La ciencia no avala la megaminería
por Revista CítricaFotos: Alejandra Guerra / Luan colectiva
02 de diciembre de 2020
El Gobierno de Mariano Arcioni adulteró estudios científicos para justificar el avance minero, pero diversas investigaciones le dan sustento a la negativa del pueblo chubutense.
Desde hace varias semanas las calles de Chubut están llenas de todo un pueblo que le dice no a la megaminería, sin embargo, el Gobernador Mariano Arcioni hace oídos sordos y pretende avanzar con su proyecto de zonificación (para establecer áreas de explotación minera) que será tratado en una sola comisión antes de ingresar al recinto legislativo. En tanto, el proyecto presentado por la segunda Iniciativa Popular, que juntó más de 30 mil firmas oponiéndose a la megaminería, deberá pasar por dos comisiones y no tiene fecha prevista para su discusión.
La Iniciativa Popular por una ley contra la megaminería en Chubut es impulsada por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH), que engloba asambleas de toda la provincia. El texto del proyecto de ley fue redactado por las propias asambleas, en colaboración con reconocidos abogados ambientalistas. Este proyecto tiene el acompañamiento de grupos ambientalistas, organizaciones sociales, sindicatos, cultos religiosos y espacios académicos.
Integrantes del Centro de Investigación de Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP) también se pronunciaron en contra del proyecto de Ley 128/20 de zonificación minera, explicando las graves consecuencias que traería tanto para la población como para el medio ambiente y, además, denunciaron que una investigación científica fue alterada por el Gobierno para utilizar argumentos científicos en defensa del proyecto impulsado por el gobernador Arcioni.
El investigador del Conicet Guillermo Velázquez vio ultrajado su proyecto de investigación y de él se extrajeron argumentos para defender el proyecto de zonificación minera que busca avanzar en Chubut. Sobre la utilización de su trabajo para avalar el extractivismo, Velázquez había dicho que “usan esto para la impunidad empresarial, para engañar la opinión pública y lavar la imagen de la minería, que en todos los lugares donde está es una cosa espantosa, absolutamente indiscutible”.
“Si el agua que va a escasear de acá a no muchos años, la pregunta que debemos hacernos es: ¿el agua va a ser para las mineras o va a ser para la población?”
Susana Rizzuto es investigadora en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNYCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, doctora en Biología, docente desde hace más de 23 años e integrante de CIEMEP.
Señala: “Adulteraron una información del Conicet donde alteraron los datos que dan a conocer, como que aumentaría la calidad de vida si las poblaciones de la meseta tuvieran actividad minera. Es de un grupo de trabajo que se encuentra en Tandil, que son geógrafos y trabajan en temas de calidad de vida, con un índice que combina indicadores socioeconómicos y ambientales con respecto a la minería en general, y que claramente señala que no mejora la calidad de vida o el desarrollo”.
No es la primera vez que se intenta imponer la megaminería en Chubut. En 2003, cuando apareció la opción de desarrollo megaminero en Esquel, un grupo de investigadores del Conicet alertaron a la comunidad sobre el daño ambiental que causaría. La población tomó conciencia de las consecuencias y a través de un plebiscito dijeron no a la megaminería.
Rizzuto se refiere a las consecuencias que trae la actividad extractivista en lugares del país donde ya se ha implementado: “La mayoría de nosotros somos biólogos, ecólogos, y sabemos que hay otras alternativas a la megaminería en la provincia. Ya tenemos proyectos extractivos, como el petróleo, donde en los más de 100 años que lleva Comodoro Rivadavia con esta actividad, no han hecho una refinería de petróleo que agregue valor a lo que sacamos de esta actividad, que es súper extractivista. Utiliza muchísima agua en zonas donde no hay agua”.
Por su parte, Bianca Cortese, licenciada en Biología con orientación Ecología, a punto de finalizar su doctorado en Ciencias Naturales con especialidad Limnología, asegura: “La ley 5001 prohíbe la actividad de minería metalífera en su etapa de explotación y, justamente, el proyecto del gobernador Arcioni lo que plantea es tanto exploración como explotación, además se llama ‘desarrollo industrial minero metalífero sustentable’, para lo cual nosotros comprendemos que no existe un tipo de minería sustentable si no hubo una consulta previa, y si ni siquiera existe hasta el presente una aceptación popular, una licencia social por parte de la provincia”.
Una investigación científica fue adulterada por el Gobierno de Chubut para extraer argumentos a favor de la megaminería.
Cortese explica que existen razones académicas y científicas por las cuales lxs investigadores se oponen a la magaminería. En un trabajo realizado este año, se ha estudiado bajo diferentes niveles climáticos relacionados al cambio climático (algo que ya está ocurriendo) cómo la cuenca del río Chubut, el único de la provincia que atraviesa de este a oeste, se vería totalmente afectada por la zonificación.
La investigadora explica: “Se pudo observar cómo la cuenca quedaría en la zona intangible de la zonificación. Sin embargo, la zona de amortiguación, que es la zona intermedia entre la intangible y la zona de explotación, son solamente 5 kilómetros. Y si pensamos los tipos de explotaciones que puede llegar a generar este tipo de movimientos de tierras, porque debajo de los ríos hay acuíferos, todo el desastre ambiental que puede llegar a generar y, por supuesto, que va a afectar el agua. Estos modelos climáticos que se suponen de acá a 30 años, dieron como resultado que el río Chubut, por cambio climático de por sí, va a empezar a disminuir su caudal, es decir, va a haber un déficit hídrico hasta en un 40%. Y si a eso le sumamos que la estepa de por sí es un ambiente árido, empobrecido, más la megaminería, es lógico pensar por qué no tienen licencia social”.
Por otra parte, la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales (UNP - Sede Trelew) también comunicó que la zonificación no solo afectaría al acuífero Sacanana (según estudios preliminares, podría abastecer a 300.000 habitantes por 100 años), sino que también afectaría a todas las cuencas hidrosociales de la región.
“Si el agua que va a escasear de acá a no muchos años, la pregunta que debemos hacernos es: ¿el agua va a ser para las mineras o va a ser para la población?”, dice Cortese. “Por eso siempre se insiste tanto con el lema ‘el agua vale más que el oro’. Porque realmente consideramos que es así y porque es un recurso natural que al paso en el que vamos no va a ser renovable”. Las proyecciones científicas realizadas con modelos climáticos indican que la cantidad de agua alcanzaría una disminución del orden del 40% hacia finales de siglo, en un contexto de cambio climático que se agudiza.
Cortese desmiente además otros de los mitos creados en relación a los supuestos beneficios que traería la megaminería, relacionado con la generación de empleo. De acuerdo a datos provenientes del Ministerio de Trabajo y el Indec, el empleo que genera esta actividad es realmente muy bajo. “El valor bruto de producción total en Argentina desde el año 2004 hasta el 2018 de megaminería, fue un 0,49%, cuando en realidad la ganadería, la agricultura, la silvicultura, y la caza, que son actividades que se vienen desarrollando en la región y que son parte incluso de la cultura de los pueblos, es de un 6,95%”, explica.
"Tenemos argumentos para considerar que la megaminería no tiene licencia social en Esquel, Puerto Madryn, Paso del Sapo, ni en ningún lugar de todo Chubut"
También desmitifica “el hecho de que el oro es uno de los minerales que deben estar en la industria para el desarrollo productivo de una región”. Explica: “Un porcentaje bastante grande de oro que se utiliza es reciclado y lo que se sabe es que, en realidad, particularmente el oro (aunque este tipo de emprendimientos busca extraer también plata, plomo y uranio), queda para las grandes empresas, para el FMI y para la especulación financiera, y no para el desarrollo técnico de un lugar”.
Recuerda los “desastres ambientales que pueden llegar a ocurrir”, como por ejemplo “lo que pasó en 2015 en la mina Veladero de San Juan, con el resultado de 15.000 litros de agua cianurada en el río Potrerillos” o, más recientemente (enero de 2019), “los 300 muertos que dejó el colapso de un dique de cola en Brumadinho, Mina Gerais, Brasil”. “Son todas catástrofes”, advierte.
Agrega: “Si encima tenemos en cuenta que los diques de cola tiene un componente líquido y que en la estepa hay heladas casi continuas, aunque los hagan de hormigón podrían generar desastres ambientales catastróficos. Entonces, de antemano, consideramos que el proyecto de ley presentado por el gobernador Mariano Arcioni es antidemocrático totalmente, clandestino y ni siquiera debía ser tratado en la comisión. Por supuesto, tenemos argumentos para considerar que la megaminería no tiene licencia social en Esquel, Puerto Madryn, Paso del Sapo, ni en ningún lugar de todo Chubut”.
¿Cuáles son las alternativas? “Hay actividades que sí son sustentables, por ejemplo, el apoyo al emprendedurismo, justamente reciclar minerales a partir de equipos electrónicos o electrodomésticos. Debe ser parte de una política pública que apoye este tipo de actividades y no que apoye a los inversores trasnacionales que negocian con un país que no está ni siquiera al mismo nivel de desarrollo que ellos, que tienen yacimientos de metales en sus países, solo que sus regulaciones ambientales son mucho más específicas y estrictas que en el nuestro. Por lo tanto, les conviene ir a otros países, además de que el porcentaje de regalías que dejan acá, del 5%, es muy bajo”.
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