Misiones clandestina

La misma investigación arrojó como resultado que en 2013 en esa provincia hubo 1854 egresos hospitalarios por aborto. Se trata de casos de abortos realizados en hospitales misioneros por distintos motivos, dentro del marco de los causales de no punibilidad vigentes. Pizarro aclara: “Esos son solamente los egresos por abortos registrados, los casos donde terminan mutiladas con colostomía o hay que vaciarles el útero no quedan registrados y la mayoría de las muertes de las mujeres por aborto clandestinos quedan asentadas como muertes por sepsis y no por aborto clandestino.”

A principios del mes pasado el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, Lisandro Benmaor, reconoció que 201 menores de 14 años fueron obligadas a parir en Misiones el año pasado. A partir del llamado Programa de Prevención del Embarazo Adolescente ‘precoz’ (menores de 14 años) y ‘tardío’ (menores de 19 años), se instalaron centros de apoyo y asistencia donde adolescentes que sufrieron abusos sexuales “fueron obligadas a continuar con esos embarazos y no se les informó sobre la posibilidad de su derecho a la interrupción”, denuncia Pizarro y agrega: “Los movimientos de mujeres y de derechos humanos estamos exigiendo a la Cámara de Diputados que llamen tanto al ministro de Desarrollo Social, al ministro de Salud y a la justicia para que respondan cuáles fueron las acciones que se tomaron respecto de estas niñas violadas ¿dónde están las denuncias penales? ¿A dónde mandaron a estas jóvenes? ¿de nuevo a la casa con los violadores? En casos de abuso los médicos tienen la obligación legal de hacer la denuncia pero no lo hacen.”

Misiones cuenta con un protocolo de acceso a abortos no punibles fruto del trabajo en conjunto de distintas organizaciones feministas pero en toda la provincia hay un solo hospital que lo aplica. Pizarro cuenta: “A los padres y madres les dicen que un aborto es más riesgoso que parir, lo cual es mentira porque siendo menores de 14 años no está recomendado el parto, obligar a parir a niñas violadas la ONU lo considera tortura pero las amedrentan con la idea de que lo mejor es que sigan con el embarazo, información que es ilegal y mentirosa.”

Según el informe de REDAAS en esta provincia el protocolo de acceso a abortos legales contiene aspectos que pueden dificultar esta práctica ya que no prevé mecanismos de resolución en los casos de desacuerdo entre la persona gestante y la del profesional interviniente sobre la procedencia del aborto. Pizarro recuerda el caso más reciente de una mujer con un feto con anencefalia a la cual le negaron la interrupción porque un médico se declaró objetor de conciencia y recién 3 meses después fue derivada al Hospital de Posadas, la única clínica donde se realizan interrupciones legales.

La negación

A principios del mes pasado Oscar Alarcón diputado del Frente Renovador por Misiones, quien además es médico pediatra y neonatólogo, presentó un proyecto de ley para que esa provincia sea declarada “provida” y dijo: “Cada niño por nacer es la prueba de que Dios aún cree en nosotros para el cuidado de la humanidad”. Misiones posee una situación crítica en materia de salud reproductiva, el embarazo no intencional en la adolescencia alcanza un 70,3%. Este elevado porcentaje responde a distintas causas, una de ellas es la falta de implementación de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, a través de la cual lxs jóvenes pueden acceder a información concreta sobre métodos de anticoncepción y a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, evitando situaciones de violencia como por ejemplo ser obligadxs a mantener relaciones sin preservativos. “El 50% de las escuelas de la capital provincial son privadas de gestión pública que responden a distintos credos religiosos, la mayoría católicos que se han negado a dar la ESI y dictan Educación para el Amor, negando información sobre anticoncepción y diversidad y diciendo cosas como que los homosexuales se van a ir todos al infierno. También hay una persecución tremenda a aquellas niñas que denuncian abusos sexuales de parte de compañeros o profesores, si un docente detecta un caso de abuso en la escuela donde trabaja y lo denuncia, algo que entre otras cosas es un mandato legal, terminan sumariados, perseguidos con actas falsas o son expulsados”, explica Pizarro.

Otra de las causas se relaciona con la dificultad que tiene la población para acceder a métodos anticonceptivos debido al recorte presupuestario que realizó el gobierno provincial al Programa Nacional de Salud Sexual Reproductiva (Ley 25.673) que obliga a los centros de salud estatales a suministrar anticonceptivos a quienes lo soliciten. Pizarro describe las complicaciones que se suscitan en Misiones en torno a estas carencias: “Las mujeres tienen que ir muchas veces a la salita para que les den anticonceptivos o caminar muchos kilómetros en la ruta para llegar. Si van y el médico no está no les dan las pastillas, tampoco les suministran en cantidad para evitar que deban volver una vez por mes, ni les brindan información correcta de cómo se usan. Por ejemplo muchas mujeres no saben que si toman antibióticos baja la efectividad, siguen menstruando porque están tomando la pastilla y se dan cuenta que están embarazadas cuando ya pasaron el primer trimestre. Los condones no son fáciles de conseguir porque están solo para el programa de HIV y muchas salitas te hacen un cuestionario para que te den tres preservativos que solo sirven para una noche”.

De los tres senadores que representarán a Misiones el próximo 8 de agosto en la Cámara alta, el único que se pronunció a favor es Humberto Schiavoni de Cambiemos. Los teléfonos del despacho del senador Maurice Closs no responden, la semana pasada confirmó que votará en contra de la legalización y se justificó diciendo: “Se crea un derecho que tiene la madre que casi no tiene límites y como si fuera poco le ponemos una carga económica al Estado que se tiene que hacer cargo de la gratuidad de esto”. Desconociendo las investigaciones que desmienten que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo aumentaría los costos en salud. Por su parte, la senadora Magdalena Solari Quintana del Frente Renovador de la Concordia está en contra del proyecto de ley porque cree que lo que se está discutiendo es inconstitucional, según informó su asesor de prensa ante la negativa de la senadora de acceder a una entrevista con Revista Cítrica. Frente a su rechazo a la legalización ningunx de estxs senadores han presentado una propuesta alternativa para resolver la situación crítica que se vive en su provincia en materia de salud reproductiva.