La mafia del glifosato
Los vecinos y vecinas de la Asamblea Paren de Fumigarnos denuncian fumigaciones en escuelas rurales, envenenamiento de barrios y contaminación de la laguna de Chascomús. Exigen una ordenanza que contemple una vida sin venenos ni enfermedades mortales.
Por Kanki Alonso*
En la localidad bonaerense de Chascomús se juega un partido por la vida: Salud versus Dinero, en la cancha política. El proyecto de ordenanza presentado en 2016 que propone regular el uso de agrotóxicos se tratará por última vez en 2018 este 27 de diciembre en el Concejo Deliberante de la ciudad.
Durante todo este tiempo, las discusiones y debates rondaron en la “distancia de resguardo”, que -según estudios realizados en poblaciones expuestas los índices de daño genético, cáncer, malformaciones congénitas, problemas reproductivos- muestran un aumento de enfermedades en poblaciones que se encuentran a menos de 1500 metros de los campos fumigados.
Este justo reclamo por prevenir las mencionadas enfermedades y hacer prevalecer la salud de la población, se encontró con un argumento antepuesto por los actores locales del agronegocio. De esta manera resonaron las voces alertando sobre las pérdidas económicas, la imposibilidad de cambiar una práctica dependiente de insumos por otra saludable para producir alimento sano y en abundancia: la Agroecología.
La ecuación del suelo como especulación financiera del modelo empresarial registra la siguiente fórmula de la muerte: Semillas Transgénicas + Fertilizantes + Plaguicidas = enfermedad + muerte.
El suelo y los alimentos contienen alrededor de 80 tipos diferentes de contaminantes derivados del agronegocio.
En este sentido, la clase política local mancilla el reclamo de justicia y salud. Los intereses de clase reúnen lo que a simple vista resulta antagónico en un mismo interés: su maquillaje para la exposición en la antesala de un año eleccionario. Es decir, buscan cerrar este tema en 2018 porque en 2019 les resultaría prácticamente imposible, ante las elecciones.
En 2016, aquellos legisladores y legisladoras de Unidad Ciudadana que propusieron una distancia de 1500 metros de prohibición de uso de pesticidas, más 500 metros de amortiguamiento, se “encuentran en negociaciones” con concejales de UCR-Cambiemos, que propusieron solamente 200 metros por año hasta llegar a los 750 metros máximos de protección para el 2025, y la eliminación de los análisis médicos a trabajadorxs rurales expuestos. Además, trascendió un posible acuerdo en 500 metros con progresividad hasta los 800 metros de distancia.
¿Qué se gana y quiénes ganan con esta negociación? Las comunidades expuestas a fumigaciones lograron -por medio de la intervención judicial- medidas de resguardo efectivas de 1000 y 1500 metros.
Son innumerables los casos que sientan jurisprudencia en los municipios de la provincia de Buenos Aires, incluso en provincias enteras, como en el caso de Entre Ríos, que prohibió el veneno del Glifosato en todo su territorio.
Alrededor del 72 % de las madres que amamantan lo hacen con su leche contaminada de agrotóxicos.
En este sentido, sabiendo que el resguardo judicial cuenta con estas distancias, la “descompresión” del problema con distancias menores resulta una vil maniobra de los ediles con el objetivo de pauperizar la organización vecinal, la cual ya cuenta con una judicialización en trámite.
Es por ello, que estas acciones llevadas adelante por la clase política, se convierten en una “intentona” que -a través de la transacción de los derechos del pueblo- busca evitar un conflicto social que los expusiera y que les podría acarrear un costo político, medido en una pérdida de votos difícil de calcular. Sobre todo si se tiene en cuenta que durante 2018, los legisladores y legisladoras proactivos para con los empresarios, fueron intensamente expuestos en las redes sociales, ante cada comentario y cada acción referente a los agrotóxicos.
Estos apenas son algunos motivos por los cuales denunciamos y repudiamos la pretensión del Ejecutivo de Chascomús, conducido por el partido de Unidad por Chascomús, de sancionar una ordenanza que no protege de manera efectiva al medioambiente, la salud de los vecinos y vecinas, ni a las generaciones que heredarán el futuro mediato e inmediato.
Unidad Por Chascomús es un partido vecinalista que supo construir un discurso electoral popular, y que -una vez tomado el poder- demostró defender los intereses particulares del sector empresarial. Sorpresivamente, el despacho presentado por UxCh fue peor que el de la UCR-Cambiemos y aclara su posición de forma explícita y en concordancia con las resoluciones de Agroindustria. Recordemos que ante las cientos de prohibiciones y distancias creadas por ordenanzas y fallos judiciales que resguardan distancias mínimas para el uso de agrovenenos, el Ejecutivo provincial emitió una resolución de “distancia cero” la cual consiguió un muy bajo nivel de adhesión por los municipios bonaerenses. Siendo que la mayoría ya poseen resguardos, solo aquellos que no poseen distancia como el caso de Chascomús, pueden firmar semejante entrega de los intereses colectivos que protejen la salud y el ambiente.
La rosca política que juega con las vidas
El intendente de Chascomús, Javier Gastón, a quien se le solicitó una reunión en 2017, evitó hablar cara a cara con miembros de la asamblea Paren de Fumigarnos y la delegó al Secretario de Gobierno Cipriano Pérez del Cerro, quien ante la solicitud de que apoyen la sanción de la ordenanza expresó “para qué quieren leyes si después no se cumplen. Las leyes no sirven para nada”. Luego refiriéndose a la categorización del glifosato de posiblemente carcinogénico emitido por la OMS, expresó sus dudas y lo comparó a los choripanes y productos ahumados como los quesos y la panceta”. En una estrategia de doble discurso el intendente siendo entrevistado dijo que “sería importante que haya una ley que regule el uso de agrotóxicos”, sin embargo esa ley estuvo cajoneada dos años. Dijo que “era importante conocer la voz del INTA y de distintas universidades nacionales que han estudiado esta problemática”.
El veneno mortal de los agrotóxicos no discrimina clases sociales, políticas o de cualquier otro tipo
En este sentido participaron con investigaciones las universidades nacionales de La Plata, Rosario y Río Cuarto entre otros estudios científicos. Los mismos fueron puestos a consideración del Poder Ejecutivo y Legislativo de Chascomús. El IBB-INTECH recomendó la distancia de 1500 metros entre las fumigaciones y las zonas pobladas para evitar el daño genético.
Con el despacho por comisión del bloque de concejales oficialistas de UxCh -Unidad por Chascomús- concluye una etapa propositiva en el ámbito legislativo de la ciudad. Los tres bloques políticos emitieron sus respectivos dictámenes y el panorama de la salud colectiva se agrava con respecto a 2016.
El proyecto original fue presentado por Unidad Ciudadana, “descajoneado” e impulsado por vecinos y vecinas de la Asamblea Paren de Fumigarnos, preocupados por los agrotóxicos. Plantea la necesidad de una distancia de resguardo de 2000 metros de prohibición de uso de estos venenos, como ya existía en Cañuelas.
Tras dos años de debate, con testimonios de afectados y argumentos de especialistas, se llegó a la formulación de dos propuestas:
Propuesta 1, surgida de UxCh: distancia de resguardo de 200 metros para el primer año; y al cabo de 8 años se llegaría a los 750 metros, con una dependencia de la Tasa de Seguridad Ambiental de la Ordenanza Fiscal Impositiva, y de la decisión inapelable del Ejecutivo local de evaluar “si la prohibición se aplica o no”, según un mecanismo de control arbitrario ejercido por la gestión. El Control de Salud en trabajadores que manipulan pesticidas es absolutamente borrado del proyecto, así como también el Anexo donde se determinan las normas de seguridad exigidas para la comercialización de agroquímicos.
La fórmula de la muerte: Semillas Transgénicas + Fertilizantes + Plaguicidas = enfermedad + muerte
Propuesta 2 -surgida como consecuencia de las negativas de la mayoría en el Concejo al proyecto original- “Pacto de Olivos del veneno” tras las negociaciones entre Unidad Ciudadana y UCR-CAMBIEMOS: plantea básicamente una “poda” sobre el cuerpo de derechos, en función de la transacción de medidas de resguardo. Por ejemplo, la distancia de 1500 metros de resguardo se bajaría a 500, con aumentos posteriores que -progresivamente- llegarían hasta los 800. Por otra parte, se elimina el capítulo De la Salud, donde se determina la obligatoriedad de llevar a cabo un monitoreo de salud en poblaciones expuestas y análisis de rutina a trabajadores rurales, entre otras medidas. También desaparece el Anexo que regula las normas de seguridad necesarias para el acopio, traslado y comercialización de agrotóxicos.
Foto: Juan Alaimes
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Ante esta posible transacción, de los derechos constitucionales, realizada por la clase política chascomusense, que cede ante la presión empresarial, regida por el dios dinero, y cuya finalidad es la acumulación y especulación financiera, los vecinos y vecinas se ven altamente perjudicados.
Sin embargo, el veneno mortal de los agrotóxicos no discrimina clases sociales, políticas o de cualquier otro tipo. El Glifosato y la Atrazina caen junto a las lluvias sobre todos, y de igual forma. ¿Acaso alguien puede estar exento de la lluvia? El suelo y los alimentos contienen alrededor de 80 tipos diferentes de contaminantes derivados del agronegocio. ¿Acaso alguien puede estar sin comer o sin depender de los frutos de la tierra? Alrededor del 72 % de las madres que amamantan lo hacen con su leche contaminada de agrotóxicos. ¿Alguien puede seguir pensando en la inocuidad de los pesticidas?
A los problemas colectivos se le imponen soluciones colectivas. En Argentina, los derechos humanos se hicieron bandera colectiva. Actualmente, los derechos humanos se redireccionaron también hacia los terrenos medioambientales, ante los pueblos fumigados, destrozados por la minería a cielo abierto, o el fracking, entre otros ataques a la Madre Tierra.
Si los “representantes del pueblo” negocian derechos fundamentales; si en momentos de campaña se “venden” como la solución a los problemas colectivos, y luego terminan priorizando los intereses de ciertos empresarios, y anteponen el dinero a la salud colectiva, si ejercen ese poder delegado para la transacción, resulta necesaria la acción colectiva.
En este sentido, lo político -bien entendido- debe invadir las calles, hacerse popular, generar debates, compartir conocimientos sobre de qué se trata lo público, validar los testimonios y -a partir de dar voz a los sin voz- podrá entenderse que existen valores compartidos, que son muy simples y que se transmiten como actos de amor, cuidando al semejante y siendo cuidados, en retribución.
*Miembro de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Chascomús.
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