la alícuota correspondiente a la soja y sus derivados que representan más de un cuarto de las exportaciones argentinas.

En febrero de 2016 dejaron de tributar este gravamen la gran mayoría de los productos minerales y un año después, en enero 2017, se desgravó al petróleo y sus derivados. Estos beneficios se mantuvieron hasta septiembre de 2018 pues en el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en torno al endeudamiento externo, el gobierno restableció una alícuota del 12% a la exportación de todas las mercaderías.

Otra medida importante que favoreció a los sectores exportadores fue la liberalización del mercado cambiario. Para concretarla el gobierno primero extendió el plazo que tenían las empresas exportadoras para liquidar moneda extranjera y, a finales de 2017, por medio del Decreto N° 893, derogó la obligación del ingreso y negociación de las divisas de la exportación de productos nacionales en el mercado único de cambio que regía desde 1964. De esta manera, cualquier empresa podía esperar el tiempo que quisiera para volcarlas al mercado cambiario nacional (...). 

A ello se sumó la autorización del libre giro de dividendos y utilidades al exterior. Estas medidas fueron sostenidas hasta septiembre de 2019 cuando agobiado por la escasez de divisas el gobierno de Cambiemos restableció las limitaciones. Específicamente para el caso del sector agropecuario, la gestión de Cambiemos intensificó el ritmo de autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Durante los 4 años se aprobó la comercialización de 26 eventos transgénicos de algodón, maíz, soja, papa, alfalfa y cártamo, a razón de 6 por año. Ello implicó un notable crecimiento en relación al período kirchnerista (2003-2015) cuando la “tasa de aprobación” fue de 2,3 eventos por año. 

La difusión de los OGM –casi completa en el caso de la soja, el maíz y el algodón (ISAAA, 2019)–, el uso masivo de agrotóxicos para estos cultivos y el corrimiento de la frontera del agronegocio en la búsqueda de nuevas tierras redundó en nuevas presiones territoriales sobre regiones habitadas por poblaciones campesinas e indígenas y los montes nativos cuya deforestación entre 2007 y 2018 ascendió a 3,5 millones de hectáreas (ha) (...).

Asimismo, las dependencias estatales vinculadas al trabajo con campesinos, pueblos indígenas y pequeños productores fueron afectadas por la reestructuración del Estado impulsada por la nueva gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Durante el período, la Secretaría de Agricultura Familiar fue degradada al rango de Subsecretaría, hubo numerosos despidos y recortes presupuestarios. Además los máximos responsables de la cartera agropecuaria fueron reclutados de las tradicionales organizaciones corporativas como fue el caso de Ricardo Buryaile (ex vicepresidente segundo de Confederaciones Rurales Argentinas) y Luis Miguel Etchevere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.

En relación a la producción hidrocarburífera, el nuevo gobierno continuó el impulso a la explotación de hidrocarburos no convencionales por medio de anuncios de mayores inversiones en el principal yacimiento: Vaca Muerta. La búsqueda de grandes capitales internacionales incluyó en el caso del fracking nuevas inversiones de la petrolera anglo-holandesa Shell y la estadounidense Chevron (que ya tenía una fuerte presencia en la zona).

Esta asociación supuso una nueva presión sobre la frontera hidrocarburífera tanto en la provincia de Neuquén, principal región de explotación bajo la técnica del fracking, como en la de Río Negro y el sur de Mendoza, donde se avanza sobre campos ganaderos, frutícolas, hortícolas y vitivinícolas. Además se propugnó una mayor flexibilización laboral y regulatoria por parte del Estado en materia de explotación, distribución y comercialización de la energía. Si bien los plazos de la inversión en esta actividad impiden afirmar causalmente la relación entre las medidas gubernamentales y la expansión de la productividad, entre 2015 y 2019 la producción de gas creció un 15,02% (42.906 millones de m3 a 49.350) impulsada por los no convencionales cuya extracción pasó de 5.336 millones de m3 en 2015 a 18.798 en 2019. Por su parte la producción total de petróleo se retrajo un 5,7% pero la extracción no convencional pasó de proveer el 4,68% del hidrocarburo extraído en 2015 al 19,44% en 2019. 

En términos de expansión de la infraestructura el año 2015 registró la mayor cantidad de pozos terminados (1.448) y metros perforados (3.379.680) desde el primer registro disponible (2008). Esto coincide con el fuerte apoyo que tuvo la actividad en los gobiernos de Cristina Fernández, especialmente a partir de 2012. Desde 2016, el contexto global produjo una importante caída en la inversión que impactó en el período analizado (2015-2019) (SSPM, 2018) pues se retrajo la perforación de pozos a unos 1.000 por año, y se redujo un 27,06% en 2016 los metros perforados que paulatinamente se fueron recuperando los años siguientes para quedar en 2019 en un 18,05% por debajo de 2015.

En el caso de la minería no hubo nuevas normativas que la favorecieran, más allá del sostenimiento del marco regulatorio favorable a los proyectos de gran escala creado en la década de 1990 (...) durante el gobierno de Cambiemos se recuperó la inversión en exploración fundamentalmente de litio y oro, a lo cual se sumó el inicio de la construcción de dos proyectos de oro (Lindero en Salta y Chinchillas en Jujuy) que podrían compensar las pérdidas del sector por el agotamiento en los yacimientos de Bajo de la Alumbrera, Pirquitas y Cerro Vanguardia.

En este sentido, los principales gestos del nuevo gobierno se centraron en una intensa campaña de promoción y el impulso, fallido, de restringir la Ley de protección de Glaciares Nº 26.418, que actualmente prohíbe la actividad minera en particular y extractiva en general en las áreas glaciares y periglaciares (...). 

También la gestión Cambiemos impulsó en junio de 2017 un 'Nuevo Acuerdo Federal Minero' que revisaría los consensos de los 90. El mismo fue refrendado por representantes de 14 de las 23 provincias argentinas y supuso unificar posturas en torno al impulso de la actividad. Para adquirir un status formal el documento debía ser aprobado en el Congreso Nacional, algo que finalmente no ocurrió".

Entre las continuidades y las resistencias

Como continuidad de este modelo, el Gobierno de Alberto Fernández (pese a que discursivamente alentó la idea de "terminar con el extractivismo") se encargó de apuntalar proyectos que continúan el vaciamiento e incorporó en distintas instancias de decisión política a personajes relacionados con las principales empresas transnacionales que operan en el país. 

La extracción de hidrocarburos a través del fracking en Vaca Muerta y las prospecciones que dinamitan el Mar Argentino para instalar petroleras off shore; la profundización de la extracción del Litio en las provincias del norte; la introducción de la empresa israelí Mekorot para gerenciar el agua de las comunidades, son sólo algunas de las avanzadas propiciadas por la gestión saliente, que, como botón de muestra, contó con la labor del CEO de Syngenta, Antonio Aracre, oficiando de jefe de asesores de la Presidencia.

Cabe destacar que, como vimos, si bien el modelo extractivista logró consolidarse en el transcurso de nuestra joven democracia, esta consolidación no estuvo exenta de resistencias populares que fueron creando conciencia en la población y han formado un entramado de agrupaciones que postulan modelos alternativos de producción orientados hacia, por ejemplo, la agroecología como modo viable y sustentable de superar el extractivismo para obtener alimentos. 

Este entramado crece día a día y ante la evidencia empírica de las calamidades que el actual modelo siembra a su paso, se multiplica y se manifiesta en asambleas socioambientales, agrupaciones en defensa del agua, federaciones de comunidades originarias, asociaciones campesinas, de trabajadores de la tierra e intelectuales comprometidxs con el cuidado del ambiente. 

Hay un largo etcétera de núcleos activos que, poco a poco, se hacen carne en una sociedad que no está dispuesta al suicidio y por ello enfrenta el ecocidio que gobiernos y empresas intentan invisibilizar. Estas resistencias son el sustrato en el que nace una nueva democracia que crece desde el pie.