El frágil panorama laboral previo a la reforma de Milei

Lo que dicen los números

Los datos oficiales y los informes de centros de investigación confirman el deterioro. En el último año relevado, el empleo creció, pero lo hizo casi exclusivamente en la informalidad. De las 238.000 personas que se incorporaron al mercado laboral, el 85% lo hizo sin registro ni derechos, según el informe “Análisis de la situación del Mercado de Trabajo al tercer trimestre de 2025” del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La informalidad pasó del 42,6% al 43,3% interanual y ya alcanza a casi la mitad de la fuerza laboral.

El retroceso del empleo formal se explica, en buena medida, por el cierre masivo de empresas desde la llegada de Milei. Entre noviembre de 2023 y julio de 2025 cerraron 18.083 empresas en el país y se perdieron 236.139 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Si se amplía el período hasta octubre de 2025, la destrucción asciende a 21.046 unidades productivas menos y 272.607 empleos formales perdidos.

Los sectores más golpeados concentran buena parte del empleo urbano y asalariado: transporte y almacenamiento, comercio y reparación de vehículos, servicios inmobiliarios, servicios profesionales, industria manufacturera y construcción. En paralelo, el empleo en empresas de más de 200 trabajadores lleva un año sin crecer, con caídas particularmente marcadas en industria y construcción. Según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Capital Humano, el 75% de las empresas atribuye la caída de contrataciones a la baja demanda de bienes y servicios.

El ajuste del Estado aparece como un factor estructural. Durante 2025, el Gobierno nacional ejecutó un 29% menos de presupuesto que en 2023, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo gastó un 74% menos que dos años atrás, según CEPA. La ausencia de políticas de sostenimiento productivo se traduce en cierres, suspensiones y despidos. En noviembre de 2025, los despidos sin causa crecieron un 50% interanual y alcanzaron niveles similares a los previos a la pandemia.

El deterioro también se siente en el consumo y en los pequeños comercios. El Índice de Ventas de Autoservicios Mayoristas registró en septiembre de 2025 una caída interanual del 13,1%, mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas pymes bajaron 1,4% interanual, con derrumbes cercanos al 10% en rubros como textil e indumentaria.

En este contexto, el cuentapropismo crece por necesidad y ya representa el 24,5% del empleo, en su mayoría sin aportes ni cobertura social. Al mismo tiempo, alrededor de un millón y medio de personas permanece desocupada, el 30% de la población busca un trabajo adicional para complementar ingresos y el 77% afirma que su salario perdió contra la inflación, según la consultora Zentrix.

Lo que opina la clase trabajadora

Detrás de estos números hay conflictos concretos. En la imprenta Morvillo de Avellaneda, los trabajadores sostienen la ocupación desde hace casi once meses. Sebastián Rodríguez, secretario general de la comisión interna, explica que presentaron un proyecto de expropiación en la Legislatura bonaerense para garantizar la continuidad productiva, luego de un año entero de gestiones sin respuestas del Ejecutivo provincial. Mientras tanto, avanza un proceso judicial que busca rematar los bienes y dejar a 234 familias sin trabajo ni indemnización.

Rodríguez no duda en vincular su situación con el rumbo general de la economía. Afirma que los cierres de fábricas y los despidos masivos responden a una política económica definida y que el actual gobierno es abiertamente antiindustrial. “Pretenden que esta crisis la paguemos los trabajadores. Es un ataque en regla, una declaración de guerra”, sostiene. En su lectura, el plan económico es inviable y empuja a millones a la pobreza, pero se sostiene por el apoyo parlamentario de fuerzas que se presentan como oposición: “Los trabajadores no necesitamos negociar este ajuste, necesitamos derrotarlo”.

En la industria alimenticia, el conflicto en Georgalos expone otra cara del mismo proceso. Alejandro Martínez, trabajador despedido, relata que cinco empleados fueron echados con causas que considera inventadas tras ejercer el derecho a huelga. Durante las suspensiones masivas, la empresa pagó apenas el 75% del salario y hoy solo algunos lograron reincorporarse. Para Martínez, los despidos disciplinarios no comenzaron con la reforma laboral, pero se profundizan en este clima político. “Las empresas se sienten habilitadas para avanzar sobre conquistas históricas”, advierte.

Desde su experiencia, muchas firmas no atraviesan crisis reales. “Hay baja de ventas, pero no están en rojo. Echan gente para contratar después con otros convenios, esperando la reforma laboral”, explica. La polifuncionalidad, la incorporación de tecnología y el miedo a la persecución funcionan como herramientas de control. “Cuando levantás la voz, te echan. Los sindicatos están callados y la CGT no plantea ningún horizonte de lucha”.

En Jujuy, el conflicto del ingenio Ledesma muestra cómo el ajuste impacta sobre economías regionales enteras. Gonzalo Mercado, trabajador de la planta, señala que en lo que va del año hubo más de 300 despidos y denuncia la complicidad del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail). Cuestiona el discurso empresarial de la crisis y señala que la compañía registra récord de exportaciones y continúa expandiéndose. “Los despidos son para ganar más, no por necesidad”, afirma.

Mercado remarca que muchos de los cesanteados son activistas sindicales y que el impacto va mucho más allá del puesto de trabajo: “Cada despedido tiene familia. Este es un pueblo que vive de la empresa. Cuando echan gente, se cae el comercio y se empobrece toda la ciudad”. Describe un clima de miedo generalizado, migraciones forzadas como trabajadores golondrina y consecuencias extremas, como el suicidio de un compañero joven tras perder su empleo. “Están debilitando los sindicatos desde adentro. Es una bajada de línea nacional”.

El mercado laboral argentino combina hoy más informalidad, menos empleo registrado y un deterioro profundo de las condiciones de trabajo. Los datos muestran la magnitud del ajuste; los testimonios revelan cómo se vive puertas adentro de las fábricas.

El balance es claro: sin políticas públicas activas, con un Estado que se retira y una reforma laboral en debate, el trabajo dejó de ser un factor de integración social y se convirtió en una variable de ajuste. La disputa ya no es solo cuántos empleos hay, sino qué tipo de trabajo y qué tipo de sociedad se está construyendo.