Callar a las madres: derechos silenciados y estadísticas que alarman
El caso de Milo en Neuquén, hijo de un funcionario que contó con la fuerza policial para lograr la tenencia, es una muestra de cómo opera el poder patriarcal cuando retroceden los derechos conquistados.
Hace casi una semana que Milo fue arrebatado violentamente de los brazos de su madre,
Alexandra Sabio, en plena luz del día, dentro del Jardín de Infantes N° 65 del Oeste de
Neuquén. Cinco policías armados, delante de sus compañeros y maestras, ejecutaron la
orden de un juez que llevaba apenas tres meses en funciones.
La escena fue de violencia institucional. Pero lo que vino después fue aún más elocuente: el
silencio. Ningún medio de comunicación de Neuquén le dio la palabra a Alexandra Sabio. Su
voz fue anulada desde mayo, mientras en paralelo se amplificaba la versión oficial del
progenitor.
La respuesta parece evidente: el padre de Milo, Claude Staicos, es secretario de Medios de
Comunicación de la Provincia de Neuquén. Un funcionario con poder, blindaje y capacidad
de manejar los relatos.
El relato único y las preguntas incómodas
.
¿Qué tan “irreversible” o “perjudicial” podía ser Alexandra para su hijo como para justificar
un operativo policial dentro de un jardín de infantes?
¿Por qué ninguna editorial le otorgó el derecho a réplica?
¿Qué democracia se construye cuando una madre es silenciada sistemáticamente, mientras
aparece el testimonio del funcionario que detenta poder político en oenegés que niegan la
violencia de género bajo el argumento de las “falsas denuncias”?
Los derechos del niño
.
En redes sociales, el padre expone imágenes y posteos donde el menor aparece como parte
de su “nueva vida feliz”, tambien hay una web (“laverdaddemilo”) donde suben a diario información. Sin embargo, la ley prohíbe expresamente este tipo de difusión porque vulnera su derecho a la privacidad y a la identidad.
¿Quién garantiza entonces los derechos de Milo?
Y más aún: ¿qué sucede con los demás niños que presenciaron el procedimiento policial
dentro del jardín? ¿Quién protege a esos chicos que vieron cómo un compañero era sacado
por la fuerza, que ahora preguntarán por qué Milo no volverá a compartir sus días en la
sala?
Lo que dice la ley
.
*La Convención sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional en Argentina,
establece que el interés superior del niño debe primar en todas las decisiones públicas. El artículo 12 garantiza que el niño sea escuchado, y el 16 protege su vida privada.
*La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
obliga al Estado a preservar la dignidad de los niños, evitar su exposición pública y asegurar
que toda medida respete su desarrollo en entornos de confianza y seguridad. Nada de esto parece haberse cumplido en el caso de Milo.
Datos que muestran un problema estructural
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*UNICEF estima que el 59 % de niñas y niños entre 1 y 14 años en Argentina sufrió
prácticas violentas de crianza; el 42 % recibió castigos físicos y el 51,7 % agresiones
psicológicas.
*En 2024, 1.788 niños, niñas y adolescentes fueron parte de al menos una causa penal en
juzgados nacionales de menores, un 2,6 % más que en 2023.
*Según la Corte Suprema, 5.391 niños y adolescentes fueron afectados por violencia: el 96% padeció maltrato psicológico o emocional, el 34 % físico y el 9 % sexual.
Las cifras muestran que la infancia está en riesgo, y que el sistema judicial interviene cada
vez más, pero no siempre desde una perspectiva de protección.
Silencios que lastiman
.
El caso de Milo expone cómo el poder político, judicial y mediático se entrelaza para borrar
voces, instalar un único relato y desproteger a la infancia.
Cuando un niño es arrancado por la fuerza, cuando la madre es silenciada y los medios
callan, lo que queda es violencia institucional y mediática.
El silencio también es violencia.