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20 años por 7 gramos de marihuana: el absurdo caso de Mariela  

por Ezequiel Dolber
13 de octubre de 2026

Mariela Agunin enfrenta un juicio que prevé una pena mayor que la de un delito violento o el tráfico a gran escala por solo siete gramos de marihuana. Entre la hipocresía de una ley de estupefacientes obsoleta y un sistema que persigue "perejiles" para encubrir al narcotráfico real.

Mariela Agunin tiene 32 años y vive en Bahía Blanca. Es una persona alegre, vivaz, amable y simpática que no representa peligro alguno para nuestra sociedad, más bien todo lo contrario. Sin embargo, y aunque resulte increíble, se encuentra con una tobillera en la casa de sus padres luego de haber estado cuatro meses con prisión preventiva, a la espera de un juicio por jurados para el 22, 23 y 24 de febrero que deberá decidir si debe cumplir entre 6 y 20 años de prisión por vender siete gramos de cannabis.

El caso de Mariela está magistralmente contado por la periodista Mariana Sidoti Gigli en Perycia. La situación es, sin duda, surreal. Aunque se intenta pensar, repensar y volver a pensar, la idea que alguien tenga que cumplir años de cárcel por algunos gramos de cannabis es absurda. 

Sin embargo, el fiscal de Bahía Blanca Mauricio del Cero no encuentra una mayor "amenaza" a la salud pública que Mariela. De manera paradójica, el cannabis es considerado medicinal por las Leyes 27.350 y 27.669 y, actualmente, cientos de emprendimientos trabajan con cannabis de manera legal generando ingresos. La misma planta produce dinero para algunos y cárcel para otras personas. ¿Cómo se puede explicar algo así?

Una ley de drogas contra la sociedad

Ocurre que la Ley 23.737, la llamada Ley de Estupefacientes o Drogas, sigue vigente y destrozando vidas como la de Mariela por jueces, fiscales y un sistema prohibicionista cómplice de las redes del narcotráfico real. A pesar que en 2009, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo Arriola que consideró inconstitucional la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la Ley jamás se modificó.

Muchas personas creyeron que con la aprobación de la Ley 27.350 de cannabis medicinal y la creación del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) del entonces Ministerio de Salud se iban a terminar las persecuciones a personas por marihuana. Sin embargo, el Reprocann es una excepción a la ley de estupefacientes por lo que ésta sigue vigente y, en caso de no contar con la indicación médica y considerarse enfermo, a las personas que usan cannabis se les aplica la ley penal.  

Este caso muestra la contradicción de la situación legislativa y normativa actual de manera contundente. Por el delito de "tenencia de estupefacientes para comercialización", Mariela enfrenta un pedido de prisión de 6 a 20 años -agravado por haberse hecho en la vía pública. Es el mismo pedido de pena que recibiría una persona que traficó 20 kilos de cocaína, sin distinciones. Es una pena mayor también a la que recibiría una persona condenada por trata o por agresiones violentas. 

La lucha y el juicio

Por el incremento agravado en el castigo solicitada por la fiscalía, Mariela pudo solicitar un juicio por jurados, el primero que se tenga registro sobre Ley de Estupefacientes en la Provincia de Buenos Aires. Ante este panorama, un conjunto de organizaciones cannábicas estuvo el 2 y 3 de octubre en Bahía Blanca en solidaridad con ella. En la Plaza Rivadavia, donde los hechos comenzaron, se realizó un conversatorio que se convirtió en una asamblea para discutir cómo organizarse para el juicio.

El fiscal Mauricio del Cero se ufana de perseguir cultivadores y activistas de cannabis con un extenso historial en causas por "estupefacientes". Es un fiel exponente de la Ley 23.737 en la Justicia: perseguir "perejiles" para encubrir al verdadero narco. Es un modelo que solo agrava las injusticias de un sistema asimétrico y que, con el caso de Mariela, llega al máximo punto del absurdo. Quieren que cumpla, prácticamente, un año de cárcel por cada gramo de cannabis que entregó.

Por eso la conclusión es clara: Mariela tiene que estar libre y ser absuelta. No tiene que haber más personas presas por cannabis. La ley de drogas debe ser reformada de manera urgente.