Ley de tierras: "Se profundiza la venta de nuestro territorio"

Siempre es bueno recordar que el Estado se apropió de nuestros territorios en el Sur mediante la matanza de personas para luego entregar esos territorios a colonos, a la oligarquía local y al capital extranjero. Esa es nuestra concepción sobre la tierra. La Campaña del Desierto fue la entrega de nuestros pueblos.

Para entender el presente hay que recordar lo que pasó con nuestros pueblos y el motivo por el cual nuestras tierras son tan codiciadas. La constitución de 1853 decía que había que pacificar al indio y convertirlo al catolicismo. Recién en 1985 se sanciona la ley 23.302 que, entre otros aspectos, crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y en su artículo 7, que todavía está vigente, se dispone la adjudicación de propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, adjudicación de tierras para la explotación forestal, minera, agropecuaria y demás, según la modalidad de cada comunidad; y las tierras debían estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o zonas próximas. Esa ley todavía está vigente.

En 1994, se incorpora el artículo 75, inciso 17, que establece la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras tierras para el desarrollo humano. Pero la aplicación de estas reformas fueron mínimas, por el contrario siguieron los despojos, porque el extractivismo empezó a mirar para esos territorios ricos en recursos naturales, territorios donde había comunidades y claramente esas legislaciones no avanzaron. La derogación de la ley de tierra en principio no nos afecta directamente, pero sí abre la puerta al capital extranjero, y eso sí empeorará nuestra ya débil situación. 

Lamentablemente ninguna ley fue efectiva para la protección de los territorios y todo lo que en ello habita. Ya fuimos testigos de cómo el capital puede doblegar hasta al propio poder judicial, hacer legal lo ilegitimo y criminalizar a quien defiende sus derechos ancestrales. Esta etapa es aún peor.

La defensa de la soberanía territorial del Estado argentino es una mentira autocomplaciente porque desde la llamada Conquista del Desierto los territorios fueron entregados al capital extranjero. Para la tribuna se reclama la soberanía de las Islas Malvinas, pero del proceso de extranjerización de la región patagónica no se dice nada.

A la debilidad histórica de la situación dominial de los territorios indígenas, la derogación de la Ley de Tierras permitiría a los extranjeros, o a sus testaferros locales que benefician la adquisición de tierra a capitales extranjeros, apropiarse de grandes territorios con ríos, lagos, glaciares, bosques y estepas, que más allá de la importancia estratégica para el pueblo mapuche, afecta el equilibrio natural, que es fuente de vida y desarrollo de los pueblos.  Para el pueblo mapuche, el territorio no es un bien o recurso, el territorio forma parte de nuestra existencia y permite nuestro desarrollo como pueblo.

El territorio, el agua y los bienes naturales son los nuevos objetivos de este neocolonialismo, a través de su brazo ejecutor, una nueva versión del anarcocapitalismo, que, con un lenguaje tecnocrático, ha logrado influir en las masas que hoy le han dado la representación parlamentaria y el Poder Ejecutivo, nada menos.

La derogación de la Ley de Tierras será leída como una profundización en el proceso de venta y extranjerización de nuestro territorio, esto significa abrirle la tranquera jurídica al capital especulativo, que no tendrá reparo para apropiarse de las riquezas:  los minerales, los bosques y las fuentes de agua de Argentina, avasallando y pasando por encima de todo derecho de las comunidades originarias, y de las personas, si fuera necesario.

Ya teníamos mucho por resolver. Quedo demostrado que un convenio como el 169 de la OIT no es suficiente para frenar el avance extractivista y especulativo sobre los territorios. Y la consulta libre, previa e informada a las comunidades es una ilusión que aun está muy lejos de concretarse en la realidad.

De todos modos, nosotros seguiremos defendiendo las fuentes de agua y los entornos naturales. Pero no queremos estar solos en esta resistencia, invitamos a toda la sociedad a defender los recursos naturales, que son fuentes de vida, no solo para los pueblos originarios, sino para toda la humanidad.  

Cuando el pueblo mapuche alza su voz para defender el territorio es criminalizado, incluso nos acusan de extranjeros. Pero la ciudadanía tiene que entender que para nosotros la defensa de los territorios va más allá de lo estratégico, estamos defendiendo la vida de la humanidad. Esta derogación da vía libre para que se profundicen aún más los conflictos ya existentes, y vendrán unos nuevos, con las comunidades, porque el despojo sería legal. Esta reforma es eso: la legalidad del despojo. Si se  profundizan los atropellos, nosotros vamos a profundizar la resistencia porque queremos preservar el entorno natural. 

Reitero porque creo que es importante decirlo: esta no es una lucha solo de los pueblos originarios, es una lucha de toda ciudadanía. Tenemos que unirnos para defender nuestras tierras porque tarde o temprano estos coletazos llegan a todos. 

*Ley 26737: La normativa vigente establece que los no residentes sólo pueden adquirir hasta el 15% de los terrenos productivos y hasta un máximo de 1.000 hectáreas por persona u empresa.