Mendoza en alerta: el lobby minero contraataca

Tras la rebelión popular de diciembre de 2019, en la que se derrotó un nuevo intento por modificar la Ley 7.722, el lobby minero no bajó los brazos y a fuerza de ensayos y errores fue buscando o creando resquicios legales para tratar de imponer sus intereses. De este modo, lograron que le aprobaran etapas de proyectos que preceden a la explotación y construcción de las minas.  Por lo cual, el apoyo a la megaminería del gobernador Alfredo Cornejo desde la feria internacional minera de Toronto en realidad no sorprendió del todo al activismo mendocino en defensa del agua. Además, esta semana la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un nuevo Código de Procedimientos Mineros. Con 35 votos a favor, 10 en contra y una abstención,  le dio media sanción al proyecto del Ejecutivo que actualiza el marco normativo de la minería en la provincia. 

Hace algunas semanas atrás, el gobernador Alfredo Cornejo anunció sus intenciones de volver a desconocer el rechazo popular a la actividad en la provincia. Pretende sortear la Ley N° 7.722 sin modificarla formalmente y declarar “distrito minero” al occidente de malargüino. Fue desde Toronto, en la la Prospectors and Developers Association of Canada,  donde Cornejo hizo importantes anuncios con vistas a intentar por enésima vez tratar de avanzar con la megaminería en una provincia donde la actividad está prohibida por ley y carece de licencia social, como quedó demostrado con la histórica rebelión popular de diciembre de 2019. La estrategia del gobierno mendocino puede resumirse en el desenvolvimiento de tres maniobras -articuladas entre sí- con las cuales pretenderá sortear la ley 7.722 sin modificarla formalmente aunque en los hechos la estará violando: 1) Apoyarse en un fallo de la Corte Suprema que manifiesta una supuesta inconstitucionalidad de un aspecto de esta ley; 2) La modificación del Código de Procedimientos Mineros, cuyo proyecto fue aprobado por la Legislatura provincial casi sin deliberación pública, 3) La creación de lo que se anunció como “Malargüe Distrito Minero Occidental”, una especie de “zonificación” donde pretenden habilitar la actividad. 

La Prospectors and Developers Association of Canada en Toronto es la principal convención minera mundial. Decenas de miles de inversores -léase lobistas- se congregan allí todos los años durante cuatro días del mes de marzo a discutir y a acordar planes fundamentales para el sector. Bajo el ropaje de la llamada “transición energética”, -que es el nombre con el que las grandes potencias económicas llevan la batuta, según sus propios intereses, del reemplazo paulatino de las energías tradicionales por las denominadas “renovables”-, en los últimos años se pergeñan políticas criminales contra el medio ambiente en búsqueda de minerales considerados estratégicos, entre ellos el litio y el cobre. Como ocurrió con otros recursos naturales -o bienes comunes, según la perspectiva a la que se adscriba-, las economías más atrasadas y dependientes les proveen a un puñado de capitalistas, la materia prima para que sea industrializada, de acuerdo a los criterios de los países centrales. Esta más que centenaria división del trabajo mundial es vista por la mayor parte del empresariado nacional y su personal político como la arena en la que desenvolver sus negocios y, por ende, sus políticas. Es lo que ocurrió en la feria de Toronto, a la que asistieron los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan (PRO) y Alfredo Cornejo de Mendoza (UCR) y representantes de los gobiernos de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Salta. La Cancillería argentina se encargó de coordinar la participación de la delegación nacional en el evento. 

El guiño megaminero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

“A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. 

Este párrafo corresponde al artículo 1 de la Ley 7.222, que fue puesta en cuestión en parte por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 28 de octubre de 2021, ante una apelación de Minera San Jorge, situada en cercanías de la localidad de Uspallata, en el noroeste mendocino. Resulta que en esa sentencia se señaló como inconstitucional lo que destacamos como “otras sustancias tóxicas similares”,  habilitando la posibilidad de llevar adelante la megaminería con otras sustancias o métodos que no estén prohibidos explícitamente por la norma. 

Julieta Lavarello es abogada de las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza (Ampap) y advierte que para entender este guiño de la CSJN es preciso remitirse al fallo de diciembre de 2015 en el que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) declaró constitucional la ley en cuestión, aunque con un detalle que en su momento no tuvo tanta repercusión. La abogada señala que en aquella resolución el juez Mario Adaro “entendió que la expresión ´y otras sustancias tóxicas similares’ era inconstitucional porque debería decir taxativamente cuáles son esas sustancias tóxicas prohibidas. Algo que es imposible porque la ciencia avanza a pasos mucho más rápidos y agigantados que la legislación”. Agrega que más allá de este señalamiento, el juez “prestó el acuerdo para que por unanimidad los 7 jueces decidieran que la ley completa, sin ningún reparo, sea constitucional”. 

Minera San Jorge apeló el fallo de la Corte provincial ante al máximo tribunal nacional. Lavarello, denuncia que, salvo por el juez Ricardo Lorenzetti, el resto de los magistrados no tiene formación en derecho ambiental. “Ningún juez se había puesto a estudiar el planteo de inconstitucionalidad, entonces la Procuradora General de la Corte de la Nación se puso a ver los fundamentos de la sentencia provincial”, señala. Allí se encontró con los reparos de Adaro.  “Esta señora copió y pegó literalmente los fundamentos de Adaro y lo que hicieron los jueces fue también cortar y pegar esos fundamentos. Como consecuencia la Corte expresa que la ley es constitucional, salvo en la parte en que dice ý otras sustancias tóxicas similares‘”. Este fallo obviamente sienta jurisprudencia para casos similares, por lo cual el lobby minero puede meter proyectos por la ventana utilizando otras sustancias o métodos, como es el caso de los xantatos, tan o más tóxicos que los prohibidos explícitamente. 

En los últimos días se conoció que el gobierno mendocino sacó el expediente de Minera San Jorge de la situación de “guarda temporal” en el que se encontraba desde hace 3 años. De esta manera, a la minera sólo le quedaría presentar un proyecto de Declaración de Impacto Ambiental sobre la etapa de explotación para que sea aprobada por Legislatura y así continuar hacia la construcción y luego extracción de mineral.

Actualización administrativa prominera

A comienzos de marzo ingresó a la Legislatura provincial un proyecto para la modificación del Código de Procedimientos Mineros. Aunque el proyecto tuvo escasa discusión pública, en los pocos días que estuvo en el recinto hasta su aprobación en Diputados, resta ahora el paso por Senadores.  El 3 de abril sufrió modificaciones ante críticas del ambientalismo, pero sobre todo del propio lobby minero. La más significativa es que se tuvo que dar marcha atrás con la intención de reemplazar el Consejo de Minería por un director impuesto por el Ejecutivo provincial. Así y todo, su aprobación -que contó con 35 votos a favor, 10 en contra, una abstención y un ausente- no estuvo exenta de otras discrepancias. Por ejemplo,algunos diputados denunciaron que todo quedará en manos de “Impulsa Mendoza”, una especie de empresa fantasma que responde directamente al gobernador.

Marcelo Giraud es profesor de la carrera deGeografía de la Universidad Nacional de
Cuyo y miembro de la Asamblea Popular dice: “Lo que se pretende es darle más celeridad al tratamiento de los proyectos y  con ello seguir instalando la cuestión minera en la sociedad". Como se verá a continuación, esto se complementa con las intenciones de evitar cumplir con el artículo 3 de la Ley 7.722, que exige a cada proyecto minero una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe ser aprobada por las dos cámaras de la Legislatura provincial.
 

 “Malargüe Distrito Minero Occidental”

La principal maniobra del lobby es el anuncio de Cornejo de pretender crear lo que denominó como “Malargüe Distrito Minero Occidental”, cuyo objetivo reconocido por sus impulsores es sortear el artículo 3 de la 7.722, mediante una declaración de impacto ambiental para toda la región incluida en esta extensión. “Son más de 200 áreas, concesiones mineras a particulares, que están dentro de ese distrito minero. El gobernador informó por la red social Twitter que son 22 mil kilómetros cuadrados, más de la mitad de la superficie del departamento de Malargüe, que es el más extenso de la provincia”, asegura Giraud. Según trascendió, enviarían el proyecto para los meses de julio-agosto, aunque se encuentran ante un escenario incierto porque se conocen pocos detalles de esta iniciativa. 

“Gran parte de toda esa área está dentro del ambiente periglaciar y por lo tanto amparada por la Ley Nacional de Glaciares. Quizás en algún lugar no tenés ambiente periglaciar pero a dos kilómetros sí. Entonces, no podés de ningún modo hacer una DIA única para todo eso”, denuncia el geógrafo. Y, enfatiza: “Cada proyecto así esté a 500 metros de otro responde a características muy particulares”. 

“El gobierno está apuntando sobre todo a yacimientos de cobre, que se encuentran justamente en el área cordillerana. Lo que nos parece jurídicamente aberrante es que se quiera englobar a una multitud muy grande de proyectos, que se encuentran en lugares particulares distintos que corresponden además a distintos concesionarios mineros. Entonces, de ninguna manera puede haber una sola evaluación de impacto para todos ellos”, dice Giraud.

El referente ambientalista destaca que “como la expectativa que ellos tienen es usar xantatos, cuentan con obtener el permiso, debido al fallo de la CSJN. Y si llegara a haber alguna situación judicial reclamarían tener el mismo trato que minera San Jorge. Entonces, como le encontraron esa vuelta al asunto, lo que les jode es el paso por la Legislatura, que siempre queda mucho más sujeto a que los legisladores en función de la presión popular puedan terminar no queriendo pagar los costos de ratificar legislativamente una explotación megaminera. Ellos argumentan que eso disuade a los inversores extranjeros”.

Y agrega: “No se quieren animar a correr con todo el costo de la exploración y después del desarrollo del proyecto para llegar a presentar el proyecto de explotación y pasarse varios años desarrollando el proyecto con las inversiones correspondientes y que en definitiva les termine pasando lo mismo que le pasó a Minera San Jorge en 2011, que el proyecto ya aprobado por el Ejecutivo lo terminó rechazando la Legislatura”.

Tras la aprobación en Diputados del proyecto de modificación del Código de Procedimientos Mineros, sectores promineros de la provincia volvieron a poner el grito en el cielo respecto a la obligación de utilizar a la Legislatura mendocina como filtro para aprobar o no las iniciativas mineras. Lo que ellos llaman filtro político es el temor a que sus propios legisladores cambien de opinión producto de la presión social. Y el Mendozaguazo de 2019 y el Chubutazo del 2021 fueron dos verdaderas rebeliones populares que no solo defendieron el agua sino que además puso en el tapete el hastío de los sectores más postergados de la sociedad ante la creciente pauperización de sus condiciones de vida.

Lo que se plantea es una especie de régimen de facto minero que pretende cerrar la Legislatura, ya de por sí  prominera, para imponer sus negocios. Es un reconocimiento sin tutía de que la megaminería en Mendoza no tiene licencia social. “La cuestión es claramente antidemocrática. El argumento que dicen es que, bueno, si los legisladores no entienden nada de minería, los legisladores no son técnicos como para entender si la evaluación está bien o mal hecha, entonces para qué lo van a mandar. Con ese criterio, el que no es contador o licenciado en Economía entonces no podría votar la aprobación de un Presupuesto”. 

Raquel Perassi, miembro desde 2013 de la Asamblea de Bienes Comunes de Malargüe, se refiere al impacto regional que podría ocasionar la megaminería: “Nosotros estamos al pie de la cordillera y todas las nacientes de agua están en esos dos valles, Valle Hermoso y Valle Noble, que es donde estarían la mayoría de los proyectos. Entonces, las nacientes de agua se van a los ríos y se comparten con otras provincias, con La Pampa, con Neuquén, con Río Negro, porque el río Grande forma luego el río Colorado, que desemboca en Buenos Aires en el Atlántico. Entonces, de enclavarse los proyectos megamineros todo eso corre riesgo. Los ecosistemas de altura. Es zona de veranada de productores caprinos. Habría una gran modificación de las actividades económicas que históricamente se realizan acá”.  

Quién es quién en cada proyecto minero en marcha

Cerro Amarillo

Es el principal proyecto en la zona en cuestión. En febrero del año pasado la Legislatura aprobó el proyecto de Declaración de Impacto Ambiental para su exploración. Se trata de una mina de cobre “que podría llegar a ser un proyecto muy grande en Malargüe, y ese sí tiene glaciares de escombros dentro del área donde está ubicado, e inclusive en superposición con una de las áreas mineralizadas”, denuncia Giraud. Destaca que en este caso no saben “exactamente quién pondría la inversión grande porque la concesión minera es de Jorge Bengoechea y Lilia Espizúa, su mujer. Bengoechea es un geólogo mendocino de larga trayectoria, fue gerente de Potasio Río Colorado para Río Tinto. Y su mujer, y esta es una de las cuestiones que se suelen evocar a menudo, trabajó hasta su jubilación en el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales)”. Agrega que el negocio de esta pareja “es llegar a lograr la aprobación ambiental del proyecto de explotación, que no requiere tantísima plata, y ahí salir a conseguir un socio o a vender el proyecto. Ahí sí él se levanta con varios millones de dólares porque tendría no solamente la concesión minera sino el permiso ambiental”.

Un de las polémicas en torno a este proyecto que denuncian los ambientalistas es que no se sabe exactamente dónde se desarrollará, ya que los dueños en 2022 cambiaron de lugar las coordenadas de los pozos y se desconoce si el gobierno y la Legislatura aprobó eso o la DIA realizada en 2014. “Ese es un proyecto sobre el cual tenemos mucha incertidumbre y es donde más rápidamente está avanzando la exploración minera con vistas a la explotación con cobre”, señala Giraud.

Mina San Jorge 

Minera San Jorge pretende llevar adelante un megaproyecto, sobre todo de cobre, que pese a haber sufrido diversos rechazos producto de la movilización popular, logró un triunfo legal al contar con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que lleve adelante su explotación sin usar las sustancias prohibidas explícitamente por la Ley 7.722. 

Uno de los referentes ambientalistas que más conoce sobre este emprendimiento, Federico Soria, quien además es Técnico Profesional de la Administración de Parques Nacionales, trabaja desde hace 7 años en el Parque Nacional El Leoncito (San Juan) y reside en Uspallata, la localidad más cercana, nos cuenta del historial del actual dueño del proyecto: “San Jorge actualmente pertenece a Solway, que es una empresa transnacional radicada en paraísos fiscales. El dueño es la máxima fortuna de Estonia, se llama Alexander Bronstein y es, entre otras cosas, vicepresidente del Congreso Mundial Judío. Es un magnate que tiene proyectos megamineros en lugares conflictivos del mundo, por ejemplo Congo, Guinea, Filipinas, Indonesia, Guatemala. Y está acusado de asesinato y violaciones a los derechos humanos. Este personaje fue diputado del Kremlin durante la URSS”. 

Amigos son los amigos”: Geometales, ¿de Macri a Joe Lewis?

A fines de diciembre, la Legislatura provincial aprobó un combo de tres proyectos para la extracción de cobre por parte de la empresa Minera Geometales S.A.: las declaraciones de impacto ambiental para la exploración de los proyectos El Burrero, Las Choicas y la DIA de prospección de La Adriana. Este trío contiene al menos 14 emprendimientos mineros que se encuentran en las nacientes del río Grande -el más caudaloso de la provincia-, que aguas abajo se convierte en el río Colorado, el cual atraviesa Mendoza, Neuquén, Río Negro y La Pampa para desembocar en el atlántico en territorio bonaerense. En 2008 Geometales, entonces propiedad de Franco Macri, fue multada por el Departamento General de Irrigación debido al uso clandestino de cauces naturales. 

“Geometales originalmente pertenecía al Grupo Luksic, de Chile. A fines de los '90s fue adquirida por Iecsa, del Grupo Macri, primero una parte y años después el resto. En 2017, la totalidad del conglomerado empresario Iecsa fue vendido por el Grupo Macri a el Grupo Emes (Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Mindlin y Ricardo Torres), operación en la que entró Minera Geometales S.A. siendo este grupo sus actuales dueños”, informa Federico Soria en su blog personal. “Según trascendidos periodísticos, la venta de Iescsa por parte del Grupo Macri, fue una decisión apresurada para evitar conflictos de intereses con el entonces presidente Mauricio Macri”, amplía Soria en el mismo artículo. “El Grupo Emes, de Marcelo Mindlin, está vinculado societariamente al magnate inglés Joseph Lewis (apropiador del Lago Escondido, en la Patagonia), a través de Pampa Energía, empresa a la que ha aportado cientos de millones de dólares. También está vinculado a la corporación BlackRock, el fondo buitre más grande del mundo, ya que es dueño de una parte de las acciones de Pampa Energía. Al mismo tiempo, un alto porcentaje de las acciones de Pampa Energía pertenecen al Estado Nacional Argentino, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está administrado por ANSES”, detalla Soria. 

La “era Milei”

Si bien hay coincidencia que la presidencia de Javier Milei es una continuidad en las políticas extractivistas de nuestro país, el conjunto del activismo ambiental acuerda en que es una profundización del despojo de los bienes comunes. Consultado sobre si guarda alguna relación esta nueva pretensión de avanzar con la megaminería en Mendoza con la política del presidente, expresada sobre todo  en el  DNU y Ley Ómnibus y el anunciado “Pacto de Mayo”, Giraud responde respecto del punto 6 de este último en el que se hace alusión a la explotación de los recursos naturales provinciales que “es una visión absolutamente en sintonía con las lógicas extractivistas. Digamos, no es aprovechar, hacer un buen uso de los bienes comunes presentes en los territorios de las provincias”. 

 “El objetivo es la maximización de la ganancia del capital y en donde las provincias tendrían que agacharse y hacer todo para ofrecer los recursos naturales al capital transnacional. Es lo que fueron a ofrecer a Toronto”. Giraud denuncia que, entre otras cosas, “esto tiene que ver con generar algún tipo de entrada de divisas para pagar la deuda externa”. Y finaliza repudiando “que en cabeza del propio gobernador hayan llevado a ofrecer el subsuelo mendocino al capital transnacional.

Franco Salvadores es malargüino, es Magister en Geografía y Ordenamiento Territorial (Université Paris Sorbonne) y profesor adjunto en la cátedra Geografía del Espacio Territorial de la Universidad Nacional de la Patagonia en Trelew y coincide con Giraud: “Hoy el capital transnacional está necesitando de una base de recursos que están dados por los recursos mineros que se encuentran en gran parte de la zona cordillerana mendocina. En este sentido, como los oasis agrícolas, la resistencia a la actividad megaminera es muy fuerte, quieren una zona de sacrificio anclada en el departamento de Malargüe. Esto afectaría todo un sistema de recargas hidrológicas que fluye por esos cauces, que se asientan en lugares muy ricos a nivel de recursos mineros y petrolíferos”. Y deja una reflexión para finalizar: “Lo que es más doloroso es ver cómo a un municipio, a un departamento, se lo ha sumido en una alternativa infernal, como llaman algunos, en la cual solamente el desarrollo está ligado a la actividad minera y que no existen otras alternativas al desarrollo que no sea la explotación de los recursos naturales”. 

Esta profundización en los intentos por avanzar con el extractivismo en el país se da en un marco más general cuyo plan de conjunto incluye contrarreformas laborales, previsionales e impositivas, pérdidas de conquistas democráticas y un salto en la criminalización a la protesta social.