Cuando el territorio es piel, el monte no se toca
En un acampe de protesta contra la Autovía de Punilla, en Córdoba, hubo un violento operativo policial de madrugada. Una lucha territorial que lleva varios capítulos, con el Gobierno provincial atendiendo los negocios privados y dándole la espalda a la participación ciudadana.
La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el ambientalismo cordobés.
Eran las 3:40 de la madrugada de este martes 10 de mayo cuando, desde el acampe en la Ruta Nacional 38, lxs vecinxs del Valle de Punilla comunicaron a la población que la Policía e Infantería de la provincia de Córdoba había perpetrado un desalojo violento y sorpresivo en medio de la noche, echando a la fuerza a nueve personas sin permitirles retirar ninguna de sus pertenencias, sin calzado ni abrigo.
Desde el viernes pasado distintas organizaciones estaban sosteniendo una protesta en la ruta, a la altura del ingreso del Camino La Candelaria, a pocos metros del ex peaje de Molinari. ¿El motivo? Frenar el proyecto de la Autovía.
“Las personas estamos sin heridas graves pero en estado de shock psíquico por el maltrato y agresividad. Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle. Policías varones agarraron violentamente a mujeres, no mostraron ninguna orden de desalojo, no hubo posibilidad de diálogo, esto es totalmente fuera de la ley”, transmitieron las organizaciones por medio de un comunicado.
Hace varios años que los habitantes de este suelo se enfrentan al proyecto de obra de la Autovía, básicamente porque no cumple con las leyes ambientales vigentes, porque arrasa sobre el monte nativo con topadoras y camiones y porque pone en riesgo a las poblaciones y debilita a una de las fuentes de agua más preciadas de Córdoba: la cuenca del Río Yuspe.
La Autovía hacia el desmonte
En las últimas horas, en Punilla, las organizaciones habían encendido el alerta sobre el accionar de la Policía en el lugar del acampe, impidiendo la libre circulación y amedrentando con su presencia una medida pacífica. De hecho, presentaron un Hábeas Corpus preventivo –rechazado por la Justicia– con la premisa de proteger a las personas que ejercen su derecho a la protesta.
Luego del desalojo la Policía cercó la zona y rodeó a los manifestantes, que debieron refugiarse varias horas por temor a sufrir represalias. Recién pasado el mediodía de hoy pudieron salir de la zona militarizada, gracias al acompañamiento de vecinxs que se acercaron a la Ruta 38 para visibilizar lo ocurrido.
“Nos reprimieron. Nos desalojaron ilegalmente. Fue totalmente innecesario y fuera de lugar”, expresaron algunas de las personas a quienes les tocó vivir esta pesadilla. “Somos nativos de acá. La Policía tiene que hacerse responsable del daño ocasionado sobre nuestra integridad física y emocional. Volvemos a sufrir lo mismo que sufre nuestra Pacha. Así como pasan las topadoras, con ese atropello sobre nuestros cuerpos y territorios”.
María, quien milita por el cuidado del medio ambiente, dice: “Somos defensores del monte. Tenemos derechos. Es nuestro deber cuidar los cursos de agua para nuestro futuro. La ciudadanía no necesita esta Autovía, que va a generar más destrucción que beneficios. Algunos piensan que uno de los beneficios es llegar más rápido a algunos lugares, nosotros sostenemos que no vamos a tener adónde llegar porque esta Autovía va a arrasar con lo poco que queda, con lo poco que no arrasó el fuego. Nosotros no somos delincuentes, no queremos tener problemas con la Policía, no nos interesa. Pero nos empujan a eso. Estamos defendiendo el agua de nuestros hijos, en estos tiempos se está criminalizando mucho la denuncia ambiental. Somos un montón y necesitamos ser muchos más”.
Los espacios y organizaciones que forman parte de esta lucha denuncian que el estudio de impacto ambiental está incompleto, además de acumular irregularidades y violaciones a normas. Por eso fue denunciado y rechazado por un 90 por ciento de la ciudadanía en las audiencias públicas.
Falencias, irregularidades y falta de participación ciudadana
El conflicto por la construcción de una Autovía sobre las sierras cordobesas se plantea en 2017, con un primer tramo consumado que implicó un daño enorme en la localidad de San Roque. Luego, la Provincia presentó un segundo tramo que pretendía construirse violentamente sobre la montaña, una opción que también fue rechazada por la ciudadanía en una audiencia pública en 2018. Aquel movimiento se conoció como el “Punillazo”.
Marcela Fernández es abogada y, desde aquel entonces, acompaña a las familias en la defensa del monte y la vida. “Ese proyecto –del 2018– quedó en suspenso por implicar un gran daño ambiental en las laderas de las sierras, en los bosques nativos y, por sobre todas las cosas, por la presencia de uranio en la zona de Cosquín, que no había sido tenido en cuenta por quienes habían hecho el estudio de impacto ambiental. Entonces se acuerda diagramar una nuevo tramo con participación ciudadana para que los vecinos puedan ser parte de ese ordenamiento territorial tan reclamado desde hace muchos años”.
No obstante, al día de hoy la participación de los habitantes del monte no llega. O llega de manera sesgada. Situación que no respeta lo que pregona el Acuerdo de Escazú con respecto a la justicia ambiental, a la información pública y la participación ciudadana.
¿Quiénes están detrás de todo esto? “El Gobierno provincial, a través de la empresa estatal Caminos de las Sierras S.A. A su vez, licitan y ganan empresas como Paolini Hermanos S.A. y Chediack. Las licitaciones tampoco fueron claras. Los manifestantes no pudieron ingresar al acto licitatorio”, denuncia Fernández.
La abogada dice: “La Provincia no convoca a través de los mecanismos de participación para elaborar o buscar alternativas de mejoramiento de las vías existentes, porque hay una Ruta Nacional que existe pero que fue abandonada a propósito todos estos años para que después se demande la construcción de una vía alternativa. Durante todo este tiempo presentamos los escritos judiciales con las distintas falencias que tenía este proyecto, en una acción de amparo ambiental. Sin embargo, nunca fue concedida una medida de acción cautelar”.
"Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle. Policías varones agarraron violentamente a mujeres, no mostraron ninguna orden de desalojo, no hubo posibilidad de diálogo, esto es totalmente fuera de la ley".
Leyes vulneradas y voces silenciadas
Los espacios y organizaciones que forman parte de esta lucha denuncian que el estudio de impacto ambiental está incompleto, además de acumular irregularidades y violaciones a normas. Por eso fue denunciado y rechazado por un 90 por ciento de la ciudadanía en las audiencias públicas. El estudio tampoco valoraba las cientos de miles de hectáreas quemadas por los incendios forestales que golpearon a Córdoba durante los últimos años.
Fernández pone contexto: “Estamos tratando de recuperar las cuencas y toda esta fragilidad hídrica que tenemos porque somos una provincia semiárida y dependemos de nuestros bosques que son los que le permiten al suelo acumular agua, le dan humedad y evitan que se erosione fácilmente y termine depositado en los fondos de los ríos y los lagos. O directamente diseminado. Este proyecto de Autovía no solo les deja el pasivo ambiental a las próximas generaciones, sino una deuda monstruosa en millones de dólares que pagarán ellos y el sacrificio del pueblo”.
Puntualiza: “Hay una gran falencia que es no haber hecho un estudio de impacto ambiental acumulativo, es decir, de todos estos tramos que tiene la Autovía, sumados y analizados en el tiempo, cómo pueden afectar la cuenca hídrica todos estos desmontes que implicarían los tramos de la autovía. Todo ese estudio global no se hizo, es una de las principales razones por las que la obra sería ilegal. No está analizado ese efecto”.
A esto se le suma que este tramo que se pretende construir por el oeste, atraviesa zonas riquísimas en bosques nativos y en patrimonio arqueológico de la provincia de Córdoba. Tampoco se recabó el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias y campesinas que habitan estos territorios, tal cual indican los tratados internacionales, y el convenio 169 de la OIT. Tampoco se realizaron correctamente los estudios sobre los importantes desmontes que implicaría la obra, ni se cumplieron con los parámetros que impone la propia Ley de Bosques.
“Cuestionamos que elijan las peores opciones, porque existiendo otras alternativas se decide atravesar zonas de bosque protegido, 22 cursos de agua que están en áreas declaradas como reservas ecológicas y naturales”, denuncia la abogada.
Sobre los criterios de participación: “En esta oportunidad se convocó a una audiencia pública y sólo se inscribió a la gente que tiene la categoría de ciudadano digital. Acá no todas las personas somos iguales, hay quienes tienen los privilegios de tener una computadora, conexión a internet y de haber tramitado una clave, una figura que instauró el Gobierno provincial desde hace ya algunos años. Esa participación también se vio cercenada porque no se subió todo el material del estudio de impacto ambiental, todos los anexos quedaron sin publicar en la página web. Eso fue certificado por escribano público e incorporado al amparo. Pero fue absolutamente ignorado por el Tribunal Superior el año pasado, cuando pedimos la suspensión de la audiencia hasta que no se regularicen todas estas cuestiones”.
A este proyecto de la Autovía de Punilla se le suma la amenaza latente que representa la traza de la Autovía de la Ruta 5 –de unos 28 kilómetros de extensión–, en el Valle de Paravachasca. Allí, 30 km al sur de la capital de la provincia, viven alrededor de 70 mil personas. En esa zona también, hace no mucho, los vecinos y las vecinas que se oponen al extractivismo voraz y el abuso de poder, plantaron un acampe en defensa del monte al costado de la ruta y fueron desalojadxs –con un amplio despliegue de las fuerzas policiales– por considerar que estaban cometiendo un delito.
¿Cuál era el delito? No permitir que avancen las topadoras sobre lo poco de tierra viva que les queda. Que nos queda.
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