Un acuerdo para sobrevivir

El pueblo no da más: la gente tiene hambre, necesita comer. Por eso, se manifestó y exigió la Emergencia Alimentaria. El poder legislativo la aprobó por unanimidad. Ahora el Ejecutivo debe ejecutarla. Debe garantizar que los alimentos lleguen a la población. Y para eso es necesario también de productores, productoras y distribuidores que acerquen alimentos a precios justos a los lugares y a las personas que no les llegan. Una solución concreta al hambre: “Como productores agropecuarios que producimos alimentos, creemos que podemos hacer algo frente a la situación acuciante que está viviendo el país”, dijo Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federadas que representa a decenas de cooperativas agroalimentarias de varias regiones de Argentina. Y actuó en consecuencia: el miércoles 18 de agosto, junto a la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra que nuclea a miles de familias pequeño productoras y campesinas en 16 provincias argentinas, crearon y firmaron el acuerdo “Alimentos Soberanos, Justos y Cooperativos”.

A través de la firma de este convenio, tanto la UTT como la FECOFE se comprometen a garantizar precios populares para facilitar el acceso a los alimentos de los sectores del pueblo más necesitados ante la dramática situación socioeconómica que atraviesa el país. Además se ofrecieron a donar alimentos producidos por sus cooperativas y productorxs asociados, como verduras, leche, harina y yerba, a instituciones de bien público que asisten a las personas más vulnerables, prioritariamente vinculadas a la primera infancia y a adultxs mayores. Y los productos a la venta que forman parte del acuerdo tienen precios que rondan entre un 15% y un 25% menos de a los que se los pueden encontrar en la góndola de un supermercado, y muchos de ellos son agroecológicos.  

¿De quién es la responsabilidad del hambre? ¿Cuánto depende la crisis social de quienes se encargan de producir los alimentos? ¿Y cuánto de quienes los comercializan? ¿No son acaso también los supermercados cómplices y responsables del hambre de la gente? ¿Y desde la responsabilidad política alcanza con la declaración de la Emergencia? ¿No es necesario que el Estado fomente las producciones locales y accesibles pensadas para la alimentación por sobre las pensadas para el negocio? 

"Necesitamos que el Estado empiece a comprar alimentos al sector cooperativo y a los pequeños productores, y deje de comprarle a las grandes empresas multinacionales, porque hace ya mucho tiempo que el gobierno nacional apostó a la timba, a la especulación financiera y a los grandes bancos, y no a la producción nacional, generando así muchísimas pérdidas en nuestro sector, por eso necesitamos financiamiento para la producción”, plantea Rossi. 

Desde su visión económica, la actvisita y economista Camila Barón destaca el acuerdo no solo como una propuesta concreta contra el hambre: también le ve utilidad para que como sociedad nos replanteemos qué tipo de producción y consumo nos es mejor: “Este convenio es sin dudas un gran paso adelante para pensar políticas que no sólo combatan el horror del hambre en nuestro país, sino que avancen en dar respuestas sobre qué modelo de producción y de consumo necesitamos ¿Por qué hay hambre en la Argentina? Evidentemente no se trata sólo de aumentar las partidas presupuestarias para los comedores. Es necesario que la ley de emergencia alimentaria deje de ser un parche, una política asistencialista, y que nos sirva para pensar y construir políticas que se pregunten qué comemos, cómo producimos y cómo lo distribuimos. No queremos combatir el hambre a costa de destrozar nuestros recursos naturales, de alimentarnos con productos basura ni de llenar los bolsillos de unos pocos empresarios”.