Sostenemos que institucionalmente la Ciudad de Buenos Aires está capturada por el poder inmobiliario. Tenemos una Legislatura que sólo trata los proyectos inmobiliarios que le interesa al sector que elige los temas... ¡y la velocidad con que se tratan! Los cuatro proyectos mencionados en cinco días quedaron listos para ser votados. El tratamiento fue totalmente exprés. Y todo esto después de haber vivido cuatro audiencias públicas, una con cada proyecto, donde del 98 al 100 por ciento se opuso a que se avance con estos proyectos de especulación inmobiliaria. 

Son proyectos que no tienen ningún tipo de fundamento urbano ni ambiental. Están únicamente orientados a garantizar mayor estabilidad inmobiliaria a las grandes empresas. La Legislatura aprueba excepciones inmobiliarias, pero no discute normativas urbanísticas para mejorar el bien común y el ambiente urbano. Y está autorizando a aquellas empresas que tienen plata a construir edificios. Eso trae impactos negativos: colapso de los servicios públicos, destrucción de la identidad de los barrios, desplanificación de la Ciudad. Y lo más importante: vamos a perder grandes sectores de la Costanera porteña.

¿Tenemos que seguir expandiendo Puerto Madero hacia el norte y el sur? ¿O tenemos que cumplir con la Constitución y con lo que venimos soñando hace tiempo: tener un parque ribereño en la Ciudad que nos permita recuperar la mirada al río? Claro que la mirada al río se va a recuperar, pero para unos pocos, para aquéllos que vivan en las torres. Ni siquiera sabemos si va a ir a vivir gente, te venden que se están construyendo viviendas, pero lo que nosotros vemos son activos financieros inmobiliarios, un lugar donde depositar los grandes ahorros de las empresas, un lugar para blanquear, para perpetrar el extractivismo urbano para alta rentabilidad. 

El Gobierno piensa que los suelos que no están construidos, están subutilizados, abandonados. En estos 14 años en la Ciudad han privatizado más de 150 hectáreas de espacios verdes. Hoy se habla de que hay seis metros cuadrados de espacio verde público por habitante: es un saqueo.

De esa cifra, el 40% son espacios verdes “truchos”: bulevares, plazas segmentadas, trazas verdes de estacionamientos subterráneos, veredones, bajo-autopistas. Los espacios verdes, por ley, tienen que ser públicos. Si te cobran para ingresar no es un espacio público. Hay una falla también en el indicador de proximidad: la población tendría que tener espacios verdes a por lo menos 400 metros de su vivienda, y eso no sucede. Es un mandato legal que está en el Código Urbanístico y no se cumple.