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La niña Luz en el laberinto siniestro de los tribunales 

por Estefanía Santoro
Fotos: Agustina Salinas
04 de mayo de 2026

La causa por el abuso sexual de la niña Luz, en Chubut, lleva un derrotero judicial de casi diez años. Entre las aberraciones impulsadas por el Poder Judicial, la obligan a vincularse con la familia de su padre abusador. Su abuela pide poner fin a esta “tortura”.

El derrotero judicial de Luz es una herida abierta que lleva ocho años sin sanar. Tenía dos años cuando fue abusada por su padre. A punto de cumplir diez, la causa lleva casi una década deambulando entre juzgados, sin sentencia y bajo la mirada de distintos magistrados que han evitado resolver el fondo de la cuestión: la seguridad de la niña. En este camino, el Poder Judicial no solo ha fracasado en juzgar al responsable, sino que ha ejercido su propia forma de violencia.

A pesar de las denuncias y las pruebas, Luz fue obligada a vincularse con la familia del abusador, en un contexto donde no existía lazo afectivo posible y bajo una presión institucional que la familia materna   no duda en calificar como “tortura”. 

Los informes médicos y psicológicos de profesionales que constataron los abusos fueron sistemáticamente rechazados. A Luz se le ha negado una y otra vez el derecho a ser escuchada: la Justicia ha negado la posibilidad de que acceda a hablar en Cámara Gesell y le ha impedido también contar con un Abogado del Niño, figura clave para su defensa.

“No entregue a esta niña a sus abusadores”

La voz de su abuela resume el calvario de una familia que lucha contra un muro de indiferencia. Con la causa ahora radicada en el Juzgado de Familia de Trelew, el pedido se vuelve urgente: “Estamos hace ocho años luchando y no logramos resultados, a pesar de que el abuso está certificado por pediatras y psicólogos. No es una denuncia inventada, es una realidad dolorosa. Mi nieta sufrió el abuso de su padre, pero no hemos logrado el respaldo de la Justicia. Al contrario, la han obligado a una revinculación forzada; la nena está aterrorizada”.

La abuela denuncia con firmeza lo ocurrido en Puerto Madryn: “Allí la nena fue torturada. Ella contó todo lo que le pasó, pidió no ver a esa familia, pero la jueza la obligó y le mintió. El progenitor jamás colaboró, ni siquiera económicamente, y su familia desapareció de su vida hasta que la Justicia decidió forzar el contacto. No hay cariño allí, y si lo hubiera, no la habrían hecho pasar por este padecimiento”.

La acusación de la familia apunta a una red de complicidad: “El padre es el abusador y la tía fue la entregadora. Por eso le pedimos a la jueza de Trelew que tenga piedad, que vea el entorno completo. Este puede ser el caso más importante de su carrera: no entregue a esta niña a sus abusadores”.

Una sobreviviente de doble abuso

La salud mental de Luz está en juego. A sus casi diez años, ella recuerda cada episodio y manifiesta claramente su rechazo a ver a sus agresores. Sin embargo, el sistema parece blindado: “¿Por qué no la escuchan? ¿Por qué no permiten que la madre sea querellante o que la nena tenga su propio abogado? Nos cierran todas las puertas”, lamenta su abuela.

Los informes de tres psicólogos reconocidos de la zona, que confirman el abuso sexual, fueron descartados por la jueza de Madryn, quien prefirió basarse en sus propias intervenciones personales con Luz en lugar de escuchar el dictamen profesional y el relato de la propia víctima.

“La niña fue doblemente abusada: primero, por su progenitor; y segundo, por la Justicia”, expresa la abuela. “Prefieren darle la razón al abusador y lavarse las manos. Ya no podemos más”.

La familia de luz y toda la comunidad que acompaña el caso esperan que el traslado de la causa a Trelew no sea un simple cambio de jurisdicción, sino el inicio de una etapa donde los derechos de las infancias dejen de ser un enunciado y se conviertan en una realidad efectiva.