Venas abiertas

¿Pero qué pasa en el resto de los países? Hay matices, es cierto, pero en general la criminalización se impone. En Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana está prohibido totalmente, sin excepción legal explícita. En Chile era así hasta el año pasado, por una medida del dictador Augusto Pinochet que seguía vigente. “Por fin firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y su embarazo en tres casos sumamente precisos y humanamente difíciles”, declaró la expresidenta Michelle Bachelet en diciembre de 2017. Los tres casos que estipuló la norma chilena –y que lo igualaron al resto de los países sudamericanos– son cuando peligra la vida de la madre, por violaciones y por malformaciones genéticas.

En 1965, Cuba fue el primer país latinoamericano en legalizar el aborto. El Estado de México –el equivalente a la Provincia de Buenos Aires– se acopló a esa disposición en 2007 y se convirtió en la excepción de un país en que el aborto se castiga con severidad. En Uruguay, el caso más cercano, en 2012 se sancionó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana doce. A partir de ese año, del otro lado del Río de la Plata, la mortalidad materna bajó drásticamente. En Guyana, el aborto es legal, pero no se realiza en hospitales públicos, con lo cual el acceso es limitado.

Según un estudio del Instituto Guttmacher, se estima que, en el período 2010–2014, ocurrieron anualmente unos 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe, un aumento respecto a los 4.4 millones ocurridos durante 1990–1994. Y que en la actualidad, el 97 por ciento de las mujeres que viven en América Latina no tienen acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Esa historia, lo sabemos, está empezando a cambiar.