"Hay una resistencia feroz para discutir la Ley de Humedales por parte de la oposición"

“Es sistemático. Frente a cada proyecto que trata de ampliar derechos y mejorar las condiciones de vida de la gente, siempre aparece una posición de rechazo. Hay una resistencia feroz para discutir la Ley de Humedales por parte de la oposición. Piensan que vamos en contra del desarrollo del país, que los humedales son un par de charcos de agua. Hay una mirada de desprecio hacia esta agenda que pone la cuestión ambiental como una cuestión social, y discute cuán justo es que los sectores concentrados del poder sean los que definen qué se hace y qué no en el territorio. 

Trabajan más para la especulación y la acumulación que para la redistribución de las riquezas. Son minoría pero cada vez tienen más representación en el Congreso. No puede ser que los empresarios tengan más voz que los ambientalistas, que los pueblos originarios y los trabajadores de la economía popular. No es casualidad la situación en la que nos encontramos. Todos los días trabajamos para que esto sea distinto. 

El año pasado, organizaciones de la sociedad civil, grupos de asesores, especialistas, profesionales y expertos de universidades nacionales desarrollamos un trabajo muy profundo para presentar un texto unificado con un apoyo transversal de buena parte de los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados; que tuvo dictamen el 20 de noviembre. Lo que resta es un trámite parlamentario que tiene tres comisiones más que deben opinar al respecto para que se pueda obtener una orden del día y que de esa manera el proyecto esté en condiciones de ir al recinto y discutirse la media sanción en Diputados. 

En la Argentina hace más de 10 años que se viene discutiendo la Ley de Humedales. En el 2020 se discutió por primera vez este tema solapándose con una emergencia ambiental producida por incendios en todo el país. Esta ley no pretende ser ni un escudo ni una solución mágica, espontánea e inmediata para ninguna de las actividades humanas que van en detrimento del ambiente. No viene a solucionar estas cosas, sino confundimos para qué sirven las leyes de presupuestos mínimos ambientales y cuáles son los objetivos que persiguen.

Hay una confusión muy grande respecto a que la ley pretende ser una suerte de abolición de las actividades productivas en nuestro país: la ganadería, la agricultura, la minería, el desarrollo inmobiliario, la industria forestal, etc. Y nada más lejos de la realidad: lo que establece la ley es una serie de instrumentos de política pública para que lo que se haga con los humedales sea compatible con el ecosistema y se mantenga la integridad y la funcionalidad ecológica. Es decir que los humedales hay que usarlos, pero ese uso -en diferentes formas, momentos del año dependiendo de los regímenes hidrológicos y climáticos-, debe ser racional y sostenible. No se trata solamente si la minería se hace o no donde hay un glaciar. 

Lo que viene pasando sistemáticamente es que la construcción de las propuestas para tener la ley se dan de forma muy sectorial, se plantea la discusión desde el ambientalismo de cara a la sociedad y no nos damos cuenta que la ley afecta a un porcentaje importante del territorio –se calcula que el 21% del suelo nacional tiene humedales-. Si no construimos colectivamente y de manera transversal qué tiene que pasar donde hay humedales, nos vamos a encontrar con conflictos socio territoriales a la hora de implementar las disposiciones que tiene la ley. Hay una ilusión social de que el Congreso funciona como si fuera un termómetro, al ritmo de la calle.

El Congreso tiene una facultad reservada de dictar normas de presupuestos mínimos que luego van a ser complementadas por las provincias y las jurisdicciones para que se alcancen estándares de política pública ambiental; y que de esa manera los diferentes ecosistemas puedan quedar bien gestionados. No solo existen leyes de presupuestos mínimos para ambientes como los bosques y los glaciares. También existen leyes para los residuos y la educación ambiental.