Juicio Rafael Nahuel VII: en el país de no me acuerdo

Gioia Claro-Roxana Sposaro. Cobertura colaborativa Revista Cítrica, Infoterritorial y Radio Zona Libre.

La primera noticia de la octava semana en el juicio donde se deben establecer las responsabilidades por el fusilamiento de Rafael Nahuel la dieron los jueces a cargo del debate, Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, quienes definieron para el 24 de octubre la realización de una nueva inspección ocular en el territorio de Villa Mascardi donde ocurrieron los hechos. 

De la misma participarán, por un lado, dos de los cinco Albatros imputados (Sergio García y Juan Obregón) con sus respectivas defensoras y, por otro, los representantes de las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, junto a los tres testigos mapuche que estaban junto a Rafa en la montaña (Fausto Jones Huala, Lautaro Gonzalez y Johana Colhuan, prima de Rafa), además de víctimas y sobrevivientes del megaoperativo que culminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche.

El fiscal Rafael Vehils Ruiz fue quien solicitó la medida en la audiencia del 5 de septiembre y contó con la adhesión de todas las partes, salvo el defensor Marcelo Rochetti quien se opuso por considerarla “extemporánea e innecesaria”, y quien anunció este martes que sus defendidos, los Albatros Javier Pintos, Carlos Sosa y Sergio Guillermo Cavia -quien llega a este juicio como autor del disparo letal-, no asistirán al mismo, sin ofrecer argumentos al respecto. 

El Estado que mata y desaloja

Después del homicidio de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017, la Lof Lafken Winkul Mapu volvió al territorio reivindicado. Casi 5 años después, el 4 de octubre de 2022, otro brutal desalojo en el lugar destruyó las casas y pertenencias de las familias que allí vivían, deteniendo a las mujeres y niñxs con mucha violencia; incluso una mujer mapuche debió dar a luz privada de su libertad. Cuatro de las siete mujeres detenidas ese día estuvieron 8 meses en prisión, por un delito excarcelable, y continúan judicializadas bajo una “libertad” condicionada.

El Comando Unificado, esta vez a cargo de Anibal Fernandez, Ministro de Seguridad de la Nación, logró lo que Patricia Burllich no pudo. Hace un año el territorio sigue militarizado, custodiado por Fuerzas Federales. No hubo avances significativos en el acuerdo firmado entre comunidades Mapuche y el Gobierno Nacional para preservar el Rewe, sitio sagrado, y la Machi (autoridad espiritual) Betiana Colhuan y su comunidad aún no pueden retornar como fue acordado. 

La palabra de los testigos

El juicio está entrando en su etapa final. Ya terminaron los testigos de las querellas y comenzaron los propuestos por la fiscalía y defensas.

Este martes brindaron su testimonio cuatro testigos oculares, desistidos por la querella de la APDH y la Secretaria de DDHH de Nación pero requeridos con insistencia por parte de la Fiscalía Federal.

El primero en declarar fue Pablo Javier Curlo, administrador de un camping, quien el sábado 25 de noviembre de 2017 regresaba por la ruta 40 de una excursión de rafting con un grupo de adolescentes cuando se encontraron con el corte de ruta realizado por las fuerzas federales en el marco del operativo. “Nos tuvimos que detener porque un efectivo de la Policía de Río Negro nos hace señas. Acto seguido se escuchan disparos. Se escuchaban gritos de gente, arriba de la montaña”. 

“Que dejen de tirar, que mataron a uno, que había mujeres, que había niños”, recordó. “Los disparos eran constantes”. En otra parte de su relato, comentó que “por esos días era bastante común en la zona” que distintas fuerzas de seguridad realizaran controles, revisando vehículos y pertenencias y pidiendo los datos, papeles y documentos.

“Luego vi cuando bajaron al muchacho, que luego nos enteramos que había un fallecido y era él, que lo bajaron estas dos personas en una especie de camilla, como podían y lo depositaron a un costado de la banquina… Mi atención estaba entre lo que estaba pasando y los chicos que tenía atrás mío, que eran todos adolescentes. Recuerdo haber subido la música, reggaeton y esas cosas, para que no escuchen los disparos”. 

Curlo, que declaró de manera virtual, también replicó en cámara la posición de los efectivos apostados en la ruta, apuntando con armas largas hacia la montaña. “Luego de varias horas nos dejaron avanzar y un poco más adelante nos hicieron una requisa, casi seguro que era Gendarmería, que nos revisó todo el vehículo, se subieron a la camioneta, una actitud bastante intimidatoria para los pibes que estaban con bastante preocupación…”.

En el mismo sentido declaró Alejandro Cesar Moller Poulsen, guía de Rafting que retornaba de una excursión, refiriendo al despliegue de las fuerzas federales sobre la ruta 40, “apuntando con sus armas largas hacia la montaña”. 

El siguiente en declarar fue Pablo Camargo, otro testigo circunstancial de lo que sucedía en las inmediaciones de la ruta 40. Él estaba con su hija de 15 años en uno de los vehículos frenados por el corte de ruta: “Se escuchaba gritar, sobre todo mujeres, y llantos, que no disparen.” “Estaban todos en fila, se vio como que se llevaban un bulto, ahí dobla la ruta y no lo vi más”. 

¿El “bulto” que menciona dónde estaba?, le preguntó el fiscal. “Estaba abajo de ellos y no me di cuenta hasta ese momento que estaba ahí. Lo trasladaban las mismas personas que estaban ahí en el medio de la ruta”, respondió Camargo.

El fiscal refirió un olvido y solicitó que se lea al testigo su primera declaración del 14 de diciembre 2017: “Vi que había algo en el piso sobre la derecha de la banquina, me pareció que podía ser un cuerpo. Lo terminó de confirmar cuando lo agarran entre 4 y lo llevan primero al otro lado de la ruta y después lo movieron de nuevo, alejándolo”. 

Luego de la lectura Camargo aclaró: “La verdad que no lo percibí hasta que lo cargaron y la sensación fue que se lo llevaban alejándolo. Recuerdo que estaban todos uniformados. Se lo llevaban, incómodamente, como algo que implicaba cierto esfuerzo”.

Jorge Fernando Aparicio relató que fue convocado por la PSA como testigo para realizar el desarme de armas y explicó el procedimiento realizado. “Se desarmaban las armas y se contabilizaba el faltante de municiones. No nos dieron un inventario de cuántas municiones tenían al inicio, pero sí se contabilizó el faltante”.

El eterno retorno de la teoría policial

El día miércoles, en la segunda jornada del juicio, miembros policiales volvieron a la carga con la teoría del “enfrentamiento”, a pesar de que las únicas “pruebas presentadas” que lo afirman son las palabras replicadas por los imputados. El fiscal auxiliar Juan Manuel Gracia Barrese aportó su parte durante el debate.

La audiencia comenzó con la declaración de Jorge Eduardo Saez, miembro de la Policía Federal Argentina que custodiaba la entrada del predio luego del desalojo. Relató que la tarde del 25 de noviembre bajaron de la montaña un par de personas gritando: “Gritos como cánticos, no sé si son exclusivamente mapuches o qué, pero eran gritos” , refirió. Ante esto decidió correr el móvil que estaba justo en la entrada, unos 100 metros al sur, y cortó la ruta.

El fiscal lo interrogó acerca de si alguno de los miembros de Prefectura que estaban en el lugar hicieron alguna manifestación de lo que había sucedido.Saez respondió que no. El fiscal le marcó una contradicción leyendo la declaración de primera instancia realizada por el testigo en diciembre del 2017: “Pasados unos minutos comienzan a bajar varios prefectos del predio y por dichos nos comentaron que personas de la comunidad mapuche les habían disparado, que había habido un enfrentamiento”.

“¿Recordás esto?”, insistió el fiscal. “No (...) Y  no me acordaba que había declarado ya, la verdad que eso que declaré en ese momento no lo recuerdo”, respondió el testigo.
Luego llegó el turno de Jose María Piazza, oficial Jefe retirado de la Policía Federal Argentina.Al principio, su declaración pareció ser la de un despistado turista extranjero que se perdió en la montaña :“Ni siquiera sé porque me están citando”, refirió.

Pero cuando el fiscal intentó ponerlo en contexto, lo interrumpió:“¿Cuál es? ¿El que tomó conocimiento en los medios? ¿Un enfrentamiento con Prefectura?”. “Sí, ése”, respondió el fiscal.

Piazza, por entonces en funciones, participó del desalojo del 23 de noviembre: “Al momento de ingresar al predio, mucha de esa gente que habitaba ahí salió corriendo hacia la montaña, hacia la cumbre de ese cerro y se desalojó lo que había al inicio del predio”.

A su vez, afirmó que el conflicto no pasó a mayores: “Arrojaron objetos contundentes, piedras, pero no más que eso.” Recordó que del personal a su cargo no hubo gente herida ni lastimada, ni que haya recibido disparos de armas de fuego, y que ellos tampoco dispararon balas antitumultos.

Luciano Ismael Parra custodió junto a Saez la entrada en la ruta 40; también sostuvo no haber escuchado disparos y detonaciones. Gran parte de su testimonio fue en base a lo escuchado en las modulaciones por handy de las fuerzas. “Como siempre anunciaban que había gente nos quedamos tranquilos hasta que en un momento escuchamos que estaban en un enfrentamiento (...) Personal que estaba de Prefectura, que estaba en un hotel en inmediaciones al lugar donde estábamos parados nosotros, pasaron corriendo, fue lo único que vimos”, aportó el policía federal.

Prosiguió contando que pasados 15 o 20 minutos vieron cómo bajaba gente gritando con una persona en brazos y que con el efectivo que lo acompañaba se subieron al móvil y se alejaron para cortar la ruta. “Se acerca la ambulancia y es poco lo que veo porque estábamos aproximadamente a 100,200 metros del lugar donde paró la ambulancia, entonces más que eso no puedo, no recuerdo haber visto”. 

Jerónimo Avelino Colitripay, policía de la provincia de Rio Negro, comenzó su declaración interrogado por el Fiscal Barrese, que le preguntó por su intervencion el día de los hechos. Colitripay respondió: “¿Intervención? Si me dice el hecho puntual. ¿El del día del tema del “enfrentamiento”?

Fiscal Barrese- Sí, exactamente el enfrent... .(se traba, se corrige) ocurrió ese día, el 25 de noviembre 2017, en un predio que estaba ocupado en esa zona, dígame usted si recuerda algo”. 

Colitripay- Si es puntual del hecho que pasó, ¿del “enfrentamiento” que hubo de Prefectura con con los mapuches, me dice usted?

Fiscal- Sí,eso.

Colitripay- Ah no, intervención nosotros no tuvimos ahí porque hasta ese entonces estaban las fuerzas federales ahí en la zona.

Colitrpay declaró que en el momento del homicidio de Rafael Nahuel se encontraba haciendo prevención por la zona del camino al Camping Los Rápidos, a unos 15 km de Villa Mascardi, cuando le avisaron por vía radial que había habido un “enfrentamiento”. 

Llegó a Villa Mascardi unos 20 minutos después de sucedidos los hechos y se comunicó con el jefe de la Unidad 42, quien le respondió que ya tenía conocimiento y le pidió que lo espere en el A.C.A hasta que él llegara. “Al rato nomás, los minutos, llegó él con el jefe regional y el jefe de Policía. Así que ésa fue nuestra intervención ahí en ese momento”.

Un Rivotril para pasar las declaraciones

Ricardo Enrique Rizzo, es arquitecto y fue testigo de actuación. Declaró que al momento de los hechos estaba de paso en el lugar donde trabajaba, el A.C.A cercano al predio desalojado. Que allí se presentó el Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió si podía usar las instalaciones de la estación para tomar declaraciones, huellas, armas y pertenencias de los prefectos. Allí se realizaron diligencias que posteriormente formarían parte fundamental de las pericias. 

El testigo relató que les dio bolsas de papel y de residuos para las mismas, ya que la PSA no contaba con el material necesario para la actuación, y papel de diario para tapar las ventanas de la cafetería de la estación de servicio. Recordó que cuando, en el baño, le tomaron las huellas digitales a los prefectos, “sólo les tomaron de algunos dedos porque no llegaban con el material para todos”.

Rizzo señaló que se negó a firmar un acta que le había pedido el jerarca de la PSA.

“En el acta decía que había un muerto, que había venido en ambulancia”, y detalla : “Yo le comenté que eso no lo firmaba porque yo todas esas cosas que él manifestaba en el acta no las había visto, ni mi compañero que estaba ahí las habíamos visto”. Entonces, “un poco enojado”, hizo hacer una posdata, “varios renglones donde informaba que yo solamente había estado en el lugar permitiéndole el uso de las instalaciones y que había visto hablar a los prefectos, que no se escuchaba lo que decían, con los funcionarios, y entregando sus celulares y sus armas”.Finalmente firmó el acta con la corrección mencionada.

El último testigo de la semana fue Sergio Omar Torres, enfermero del Hospital Zonal de Bariloche. El sábado 25, ante el aviso de un herido de arma de fuego en la zona de Mascardi, se trasladó en la ambulancia del hospital, junto a un médico y el chofer. Contó que pudo ver cómo varias personas descendieron un cuerpo pero no recuerda qué pasó con ellas ya que se dedicó exclusivamente a revisar a Rafael Nahuel, de quien constató su fallecimiento.

Sostuvo no haber visto otra persona más con heridas de arma de fuego ni personas heridas de gravedad. Afirmó haber escuchado un par de detonaciones desde la zona boscosa antes de que bajaran el cuerpo. Ante esto el fiscal le marcó un olvido ya que en la declaración testimonial del 2017 detalló haber visto únicamente un cuchillo en el lugar.

“No recuerdo lo del cuchillo, detonaciones sí se escucharon”, reafirmó Torres.

A su turno, Mariano Przybylski, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, insistió ante el olvido del enfermero: “¿Por qué en su declaración cercana al momento de los hechos asevera que no escuchó detonaciones ni disparos y hoy dice que sí?”. El enfermero insistió en que escuchó detonaciones. 

“La memoria puede ir apagándose, no creciendo”, cuestionó Przybylski. El testigo: “Es lo que hoy recuerdo, esto pasó hace muchísimo y es lo que hoy tengo en mi cabeza”.

Marcelo Rochetti, defensor de Carlos Valentín Sosa, Sergio Guillermo Cavia y Francisco Javier Pintos, no estuvo presente en esta jornada. 

La perlita del día la aportó la abogada defensora de Sergio Damián García y Ramón Obregón, Anabella Schmidt, quien se olvidó de apagar el micrófono antes de dirigirse a su colega Alejandra Bussetti: “Tomate un Rivotril antes de responder así, Alejandra”,  pudo escucharse al terminar de declarar el último testigo.